Radiografía de la boliburguesía, la casta que se adueñó de Venezuela

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su mujer Lady Cilia Flores, y el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. (Carolina Cabral/Getty Images).

La detención en Cabo Verde del contratista Alex Saab destapa el poder de los “ricos del chavismo”. ¿Quiénes son esta nueva casta de poder incrustada en todos los espacios de poder del país?


 

Roberto Mansilla Blanco / Esglobal (España) – 15/09/2020

La reciente detención del empresario Alex Saab, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, destapó la magnitud del emporio de corrupción ligado a las altas esferas del poder en Venezuela. A este emporio  coloquialmente se le denomina como “boliburguesía” o también “bolichicos”, empresarios que acumularon riquezas en un período de tiempo muy corto gracias a sus conexiones con el poder chavista.

El término de “boliburguesía” fue acuñado por el periodista y escritor Juan Carlos Zapata en 2005. Según fuentes parlamentarias venezolanas, el cálculo de la corrupción derivada del monto de negocios manejado por estos en los últimos 15 años en Venezuela ronda los 700.000 millones de dólares.

El modus operandi de esta “boliburguesía” ha sido las relaciones clientelares vía altas esferas del poder “chavista”, aprovechando oportunidades específicas con vistas a enriquecerse con rapidez. Una práctica que ya antecede al chavismo dentro de la estructura empresarial venezolana, muy ligada a relaciones clientelares derivadas del maná del “oro negro”.

Los precursores

Con algunos orígenes establecidos con la llegada del chavismo al poder en 1999, esta estructura de poder “boliburguesa” creció de manera exponencial a partir de 2002-2003, principalmente con la huelga petrolera impulsada por algunos directivos y trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.

Surgen aquí dos nombres clave para rastrear los orígenes de la “boliburguesía” en Venezuela: Diosdado Cabello y Wilmer Ruperti. El primero es probablemente la persona que mayor poder ha venido acumulando en Venezuela durante estas dos décadas de chavismo, tanto a nivel político, militar, empresarial y del sector de las comunicaciones. Proveniente del sector militar, participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, aspecto que le otorga un papel protagónico dentro del denominado “chavismo originario”.

Con fuerte ascendente en el sector militar, Cabello, actualmente presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha sido una figura clave en la consolidación del chavismo en el poder. Consecutivamente, ha ocupado los cargos de diputado de la Asamblea Constituyente de 1999, presidente de la Asamblea Nacional, Presidente interino encargado (abril de 2002, con el golpe y posterior retorno de Chávez al poder), vicepresidente, ministro de Obras Públicas y Vivienda, de Infraestructura y de Interior y Justicia y gobernador del estado Miranda.

Sectores de la oposición vinculan a Cabello con los mayores escándalos de corrupción existentes en Venezuela vía obras públicas e, incluso, como un presunto alto cargo del narcotráfico en Venezuela a través del denominado “Cártel de los Soles” presuntamente instalado en las altas esferas del poder militar. En este sentido, desde 2017, Cabello está incluido en la lista de sancionados por parte de EE UU por sus aparentes vinculaciones con el narcotráfico.

Por su parte, Ruperti es un empresario que surtió al gobierno de Hugo Chávez los tanqueros necesarios para el transporte de combustible. Su participación en esta crisis a favor del entonces presidente supuso su espaldarazo definitivo para acceder a las prebendas de contratos y licitaciones emanadas del poder chavista.

Desde 2003, Ruperti se convirtió en la cara más visible de una especie de nueva “oligarquía” económica, financiera y empresarial que fue creciendo al amparo de sus elevadas vinculaciones con el poder del chavismo, toda vez los fondos públicos se beneficiaban de los elevados precios del petróleo. Presidente de Global Ship Management, empresa dedicada al transporte de crudo, Ruperti se ganó el favor de Chávez al no sumarse a la huelga petrolera de 2002-2003. También es presidente y único accionista de Canal I, televisión oficialista.

Gracias a este apoyo a Chávez en un momento político tan delicado como la prolongada (y finalmente fracasada) huelga petrolera entonces impulsada por la plataforma opositora, la patronal FEDECÁMARAS y el principal sindicato, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Ruperti pudo obtener licencias preferenciales para la explotación de campos petrolíferos, principalmente en Plataforma Deltana de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se asientan las principales reservas de hidrocarburos y de gas natural en el hemisferio occidental.

