Mientras la ONU emite su más grave informe sobre crímenes de lesa humanidad contra el régimen chavista, en la Haya se mantienen en «exámenes preliminares»
Sabrina Martín / PanAm Post (Latinoamérica) – 19/09/2020
Mientras la Organización de Naciones Unidas emite su más grave informe sobre el régimen de Nicolás Maduro y los crímenes de lesa humanidad cometidos; la Corte Penal Internacional se mantiene silente y aún en «exámenes preliminares» sobre las demandas introducidas contra la tiranía.
El régimen de Maduro lleva a cabo desde 2014 una política de Estado al más alto nivel que constituye crímenes de lesa humanidad; y pese a que la ONU emitió el informe la Corte Penal Internacional aún no responde sobre las investigaciones contra Maduro.
El informe habla de torturas, tratos crueles e inhumanos, órdenes extrajudiciales de detención, persecución y otras violaciones a derechos humanos.
“Hay conocimiento de crímenes que se están cometiendo por altas autoridades”, afirma Francisco Vidal Cox, miembro de la Misión de determinación de los hechos en Venezuela de la ONU.
Por su parte, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, sostuvo que instancias como la Corte Penal Internacional «deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales» contra los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
En febrero de 2018 la Corte Penal Internacional anunció, tras varios años de demandas contra el régimen de Nicolás Maduro, la apertura de un examen preliminar por los crímenes de lesa humanidad solamente ocurridos durante las protestas de 2017 en Venezuela. Pasan los días, la tiranía sigue violando los derechos humanos y se desconocen los avances del «examen preliminar».
Y es que desde que inició su funcionamiento en 2002, la Corte Penal Internacional ha generado gastos superiores a mil quinientos millones de dólares, y en ese largo período solo ha procesado a cuatro criminales africanos y en América Latina, a ninguno.
Para que un caso sea investigado y enjuiciado tiene que pasar por la aprobación del fiscal de la Corte y luego por una Sala de Asuntos Preliminares; todo un proceso burocrático que puede durar años.
Dicho tribunal internacional que debería investigar y procesar atrocidades cometidas a gran escala, tales como genocidios o crímenes contra la humanidad, depende además del consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, al que pertenecen Rusia, China, Francia, Estados Unidos e Inglaterra.
El abogado venezolano Carlos Ramírez López, quien cuenta con un Diplomado en Litigación Penal Internacional, aseveró en una entrevista para PanAm Post que la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI) “no sirve para nada”, pues detrás de ella hay una serie de funcionarios corruptos que ensucian el verdadero propósito del organismo.
Corrupción y miembros dudosos
La ineficiencia de la Corte Penal Internacional no es el único «tumor» adentro de la tan «prestigiosa» Corte; se le debe agregar la corrupción interna, sus muy dudosos miembros, y la influencia de los Gobiernos.
En 2017, se conoció que la CPI rehuyó a investigar a México por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado en Baja California entre 2006 y 2012, durante el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Un reportaje del portal digital Proceso revela que la negativa de la Fiscalía de la CPI ocurrió después de que el Gobierno de Peña Nieto, decidiera ejercer una fuerte presión sobre la Corte para proteger a su predecesor.
Desde Colombia, por ejemplo, también se le pidió a la Corte que investigase desde el año 2005, delitos perpetrados por la guerrilla FARC por crímenes de lesa humanidad; y todavía, una década después, no hay un término de esa investigación.
¿Qué nos hace pensar entonces, que en el caso de Venezuela y los constantes crímenes cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro serán enjuiciados en el Tribunal Internacional?
Desde la actual presidenta de la CPI, Silvia Fernández de Gurmendi; el exfiscal Luis Moreno Ocampo y hasta la fiscal en el cargo, Fatou Bensouda, se ven salpicados por los tentáculos de la corrupción.
Un reportaje publicado por ICN diario reveló que Fernández logró su cargo en el Tribunal Internacional gracias a la expresidenta Cristina Kirchner, actualmente imputada por delitos en Argentina, y gran «amiga» del socialismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
A esto sumamos la dudosa credibilidad de la fiscal Bensouda, quien fue la mano derecha del fiscal Luis Moreno Ocampo y obligatoriamente tuvo que estar enterada de todo lo que éste hacía. A Moreno se le descubrió que estaba recibiendo dinero y que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales.
Durante su paso por la Corte, el abogado argentino no podía estar involucrado en «ninguna actividad que pudiera interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia»; sin embargo, documentos revelados por el diario El Mundo de España sostienen que Moreno Ocampo actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio, Hassan Tatanaki.
El abogado habría utilizado su red personal en la organización en beneficio de su cliente, y puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal.
El caso de Venezuela podría darse por perdido, pues la misma Corte ha permitido la presencia de Haifa El Aissami, hermana del chavista ministro de petróleo Tareck El Aissami, quien a su vez está acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
Haifa El Aissami, es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace “contribuciones especiales” al presupuesto del organismo internacional y se mantiene allí para presionar y lograr que no avancen las investigaciones contra el régimen de Venezuela.
- Sabrina Martín / Periodista del PanAm Post, locutora venezolana con base en Lima. Venezolana, egresada de la Universidad Arturo Michelena. Fuente: política y economía. Especialista en comunicaciones corporativas.
- Artículo publicado en PanAm Post el día 18/09/2020