La firma del abogado Baltasar Garzón que defiende a Saab mantiene un contrato con PDVSA que ascienden a 8.800.000 de euros
Gabriela Moreno / PanAm Post (Latinoamérica) – 29/09/2021
El bufete International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), firma del exjuez español Baltasar Garzón, que lidera la defensa de Aléx Saab en Cabo Verde —el hombre que ha sido señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro— factura millonarias ganancias con el chavismo. Sin embargo, los cuantiosos ingresos no son solo por este servicio legal, sino también por un contrato que mantiene con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para interponer querellas de fraude y cohecho en España en contra proveedores de su filial Bariven.
El estudio de abogados del que Garzón es el “administrador único” reporta pagos desde la estatal que ascienden a 8,8 millones de euros —un equivalente que supera los 10 millones de dólares—, de acuerdo con una publicación de The Objective.
Estos abonos al juez español se dividen de la siguiente forma: 1,65 millones de euros corresponden a asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios; 2,1 millones de euros por preparación y presentación de la demanda; 1,98 millones de euros por “coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial”, mientras que 3,1 millones de euros son por «preparación del documento de acusación e inicio del juicio correspondiente en España».
Bajo esos términos, la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del España, también se “salpica”. Y es que su compañero sentimental sigue representando a PDVSA en la misma causa que le suma desembolsos desde 2016, por “la oferta negociada con el despacho de Ilocad”, cuyos abonos dependen de las comparecencias e hitos alcanzados, como informó The Objective.
Una firma acusada de corrupción
La orden de contratación del despacho de Garzón contó con la autorización del entonces directivo de PDVSA, Eulogio del Pino, quien ahora está detenido e imputado en Venezuela por los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista, asociación para delinquir, así como uso indebido de sistemas de información y daños a la industria petrolera.
A Del Pino se le atribuye, además, un supuesto sabotaje en la empresa mixta ruso-venezolano Petrozamora, con la alteración intencional de cifras fiscalizadas de producción de crudo desde 2015 al 2017. En este periodo se registraron pérdidas por 15 millones de barriles de crudo.
En febrero de este año, se retomó el juicio en su contra. Aún no hay sentencia sobre el caso, pero del contrato que suscribió con el actual abogado de Álex Saab, se sabe que la orden de pago a nombre de Garzón precisaba que Del Pino se encargase de gestionar los avales, al igual que soportes de la Contraloría y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, con el fin de ejercer las acciones penales por parte de PDVSA en Madrid. Sin embargo, estos documentos “nunca se reflejaron en la causa promovida en exclusiva por el bufete contratado por Del Pino”, reveló el medio.
Gestión en el limbo
Actualmente, esa causa que Ilocad ingresó en 2017 con un listado de 2.600 contratos que sumaban 2.000 millones de dólares otorgados por Bariven a Roberto Rincón, en conjunto con Abraham Shiera, hoy por hoy permanece en el limbo.
Aunque la Fiscalía requirió hace un año los documentos para esclarecer quién ordenó pagar a estos “proveedores sospechosos”, la petrolera aún sigue sin entregarla. En ellos se comprobaría que Eulogio del Pino, Nicolás Maduro y Asdrúbal Chávez —primo de Hugo Chávez— figuran en la dirección de PDVSA en el periodo investigado.
Quien parece dispuesto a facilitarlos es el exjefe de inteligencia del chavismo detenido en España, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, porque “este maestro de espías conoce precisamente contratos clave de PDVSA, incluidos los obtenidos por Ilocad del Estado venezolano o de sus empresarios afines”.
De hecho, años atrás el bufete de Garzón, abogado de Álex Saab, participó en la defensa de Carvajal para evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
Carvajal dice tener documentados oscuros negocios vinculados a la coalición que gobierna España. “Esto pone en una difícil situación a la Justicia: si Carvajal quiere aportar pruebas de negocios turbios que salpicarían al actual Gobierno, ¿qué papel deben asumir la Fiscalía y la judicatura?”. El conflicto de intereses está servido.
- Gabriela Moreno / Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.
- Artículo publicado en PanAm Post el día 28/09/2021