Boliburguesía S.A

Pero Ruperti no fue el primer “boliburgués” ni por supuesto sería el único. Con la campaña electoral de 1998 que llevó a Chávez al poder, fueron notorios algunos empresarios y miembros de las clases medias y altas que le ofrecieron apoyo electoral a Chávez a cambio de prebendas económicas vías contratos del Estado.

Surgieron aquí algunos nombres como los empresarios Danilo Díazgranados y Umberto Petricca, del sector de la construcción, y hombres de negocios del sector financiero como Ricardo Fernández (bancos Confederado, Banpro y Bolívar), del mundo de las aseguradoras como Torres Ciliberto y el banquero Víctor Vargas Irausquín (Grupo Financiero B.O.D.), cuya hija está casada con Luis Alfonso de Borbón.

Una gran parte de ellos amasaron fortunas considerables aliándose con la estructura del poder chavista. Con menos impacto pero relevantes conexiones de poder dentro del chavismo está el también banquero Juan Carlos Escotet, dueño del grupo Banesco, quien en España fijó su principal centro de operaciones en Galicia tras obtener el control en 2012 de ABANCA y Banco Etcheverría.

Venezuela es una economía rentista fuertemente dependiente del petróleo. Por tanto, PDVSA ha sido probablemente el foco originario de irradiación de la estructura de poder “boliburguesa”. El control político de PDVSA tras el fracaso de la huelga petrolera de 2002-2003 le permitió a Chávez colocar al frente de la empresa estatal a figuras mucho más leales. Surge aquí otro nombre clave: Rafael Ramírez, uno de los personajes que mayor poder ha acumulado en la Venezuela chavista vía “boliburguesía”.

Entre 2002 y 2013, Ramírez fue ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, período en el cual también fue presidente de PDVSA entre 2004 y 2013. Posteriormente, fue representante permanente de Venezuela ante la ONU (2013-2017). Al igual que Ruperti, Ramírez también se erigió como la cara visible del poder “boliburgués” en Venezuela, beneficiándose de licencias de explotación petrolera y de importación de productos.

Dentro del grupo de Ramírez se encuentra su primo, el empresario Diego Salazar Carreño, mejor conocido como “El Rojo de Oro”. Hijo de un guerrillero de la década de 1960, vendía pólizas de seguro hasta que Ramírez, una vez a cargo de PDVSA, le otorgó contratos preferenciales con la empresa petrolera estatal. De allí, Salazar enfocó sus inversiones en España y EE UU.

Un caso igualmente representativo es el de Ricardo Fernández Barrueco quien, como Ruperti, también hizo fortuna “boliburguesa” durante la huelga petrolera de 2002-2003. Pequeño empresario de camiones, puso a disposición de Chávez toda su flota automotriz para ayudarlo durante esa huelga. Favor con favor se paga: en poco tiempo, Barrueco Fernández pasó a controlar un holding de 270 empresas en todos los sectores, desde la pesca hasta la automoción y la empresa de telecomunicaciones DIGITEL.

Pero ante los ojos de otros “boliburgueses” y del propio gobierno de Chávez, temerosos de que su poder se extendiera, Fernández Barrueco entró súbitamente en desgracia: en 2008 fue expropiado acusado de un oscuro caso de corrupción y terminó en prisión.

El control de la economía como mecanismo de riqueza

El complejo esquema cambiario venezolano instaurado a partir de 2003 a través del control de la cotización de la moneda nacional, el bolívar, benefició enormemente a los “boliburgueses”. Bajo este esquema cambiario que profundizó prácticas corruptas de especulación financiera y trato preferencial en el otorgamiento de divisas extranjeras como el dólar, figuras leales al “proceso bolivariano” y a las altas esferas del poder chavista como Ramírez y Ruperti aumentaron sus ya prolíficas fortunas.

Los elevados precios del petróleo, que llegaron a superar los 100 dólares el barril en los mercados internacionales durante el período 2005 y 2011, permitió ampliar esta estructura del poder “boliburguesa”. A ello deben sumarse los, cada vez mayores, controles que el chavismo efectuó a partir de 2007 sobre la economía venezolana, en el marco del proyecto del “Socialismo del siglo XXI”, y que llevó a estatizaciones y expropiaciones de empresas, terrenos, sistema bancario y financiero, etc.

