Detrás de la tensión militar en la frontera colombo-venezolana
Roberto Mansilla Blanco / Es Global (España) – 15/04/2021
Los recientes enfrentamientos acaecidos en el estado venezolano de Apure y el departamento colombiano del Arauca entre fuerzas militares venezolanas y un grupo disidente de la guerrilla colombiana de las FARC, la facción Frente 10, liderado por «alias Ferley» y vinculado al Frente 7 de Miguel Botache Santillana, alias «Gentil Duarte», determina un escenario de conflictividad latente que, en caso de intensificarse, complicará la ya de por sí grave crisis venezolana y sus efectos regionales.
Más allá de cómo estos combates fronterizos ejercerán su influencia en las complicadas relaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y el Gobierno colombiano de Iván Duque, estos enfrentamientos revelan un choque de intereses por parte de diversos grupos de poder, internos y foráneos, estatales e irregulares, por el control de diversas regiones venezolanas.
Destacan aquí los intereses por controlar estratégicas rutas de explotación y distribución de recursos naturales (minería, petróleo), así como de contrabando y narcotráfico, muy frecuente en la porosa frontera colombo-venezolana. Se trataría, por tanto, de posibles choques por el control de lucrativos intereses, en gran medida delictivos, y que implican a facciones guerrilleras y diversas esferas del poder estatal en Venezuela.
Un clima enrarecido
A este contexto debe unirse la súbita reaparición el pasado 26 de marzo de alias «Iván Márquez», uno de los más relevantes líderes de las FARC disidente que se opuso al proceso de paz de 2016 con el Gobierno colombiano. En un vídeo donde se mostraba rodeado de armamento de alto calibre (principalmente ruso) y combatientes en una zona selvática, «Iván Márquez» hizo un llamamiento a la rebelión «militar popular» y arremetió contra la dirigencia de la guerrilla que aceptó abandonar las armas e ingresar en el sistema político, normalizando su situación.
Si bien «Iván Márquez» no se refirió a los combates en la frontera colombo-venezolana, su reaparición levanta sospechas tomando en cuenta sus vínculos con la estructura de poder del chavismo-madurismo en Venezuela.
Este contexto de tensión fronteriza entre Colombia y Venezuela en un 2021 crítico por los efectos de la pandemia y el aún constante éxodo venezolano a países vecinos plantea varios escenarios que conviene intentar descifrar y que podrían ser reveladoras no sólo en lo concerniente a la tensión militar fronteriza sino también a la ecuación de poder en Caracas.
Entre estos escenarios surgen diversas interrogantes: ¿qué hay detrás de estos enfrentamientos entre efectivos de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros cuerpos de seguridad venezolanos (FAES) y fuerzas disidentes de las FARC? ¿Cuáles son las razones estratégicas del régimen de Maduro con estos combates? ¿Busca expulsar o minimizar la presencia de facciones de las FARC en Venezuela que les resulten incómodas? ¿O más bien persigue una incipiente mejora de su maltrecha imagen a nivel exterior, precisamente desligándose de facciones guerrilleras en el marco de una especie de guerra contra el terrorismo? ¿En qué medida amenazan esas facciones guerrilleras a la estructura del poder madurista en Venezuela? ¿Se puede intuir una guerras de mafias y grupos de poder entre esas facciones guerrilleras, la FANB y otros organismos estatales por el control de redes de contrabando y esferas de influencia?
Las FARC, de Chávez a Maduro
En primer lugar, conviene rastrear la historia de la conexión de las FARC con el chavismo. La llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en febrero de 1999 generó enorme atención y entusiasmo para las FARC y también del Ejército de Liberación Nacional (ELN), debido a la posibilidad de compatibilizar un proyecto político revolucionario a nivel hemisférico, en este caso a través del apoyo estatal venezolano. Este contexto permitiría a las guerrillas colombianas ampliar vía Chávez su radio de apoyos exteriores, tradicionalmente establecidos por Cuba, para ejercer presión sobre el Estado colombiano.
