Con Nicolás Maduro la censura ha alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Diarios tradicionalmente críticos al chavismo como El Universal o televisoras disidentes como Globovisión fueron comprados por testaferros de la tiranía para cambiar la línea editorial de los mismos y supeditarlos al relato oficial
Nehomar Hernández / La Gaceta (España) – 01/02/2022
Hugo Chávez nunca tuvo una relación demasiado amistosa con los medios de comunicación en Venezuela. A pesar de haber sido encumbrado al poder por las críticas –muy valederas en algunos casos y malintencionadas en otros– que los medios hacían durante la década los 90 al sistema político venezolano, el fundador de la revolución bolivariana siempre mantuvo la tirantez como rasgo distintivo de sus intercambios con la prensa nacional e internacional. Esto especialmente luego de que, acabada la luna de miel que supuso la irrupción de un líder rupturista en la escena política venezolana, esos medios comenzasen progresivamente a reseñar y criticar los indicios de la deriva autoritaria que terminó asumiendo Chávez como marca de fábrica para gobernar la nación sudamericana.
Era simple, los medios le enseñaban al país lo evidente, la verdadera cara, las cifras y el proceder de la revolución en el poder, por encima del encantamiento de serpientes que Chávez, domingo a domingo, pretendía imponer como relato oficial durante los sermones que hacía en Aló Presidente, un programa televisivo en el que durante largas horas el exmilitar golpista filosofaba sobre el sexo de los ángeles, el antiimperialismo y los planes subversivos de ocasión que tenía la oposición para sacarle del poder. Eso sí, siempre teniendo a la mentira como elemento indispensable para lograr hilar el discurso.
El ejercicio democrático del poder supone la posibilidad de ser escrutado por el ojo público, permanentemente. Los líderes políticos no gobiernan para ellos y sus compinches; lo hacen en función de todo un país al que tienen que representar y al que deben responder y rendir cuentas de manera constante.
Esta noción nunca estuvo en la cabeza de Chávez, quien un buen día simplemente decidió no hacer más declaraciones ni ruedas de prensa con periodistas de medios privados venezolanos. De ahí en lo sucesivo solo respondería eventualmente a medios internacionales que, cada vez más, eran sometidos a filtros para no incomodar demasiado al tirano venezolano, al tiempo que establecería en «Aló Presidente» y en sus «cadenas» (transmisiones oficiales del Estado) de radio y televisión sus dos trincheras para decirle al país la versión de sus hechos, a la hora que a él y como a él le viniese en gana.
Así Chávez decidió que tenía perfecto derecho de interrumpir cualquier cosa que estuviesen transmitiendo los medios privados y «encadenar» al país un miércoles a las 8 de la tarde o un lunes a las 10 de la mañana, simplemente porque estaba investido del poder para hacerlo. Las radios y televisiones privadas en Venezuela tenían que acatar el capricho reiteradamente, so pena de ser cerrados por incumplir con el patriótico deber de transmitir las vitales informaciones oficiales que el jefe de Estado tenía que darle al país.
Hasta allí la cosa era abusiva, pero se podía pensar que el ecosistema de medios privados tenía un respiro en sus propios espacios, en donde podían criticar las actuaciones de Chávez y de su gobierno. Sin embargo, un día el chavismo fue a más. Intolerante a la crítica y obsesionado con la imagen de déspota bienhechor que había cosechado por años, el tirano venezolano decidió en 2007 cerrar el principal y más antiguo canal privado de televisión del país, Radio Caracas Televisión (RCTV).
El argumento empleado por la tiranía fue que a RCTV se le había «vencido» la concesión otorgada por el Estado para utilizar el espectro radioeléctrico y que el ente que regula las comunicaciones en Venezuela, Conatel, había decidido «no renovarla», dadas las inclinaciones golpistas del canal. RCTV siempre había tenido una posición crítica a la gestión de Chávez, quien intentó proponerle a los propietarios del medio que sacaran de pantalla los espacios críticos a su gobierno o bien que vendiesen el canal a personas allegadas al chavismo. Ninguna de las dos propuestas fue aceptada por los directivos de Radio Caracas Televisión.
El cierre de esta planta televisiva supuso la primera gran campanada que anunciaba la guerra de Chávez contra los medios de comunicación que no acogiesen mansamente su relato y asumiesen una posición sumisa ante él. En los años siguientes Chávez asumiría el papel de juez y Conatel tendría el rol asignado como verdugo ejecutor de los petitorios del tirano, amparándose en la revocación de concesiones de telecomunicaciones para extorsionar el libre desempeño de los medios masivos en Venezuela.
En el caso de la prensa impresa, devastada a más no poder durante los años del chavismo, optaría por chantajear a los periódicos quitándoles publicidad de organismos del Estado y persiguiendo a las empresas privadas que osaran colocar sus anuncios en ellos, pero sobre todo centralizando el reparto del papel periódico del país en un complejo editorial llamado «Alfredo Maneiro», que se encargaría de asignar bobinas de ese papel solamente a los medios que no atacasen a Chávez y su gestión. Esto supuso la muerte de la mayoría de los diarios históricos del país por la vía de la inoperatividad, siendo el caso más notorio el de “El Nacional”.
En 2009 la revocación de concesiones también llegó a la radio. El chavismo optó por cerrar 34 emisoras de radio a nivel nacional, de un solo golpe. Dichas estaciones radiales sostenían, como es de pensarse, posiciones críticas con respecto a Chávez. En esas gestiones tuvo un papel estelar el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien para aquel entonces se desempeñaba como director de Conatel. De allí en más la actividad de las radio estaciones en la nación caribeña se convertía en campo minado: para preservar las concesiones había que evitar determinados temas y determinadas posturas al aire.
Ya en tiempos de Nicolás Maduro la censura ha alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Diarios tradicionalmente críticos al chavismo como El Universal o televisoras disidentes como Globovisión fueron comprados por testaferros de la tiranía para cambiar la línea editorial de los mismos y supeditarlos al relato oficial. Curiosamente en esas operaciones cifradas en millones de euros se han dado además maniobras económicas que remiten a esquemas de legitimación de capitales. En esos episodios se involucra, por ejemplo, al empresario chavista y actual presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, quien es señalado por el Departamento del Tesoro de los EEUU por delitos como lavado de dinero y malversación de fondos.
Así Maduro ha combinado la represión mediática pura y dura fabricada por Chávez con los modos de la mafia para hacerse con medios de comunicación. El objetivo al final es el mismo: reducir a las redes sociales y a uno que otro portal web crítico –no exentos de bloqueos informáticos, por supuesto- el espacio de disenso público ante la tiranía.
De este modo, preocupa y mucho la deriva que, en casos como el de Perú, está tomando el asunto de los medios de comunicación. Recientemente la estación radial PBO, de línea crítica ante el Gobierno comunista de Pedro Castillo, fue abruptamente sacada del aire arguyéndose, entre otras cosas, un problema con «la concesión» bajo la que operaba la radio.
A veces el diablo está en los detalles. Podría estarse declarando en el Perú de Castillo temporada abierta para la persecución a los medios libres, tal y como el régimen chavista hizo en Venezuela hace algunos años atrás. La similitud en las formas de hacerlo ya delatan, de suyo, por dónde van las intenciones.
- Artículo publicado en La Gaceta el día 31/01/2022