Los escenarios a estudiar por la CPI son las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 y algunas cárceles donde se habría maltratado a varios opositores a Nicolás Maduro
Milagros Boyer / PanAm Post (Latinoamérica) – 06/11/2020
El régimen de Nicolás Maduro vuelve a colocarse bajo la lupa de los organismos internacionales. En esta oportunidad, la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, le aclaró al fiscal del chavismo, Tarek William Saab, que dicho organismo considera que existen «fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Las conclusiones vienen tras las revisiones que ha hecho el tribunal internacional, a causa de un examen preliminar que fue abierto a Venezuela en febrero de 2018, llamado Venezuela I. En dicho procedimiento se busca la comprobación de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno chavista.
Los escenarios a estudiar por la Corte son las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017, donde se utilizó fuerza excesiva para dispersar las protestas y algunas cárceles donde se habría maltratado a varios opositores a Nicolás Maduro.
Al respecto, la Fiscalía de la CPI pidió información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», a la representación del régimen encabezada por Saab.
Los personeros del chavismo actualmente se encuentran en La Haya para denunciar a Estados Unidos ante la Corte. El régimen de Nicolás Maduro acusa al gobierno norteamericano de crímenes de lesa humanidad contra Venezuela.
Este requerimiento de información por parte de la Corte significa que «el informe preliminar se encuentra en una fase final importante, la de admisibilidad», de acuerdo con Efe.
La CPI y su mirada sobre Venezuela
Existen varios grises respecto a la CPI. En primer lugar, dicho organismo ha generado gastos superiores a 1.500 millones de dólares desde que entró en funciones en 2002. Sin embargo, en dicho período solo ha procesado a cuatro criminales africanos. Hasta ahora América Latina no ha recibido atención.
Actualmente, la CPI tiene dos procesos abiertos para Venezuela: Venezuela I (2018) y Venezuela II (2020). La Corte aún estudia si este último merece abrir o no un caso. Esto se dará a conocer en el próximo Informe sobre actividades del examen preliminar (2020), que se publicará a finales de año.
A pesar de que Saab aprovechó el momento y extendió una invitación a Fatou Bensouda para que se haga una comprobación de hechos en Venezuela, llevar a la práctica esta acción no es tan sencillo y el régimen lo sabe.
La CPI es una instancia judicial de último recurso. Es decir, dicha Corte se rige por el principio de complementariedad y no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.
«Si la Fiscalía del tribunal internacional considera que esas investigaciones no son genuinas y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasaría a ser una investigación formal. En esa eventual fase, los investigadores de la CPI podrían trasladarse a Venezuela para ampliar las pesquisas o solicitar a los jueces la emisión de órdenes de arresto», reseñó Efe.
La contrapropuesta del chavismo ante la CPI
La mano del chavismo también ha pretendido manchar estos exámenes con argumentos improcedentes. Dicha estrategia se inició con las maniobras de Jorge Arreaza, canciller designado por Maduro, cuando llegó a La Haya en febrero para entregar un informe donde asegura que las sanciones del Gobierno estadounidense causan efectos en la población venezolana.
De allí surge Venezuela II, el documento que también será examinado por la Corte. Sin embargo, Bensouda le informó a Saab que desde su oficina se está estudiando determinar «si existe una base razonable para creer que la presunta conducta (de Estados Unidos) es competencia de la Corte».
Lejos de reconocer como la población venezolana ha sido vapuleada y vejada por los personeros del chavismo, Arreaza decidió acusar al Gobierno de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por supuestos «crímenes de lesa humanidad», debido a estas medidas impulsadas por el presidente Donald Trump.
En aquel entonces, el abogado internacionalista Mariano de Alba explicó que «la Corte Penal Internacional juzga a personas por unos crímenes muy específicos previstos en su Estatuto. No puede juzgar a Gobiernos por la imposición de sanciones».
La Corte Penal Internacional juzga a personas por unos crímenes muy específicos previstos en su Estatuto. No puede juzgar a gobiernos por la imposición de sanciones. Un espectáculo que revela una profunda ignorancia por parte del régimen de facto.#Venezuela https://t.co/LynhzGCxVY
— Mariano de Alba (@marianodealba) February 13, 2020
Esta acción del canciller que representa a Maduro fue tachada por Alba como «un espectáculo que revela una profunda ignorancia por parte del régimen de facto».
- Milagros Boyer / Periodista venezolana radicada en Argentina. Licenciada en Comunicación social y magíster en Literatura con experiencia en la cobertura de política, así como economía latinoamericana.
- Artículo publicado en PanAm Post el día 05/11/2020