Los primeros contactos entre Chávez y las FARC parecían orientados a la compatibilidad de estos caminos políticos. En clara ruptura con la posición oficial de gobiernos anteriores en Caracas, el gobierno de Chávez evitó otorgarle el estatus de beligerancia a las FARC, tal y como finalmente lo obtuvo en 2008. En 2000, el entonces «número 2» de esta organización, Raúl Reyes, visitó en varias ocasiones Caracas para reuniones privadas y secretas con el Ejecutivo de Chávez.
Este cambio de posición venezolana obviamente provocó inmediatas reacciones contrarias en Bogotá en un momento en el que el entonces presidente, Andrés Pastrana, estaba impulsando un acuerdo de zona desmilitarizada para las FARC en la región de El Caguán. Este acuerdo se vino al traste en medio del impulso del Plan Colombia de Pastrana con Washington a mediados de 2000 y, principalmente, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder en Colombia (2002), que dio paso definitivamente a la ruptura de cualquier negociación con las FARC y el ELN.
Por tanto, para el Gobierno colombiano, la posibilidad de que Chávez otorgara reconocimiento y apoyo político y logístico a las FARC y el ELN en territorio venezolano ha sido una preocupación constante y constituye una reclamación que dificulta la normalización de las relaciones entre Bogotá y Caracas en las últimas dos décadas. El mandato de Uribe (2002-2010) reforzó aún más la tensión bilateral colombo-venezolana, así como la conjunción de intereses entre las FARC y Chávez.
El ataque en 2008 de fuerzas militares colombianas a campamentos de las FARC en Ecuador, y que dieron con la muerte a Raúl Reyes, no sólo generó la peor crisis diplomática entre los gobiernos de Quito, Bogotá y Caracas, sino que también significó un punto de inflexión sobre los contactos de Chávez con las FARC, en particular, ante la concreción de refugio de componentes guerrilleros en Venezuela, amparados por el apoyo político de Caracas a la guerrilla colombiana. Esta relación Chávez-FARC se hizo evidente con los famosos «papeles de las FARC» obtenidos por las autoridades colombianas tras el ataque al campamento ecuatoriano.
Desde el punto de vista geopolítico y estratégico militar, los nexos FARC-chavismo también tienen un sello proveniente de las tesis del desaparecido sociólogo argentino Norberto Ceresole de recrear vía Venezuela un bloque alternativo a lo que denominó la «hegemonía estadounidense-sionista», enfocando en alianzas con Rusia, Irán y China. En estas tesis se esbozaba la concepción de la «guerra asimétrica», popular y revolucionaria, que la FANB adoptó como doctrina de seguridad nacional en 2005.
Si bien Ceresole no le otorgó a las FARC un papel predominante en estas tesis, fue más bien Cuba, aliado estratégico del chavismo, quien vinculó con mayor énfasis esta relación FARC-Chávez, tomando en cuenta la histórica relación de la guerrilla colombiana con La Habana. El giro político hacia las izquierdas en América Latina (2003-2015) también contribuyó a consolidar esta relación.
La llegada de Juan Manuel Santos al poder en Colombia y los acuerdos de paz con las FARC (2016) provocaron una especie de parteaguas en este relación FARC-chavismo. Allí se escenificó una ruptura en la cadena de mando de las FARC entre la posición oficial favorable a los acuerdos de paz y las facciones disidentes opuestas al mismo.
El ascenso de Iván Duque al poder en Bogotá (2018) y el retorno de la perspectiva uribista de seguridad nacional incrementó esta ruptura interna dentro de las FARC, que llevaron a algunas de sus facciones, como la de «Gentil Duarte», a afianzar aún más su presencia en Venezuela, ya no sólo como refugio, sino imbricándose cada vez más en nuevas relaciones de poder con diversos grupos militares y civiles. Así, un sector de las FARC, liderado por alias «Iván Márquez» y «Jesús Santrich», anunció el retorno a las armas (2019), lo que intensificó la lucha interna dentro de las FARC.