Por ello, el control estatal sobre la economía venezolana a partir de 2007 profundizó aún más este proceso de acumulación de riquezas para la “boliburguesía”, ampliándose así a nuevas figuras vinculadas de forma directa con el poder político, amparados igualmente en mecanismos de corrupción administrativa y prácticas clientelares que nutría esta nueva estructura de poder.

La inexistencia de supervisión parlamentaria y judicial durante ese período fortaleció aún más estas prácticas corruptas y clientelares de la “boliburguesía”, propiciadas por este clima de impunidad. Desde 1999, el chavismo ha dominado consecutivamente por la vía electoral el poder legislativo, hasta su derrota en los comicios parlamentarios de 2015 que le dieron mayoría absoluta a la opositora Mesa por la Unidad Democrática (MUD) para controlar la Asamblea Nacional.

Desde entonces, la AN se ha dedicado a investigar estos casos de corrupción en la cual se envuelve la “boliburguesía”, un aspecto que aviva aún más la constante tensión política en Venezuela. En 2017, mediante un procedimiento controvertido, Maduro impulsó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como mecanismo “paralelo” de poder para contrarrestar la mayoría opositora de la AN, considerada como legítima a nivel internacional.

Así, y a través de la ANC, el chavismo buscó neutralizar las investigaciones de la AN sobre los negocios “boliburgueses”. El choque de poderes entre la AN y la ANC ha determinado gran parte del conflicto político que desde entonces vive Venezuela. En ese sentido, propiciar el control parlamentario vía ANC suponía para Maduro y la “boliburguesía” la mejor manera de contrarrestar las investigaciones que por corrupción se llevaban a cabo desde la MUD y la AN.

En perspectiva, puede considerarse que la “boliburguesía” del chavismo vino a suplantar a grandes rasgos a la tradicional oligarquía económica existente en Venezuela en las últimas décadas. Esto provocó que varios de esos miembros de la antigua élite empresarial venezolana se exiliaran en el exterior, sacando sus activos del país, o bien intentaran acomodarse al nuevo reparto del poder en Venezuela pero, en este caso, con menor peso.

Alex Saab, el “boliburgués salvador” de Maduro

La muerte de Chávez en 2013 y la asunción presidencial de su sucesor Nicolás Maduro reveló los ilimitados alcances de poder de la “boliburguesía”. Surge aquí un nombre clave: Alex Saab, un contratista que ha terminado convirtiéndose no sólo en el albacea (testaferro) de un chavismo ya reconvertido en madurismo, sino que también es el eje estructural clave sobre el cual gira en gran medida la rueda de corrupción y riqueza del emporio “boliburgués”.

Saab ha logrado armar un opaco pero efectivo entramado internacional de negocios de diversa índole, que le ha permitido al madurismo saltar las sanciones internacionales vía EE UU. Para ello, Saab ha contado con el apoyo de aliados geopolíticos de Maduro como Rusia, Turquía, Irán y petromonarquías como la de Emiratos Árabes Unidos, bajo esquemas de financiamiento alternativos, burlando así los controles estadounidenses. Él también está incluido en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Del mismo modo, Saab ha amasado gran parte de su fortuna con la importación de las denominadas “cajas CLAP”, por el acrónimo de Comités Locales de Abastecimiento y de Producción. Las “cajas CLAP” de asistencia alimentaria para las zonas populares fueron instrumentalizadas para asegurar votos electorales a Maduro. La oposición venezolana no sólo ha denunciado el carácter “electoralista” de las “cajas CLAP” sino el mal estado de sus productos.

Saab se ha beneficiado así de sus negocios y contactos en Turquía, México y Colombia para enriquecerse con este esquema CLAP a través de su empresa Group Grand Limited, registrada en Hong Kong en 2013. En este esquema participan otros socios como los hermanos Omar y Yussef Abou, este último sentimentalmente ligado a Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta del régimen de Maduro.

El barco petrolero con bandera iraní, Fortune, en el muelle de El Palito, en Puerto Cabello, estado de Carabobo, Venezuela. (Anadolu Agency via Getty Images).

Su reciente detención en Cabo Verde revela otro negocio estratégico para Maduro en el cual Saab estaba directamente incluido: la importación de combustible desde Irán hacia Venezuela, en plena crisis de suministro de gasolina en el país. Está por ver si las autoridades estadounidenses lograrán extraditarlo, un aspecto complejo tomando en cuenta la inexistencia de acuerdos de extradición entre EE UU y Cabo Verde.

