La empresa española Duro Felguera firmó contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro
Diario Las Américas (USA) – 03/11/2021
La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó a la Audiencia Nacional que interrogue como imputados al exdirigente «chavista» Luis Carlos de León Pérez y su esposa, Andreína Gámez, después de que la Policía los ubicó en Estados Unidos, ya que el matrimonio está señalado entre las personas que presuntamente cobraron comisiones para favorecer a la empresa española Duro Felguera en sus contratos con el régimen de Nicolás Maduro.
Cabe recordar que según el Departamento de Justicia de EEUU, Luis Carlos de León Pérez de 42 años, se declaró culpable el 16 de julio de 2018 por su papel en un plan para sobornar a funcionarios de la empresa de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y por su papel en un plan internacional de lavado de dinero que involucra al régimen de Maduro; sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en EEUU a funcionarios venezolanos para asegurar de manera corrupta los contratos de energía y la prioridad de pago de las facturas pendientes.
Según el portal oficial, Luis Carlos De Leon-Perez (De Leon), de 42 años, ciudadano de los Estados Unidos y Venezuela que anteriormente residía en España, se declaró culpable hoy en un tribunal federal de Houston de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales.
De León fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos luego de que un gran jurado federal en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación de 20 cargos contra él y otros altos funcionarios como Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas (Villalobos), 51; César David Rincón Godoy (Cesar Rincon), 51 años; Alejandro Istúriz Chiesa (Isturiz), 33 años; y Rafael Ernesto Reiter Muñóz (Reiter), 39.
España pide declaración
En un escrito del 11 de octubre, los fiscales españoles José Grinda y Juan José Rosa interesan al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que reclame la cooperación de las autoridades estadounidenses para tomar declaración a De León y Gámez una vez que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) averiguó que viven en Houston.
Moreno investiga presuntos delitos de organización criminal, corrupción internacional y blanqueo de capitales en torno al contrato que Duro Felguera firmó en 2009 con la empresa venezolana EDC, una filial de la entidad pública Corpoelec, para construir una central de ciclo combinado, por un importe de más de 1.500 millones de euros, con el objetivo de atender la creciente demanda eléctrica de Caracas y su área de influencia.
Para ello, según exponen los fiscales, Duro Felguera firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el régimen de dicho país que «tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil».
Anticorrupción indica que Duro Felguera habría entregado a través de una supuesta empresa pantalla al menos 105 millones de dólares al exviceministro de Energía Nervis Villalobos para que «usara su capacidad de influencia en la administración venezolana» en beneficio de la empresa española.
De León habría sido uno de los receptores de ese dinero por ostentar en ese momento «puestos de total capacidad de decisión dentro del sector energético para la contratación de empresas». En concreto, el Ministerio Público apunta que habría recibido 3,8 millones de dólares en una transferencia bancaria entre sociedades.
Inversiones en España
En el caso de su mujer, Anticorrupción afirma que Andreína Gámez «aparece como una colaboradora de su marido, no solo en el disfrute de los beneficios de las comisiones cobradas de forma fraudulenta, sino en la participación en la creación de sociedades, en contratos y en la recepción de transferencias para introducir los beneficios económicos en España y otros países» mediante la compra de inmuebles, valores y otros títulos y operaciones societarias.
En este sentido, los fiscales llaman la atención sobre una casa que el matrimonio compró en 2014 en la urbanización de lujo La Moraleja (Madrid) realizando una inversión superior a los 4 millones de euros.
También ponen el foco en una ampliación de capital por 3 millones de euros en una sociedad de la que era socia única Gámez y que se realizó a través de la aportación de un inmueble en Madrid cuya adquisición se hizo mediante transferencias ordenadas desde cuentas vinculadas a la pareja.
En su escrito, avanzado por Vozpopuli, aluden a una tercera operación que habría consistido en crear una SICAV en España donde Gámez poseía el 100% de las acciones y con cuya disolución obtuvo más de 4,5 millones de euros.
- FUENTE: Con información de Europa Press