En este contexto, Maduro se ha visto a priori atado a pactos del pasado con las FARC y a lucrativas redes económicas de extracción de minerales y control de regiones en los estados al sur de Venezuela, fronterizos con Brasil y Colombia, en las que participan estas facciones disidentes de las FARC como también del ELN.
Esos vínculos con el chavismo permitieron a las guerrillas colombianas incrementar su presencia en Venezuela, lucrándose del negocio de la extracción minera, del contrabando, narcotráfico, del secuestro y del control de facto de ciertas regiones fronterizas.
Cómo operan las FARC en Venezuela
Según el portal InsightCrime, Venezuela es una base de operaciones fundamental para las actividades de diversas facciones de las FARC, no sólo políticas y militares sino también delictivas.
Con la llegada de Chávez al poder y durante el conflicto colombiano, Venezuela «brindó a los guerrilleros corredores de narcotráfico claves y lugares para huir de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas, realizar adiestramiento militar y reabastecer su arsenal de guerra. Tras el Acuerdo de Paz en Colombia, Venezuela sigue cumpliendo ese rol para las mafias conformadas por desertores del proceso de paz, a quienes ofrece un salvavidas económico y refugio para reagruparse y reconsolidar sus fuerzas», según InsightCrime.
Durante el mandato de Chávez (1999-2012), hubo denuncias de vínculos entre la guerrilla y altos mandos del gobierno y la cúpula militar venezolanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios altos funcionarios de las fuerzas de seguridad por su presunta ayuda a las FARC en el tráfico de cocaína. Entre ellos se contó al ex ministro de Defensa, General Henry de Jesús Rangel Silva, quien ocupó este cargo en 2012. Incluso se sospecha de una facción del Ejército venezolano, denominada el cártel de los Soles, tenía vínculos con la guerrilla y que intercambiaba cargamentos de cocaína por armas.
Datos divulgados en mayo de 2019 por la ONG venezolana Fundación Redes identificó seis movimientos disidentes de las FARC con operaciones en Venezuela. Su presencia ha sido documentada al menos en siete de los 24 estados venezolanos: Zulia, Mérida, Táchira, Apure, Guárico, Bolívar y Amazonas. Del mismo modo, la periodista venezolana Sebastiana Barráez, experta en el tema militar en Venezuela, ha documentado en sus reportajes cómo es el complejo entramado de conexiones existente en la frontera colombo-venezolana entre la FANB, diversas facciones de las FARC y otros grupos (FAES, colectivos armados, delincuencia) vinculados al régimen de Maduro y que se lucran de actividades económicas y delictivas.
En este sentido, la vastedad selvática del estado Amazonas, fronterizo con Colombia y Brasil, revisten importancia estratégica como corredor de narcotráfico y escondite de grupos guerrilleros y delictivos. Desde allí, el Frente 7 de «Gentil Duarte» mantiene canales de conexión con narcotraficantes de México y Brasil, y recibe a cambio armamento militar que se envía ilegalmente a las disidencias de las FARC en el sureste de Colombia. De ellos, se cree que este Frente está extendiendo su control en Venezuela.
Mientras la crisis venezolana se profundiza, aumenta también la presencia de facciones de las FARC aprovechando la situación de semianarquía estatal en algunas regiones fronterizas. Estas facciones se aseguran el control de las economías criminales locales mediante el reclutamiento de venezolanos en situación de pobreza en la región fronteriza con Colombia. Además, se cree que estos guerrilleros son miembros influyentes de movimientos armados venezolanos, en especial el “colectivo de seguridad fronteriza”, que cobró notoriedad en el bloqueo a la ayuda humanitaria al país en febrero de 2019.