Capitalistas “revolucionarios”

“Ser rico es malo”, dijo en una ocasión el fallecido expresidente Chávez. No obstante, la “boliburguesía” es la antítesis de este precepto casi sagrado para el chavismo, a tal punto que hasta los más “puristas” defensores del ideario revolucionario “bolivariano, socialista y chavista” han debido reconocer, obviamente con notable nivel de indignación, que la “revolución” ha podido también consolidarse desde el poder gracias precisamente al peso de estos “boliburgueses”.

Entre esos críticos de la “boliburguesía” se encuentra Carlos Lanz Rodríguez, exguerrillero y ferviente chavista, quien consideró que esta nueva “casta” económica “se dice revolucionaria pero ostenta vehículos Hummer, relojes Cartier, modelos Gucci, ropa de marca, apartamentos lujosos en Miami, aviones privados, caballos y yates”.

El madurismo solidificó esta relación estrecha entre la clase política y los negocios. En este sentido, Maduro amplió este poder “boliburgués” hacia el sector militar, en aras de asegurarse su apoyo en momentos de convulsión y de tensión política y social en Venezuela.

Desde 2015, los militares han monopolizado prácticamente todos los grandes sectores económicos en Venezuela, incluyendo la explotación petrolera y de gas natural (CAMIMPEG) pero también el de producción y control de alimentos, un sector muy sensible (y codiciado) en momentos de crisis alimentaria en el país.

Sucursal de Banco Privada d’Andorra, acusada por Estados Unidos de blanqueo de dinero de PDVSA.(PASCAL PAVANI/AFP via Getty Images).

Puede así considerarse que la “boliburguesía”, limitada inicialmente a los empresarios que se enriquecieron gracias a las relaciones establecidas con el Estado, se ha extendido a lo largo de los años dentro del aparato de este Estado y se ha convertido en la norma del poder madurista. Funcionan bajo mecanismos de redes, con testaferros y contratistas muy entrelazados a la hora de proteger esos patrimonios “boliburgueses”, resguardados en paraísos fiscales como Andorra e Islas Vírgenes, entre otros. El caso Saab es el más significativo en ese sentido.

Entre esta nueva estructura “boliburguesa” que creció durante el régimen madurista, destacan varios nombres, algunos de ellos señalados por el Departamento del Tesoro de EE UU en sus listas de sancionados contra el régimen, y que se han constituido en auténticos clanes del poder en Venezuela.

Entre estos clanes, destacan cuatro: el de la familia Chávez, dirigido por su hija mayor María Gabriela Chávez, con puesto permanente ante la ONU y esposa del actual ministro de Exteriores Jorge Arreaza, igualmente miembro clave de este clan; el del matrimonio presidencial Maduro-Cilia Flores; el ya mencionado de Diosdado Cabello y el del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El clan familiar de Cilia Flores incluye a sus sobrinos Walter y Yoswal Gavidia Flores, y Carlos Erick Malpica Flores, quien llegó a ser tesorero nacional y vicepresidente de Finanzas de PDVSA. Este último está actualmente preso en EE UU junto a sus primos Francisco de Freitas Flores y Efraín Antonio Campo Flores, acusado de lavar dinero del narcotráfico a través de PDVSA.

Al clan Cabello hay que agregar a su hermano José David, quien fuera superintendente tributario con el control de las importaciones y exportaciones venezolanas. José David Cabello también fue ministro de la Infraestructura (2006) y director de la agencia tributaria SENIAT en 2008.

También está el actual presidente de PDVSA, Tareck El Aissami, incluido en la lista negra del Tesoro estadounidense por sus conexiones con Irán, el régimen sirio de Bashar al Assad (el clan familiar El Aissami está aparentemente emparentado con los Assad) y el movimiento islamista libanés Hezbollá. A El Aissami se le señala por manejar una conexión del chavismo en el mundo árabe e islámico. También se le relaciona directamente con el clan de Diosdado. El Departamento de Estado de EE UU le acusa de conexiones con el narcotráfico, a través de testaferros como Walid Makled.

Finalmente, llegamos al clan del ministro de Defensa Vladimir Padrino López quien, entre otros negocios, controla la administración de la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, de distribución de alimentos. Los militares controlan cada vez más ministerios además de una decena de empresas propias y mixtas para el desarrollo económico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Debe igualmente destacarse la presencia empresarial de altos cargos de la FANB en el estratégico estado Bolívar, al sur del país, donde se encuentra el apetecido Arco Minero, con las mayores reservas auríferas del país, así como coltán y uranio.

Otro grupo a tomar en cuenta es el caso de los denominados bolichicos, jóvenes emprendedores que se enriquecieron rápidamente por sus conexiones con el chavismo. Aquí destaca claramente Alejandro BetancourtCEO de Derwick Associates, quien hizo fortuna con el sector eléctrico en Venezuela entre 2007 y 2012 para luego recalar en España, donde se han establecido varios “boliburgueses”. Desde la gestión de Betancourt, el sector eléctrico venezolano ha entrado prácticamente en el descalabro, tomando en cuenta los constantes cortes de suministro existentes a lo largo del país en los últimos años.

Otros casos de “bolichicos” son el exteniente Alejandro Andrade, principal escolta de Chávez durante el golpe de 1992, quien controló la tesorería nacional y la presidencia del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. También está el abogado y empresario Raúl Gorrín, quien se hizo con el control del canal Globovisión, otrora férreo opositor al gobierno. Gorrín también es dueño de la aseguradora La Vitalicia.

Los “boliburgueses” y el futuro de Venezuela

En 2018, siendo entonces diputado, Juan Guaidó, actualmente presidente de la Asamblea Nacional y considerado como el presidente legítimo de la República por más de 60 países, denunció “el impresionante desfalco a la nación” realizado por la boliburguesía.

En perspectiva, esta denuncia revela una clave significativa de cómo el futuro de Venezuela está inevitablemente “atado” a lo que suceda también con esta casta oligarca. En una denuncia específica, Guaidó destacó que “con la contratación de Odebrecht hay unos 30.000 millones de dólares de coste en unas obras que en un 76% están por hacer. La pérdida patrimonial por el control cambiario llega a otros 30.000 millones. Toda esta ganancia súbita, fruto de la corrupción, impide que lleguen los alimentos y las medicinas. Y no parece tener final”.

Tras dos décadas de chavismo en el poder, sorteando una diversidad de obstáculos ahora bajo una mayor presión internacional por las sanciones vía EE UU, la “boliburguesía” ha logrado no sólo sobrevivir sino incluso ‘reciclarse’ dentro de diversos esquemas de enriquecimiento y poder en Venezuela.

En este contexto, el poder de los “boliburgueses” también alcanza a sectores opositores a través de diversas redes de negocios. Esto le permite a la casta “boliburguesa” ampliar sus cuotas de poder y riqueza ante un hipotético, pero aún poco probable, final del régimen madurista en Venezuela. En el caso de caída del régimen, los “boliburgueses” seguirán ocupando un peso importante en el proceso de eventual transición hacia el “postchavismo”. Su importania radica en las conexiones de poder, no necesariamente en afiliaciones de índole ideológico.

En este sentido, en caso de certificarse una transición “postchavista”, su principal preocupación es mantener su status quo. Sus ramificaciones en todos los estamentos del poder en Venezuela le permite a esta casta conservar ciertas dosis de influencia en el futuro cercano de Venezuela.

En el contexto actual de la pandemia, Maduro parece dar muestras de mayor fortaleza política, merced a un esquema de control y represión toda vez la indefinición del pulso político lanzado por Guaidó desde 2019 no parece tener un final próximo. Más bien, este pulso incesante también ha llevado a recrear ciertos marcos de negociación entre Maduro y Guaidó, motivados por la pandemia, que pueden traducir posibles repartos de poder, independientemente de la posibilidad de que Maduro continúe en el poder.

Más allá de la impopularidad que puedan tener los “boliburgueses”, principalmente entre las clases populares tradicionalmente más afectas al chavismo, su poder está lejos de desvanecerse. Su capacidad de resiliencia parece garantizada incluso ante la posible caída de algunos de ellos, como es el “caso Saab”. La “boliburguesía” se ha convertido en una casta de poder propia en Venezuela, una oligarquía incrustada en todos los espacios. de poder. Un aspecto a tener en cuenta si se quiere descifrar el futuro de Venezuela.


  • Artículo publicado en Esglobal el día 01/07/2020

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