Otra figura importante es el lugarteniente de Duarte, Gener García Molina, alias “Jhon 40”. Asentado en Venezuela durante varios años, se le atribuye la reunificación de los disidentes dispersos de las FARC en la región del Catatumbo para conformar el Frente 33, bajo las órdenes de «Gentil Duarte». Se cree que ahora dirige una estructura de más de 300 hombres, muchos de ellos venezolanos.
Además, se especula con que Venezuela sea refugio de antiguos comandantes de las FARC, como Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, considerado como el canciller de la organización, y de Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, quienes pasaron a la clandestinidad en 2018 tras romper con el proceso de paz en Colombia.
La región venezolana del Catatumbo, fronterizo con el departamento del Norte de Santander en Colombia, ha ganado importancia para las FARC desde 2018, cuando «Jhon 40» comenzó a reconsolidar los ejércitos guerrilleros y las economías criminales en la zona. Parte central de esa misión era restablecer las rutas de tráfico de las FARC en Venezuela y coordinar la compra local de pasta de coca. Actualmente, se cree que esta facción bajo su mando controla gran parte del mercado de drogas en Venezuela, incluyendo la ruta de ingreso a Brasil.
Además de sus operaciones de narcotráfico, facciones de las FARC participan en la explotación ilegal de oro y coltán en los estados de Bolívar y Amazonas, al sur de Venezuela. Desde allí, exportan los metales al otro lado de la frontera a los departamentos de Guainía y Vichada, en Colombia.
Es también palpable la rápida expansión del ELN en Venezuela, lo cual ha supuesto un factor de competencia para estas facciones de las FARC por el control de esas lucrativas rutas de narcotráfico y contrabando en la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, tras varios años de conflicto, en diciembre de 2018, disidentes de las FARC habrían llegado a un pacto de no agresión con el ELN, lo cual permitió una tregua para trabajar de manera conjunta en la coordinación de actividades ilícitas.
También se vincula a las FARC con actividades de narcotráfico, facilitadas por alianzas con grupos criminales internacionales incluyendo el Comando Rojo (Comando Vermelho) y la Familia del Norte (FDN) de Brasil, y con el cártel de Sinaloa de México.
2021: ¿un punto de quiebre?
Tomando en cuenta el nivel de criminalidad existente en Venezuela, las proliferación de mafias y rutas de narcotráfico que transitan por su territorio y de redes de delincuencia y contrabando que también buscan lucrarse de estas actividades, de las cuales no escapan la propia FANB y otros organismos de seguridad del Estado, no sería por tanto descartable que la actual tensión fronteriza provocada por los combates con facciones de las FARC correspondan, más bien, a luchas por el control de esferas de poder territorial entre diversos actores involucrados.
Este conflicto está profundizando aún más la crisis humanitaria provocada por el éxodo y desplazamiento de venezolanos hacia Colombia. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cerca de 4.741 personas han sido desplazadas a causa de los combates que se han registrado en el estado venezolano de Apure. De acuerdo al delegado presidencial colombiano para el control de las fronteras, Lucas Gómez, este éxodo podría aumentar en las próximas semanas debido a la intensificación de los combates.
Del mismo modo, son cada vez mayores las denuncias de atropellos y violaciones de derechos humanos contra las ONG y grupos civiles que trabajan para remediar la crisis migratoria venezolana y los problemas en las fronteras, lo cual contradice la versión oficial del régimen madurista sobre la «normalización» de la situación en la frontera.
Este contexto incrementa las complejidades existentes dentro de la crisis venezolana pero también en sus relaciones con Colombia. Los recientes combates parecieran dirimir una mayor presión por parte de Maduro y la FANB para expulsar de Venezuela a esas facciones incómodas de las FARC, como el Frente 10 y «Gentil Duarte», con rivalidades notorias con la facción liderada por «Iván Márquez» y «Santrich», más vinculada al régimen de Caracas.
Estas rivalidades entre «Gentil Duarte» y la facción «Márquez-Santrich» evidencian las fracturas internas significativas en las estructuras de mando en las FARC, una compleja atomización y dispersión de frentes guerrilleros que repercuten en los recientes enfrentamientos fronterizos con militares venezolanos.
Estas rivalidades se definen tanto por sus diferencias políticas en torno a los acuerdos de paz en Colombia como, principalmente, a la hora de imponer su peso en el control de las fuerzas disidentes dentro de la organización, así como su ampliación en esferas de influencia en Venezuela y de relaciones con las estructuras de poder del régimen madurista.
La reciente reaparición de Márquez a través de un vídeo, donde criticaba a una «izquierda complaciente», tiene obvias referencias al contexto colombiano. Con ello critica a la dirigencia de las FARC, liderada por el «Comandante Timochenko», que aceptó los acuerdos de paz de 2016 con el Gobierno colombiano y que ahora, con el desarme avanzado, busca su normalización política y su inmunidad. Este aspecto quedó claro con la formación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), también conocida como Comunes, partido político de la ex guerrilla y que aspira a candidatura propia en las próximas elecciones presidenciales colombianas de 2022.
Comunes-FARC es miembro del Foro de São Paulo, tiene representación parlamentaria en Colombia y se define ideológicamente como «marxista-leninista» y «bolivariano», lo cual evidenciaría su compatibilidad con el régimen venezolano. Adicionalmente, Venezuela es uno de los países garantes de los acuerdos de paz de 2016.
Pero la actual tensión en la frontera por los combates con facciones de las FARC y la tácita alianza de Maduro con la facción «Márquez-Santrich» podría de alguna manera complicar la posición de Caracas como garante del proceso de paz en Colombia, ya que mantiene vínculos más allá de lo político con una de esas facciones que está en contra de este proceso de paz.
Del mismo modo, es notorio que los enfrentamientos de la FANB son contra algunas facciones de las FARC («Gentil Duarte») y no contra el ELN, que también tiene fuerte presencia al sur de Venezuela, en el denominado Arco Minero.
La ambigüedad de los mensajes oficiales del régimen de Maduro sobre la realidad de estos combates parecieran, al mismo tiempo, evidenciar un posicionamiento sobre qué facciones son incómodas para sus intereses y cuáles son aparentemente más aliadas. Ex militares venezolanos opositores a Maduro han criticado el doble rasero del régimen, que combate a facciones guerrilleras de las FARC mientras convive con otras en actividades delictivas e intereses políticos.
A diferencia de Chávez, Maduro ha mostrado un respaldo público más esporádico a la presencia de las FARC en Venezuela. La declaración pública más notoria de la conexión de Maduro con esta organización fue en julio de 2019, durante una reunión en Caracas del Foro de São Paulo, en un momento en que se especulaba con la presencia de «Santrich» e «Iván Márquez» en Venezuela.
Allí, Maduro mostró su beneplácito por la presunta presencia de ambos en ese foro (nunca oficialmente confirmada ni denegada), asegurando incluso que «son líderes de paz». Esta declaración confirmó no sólo la presencia de estas facciones guerrilleras en territorio venezolano sino la fluidez de sus vínculos con la estructura de poder chavista-madurista.
Pero existe otra clave política interna en Venezuela: la presencia en la frontera colombo-venezolana de la FAES, un grupo de elite vinculado con la represión en el país, que hasta ahora ha mantenido una fidelidad inquebrantable al régimen de Maduro. Esto podría evidenciar nuevos equilibrios internos y pulsos de poder dentro de la FANB y de los organismos de seguridad del Estado, en las que Maduro apostaría por aliados fieles como la FAES ya incluso para operaciones de alto nivel como los combates en la fronteras contra facciones guerrilleras.
Todo esto también repercute en las maltrechas relaciones entre Bogotá y Caracas, cuya ruptura de facto se concretó en 2019 con el retiro de embajadores, y que se intensificó con el apoyo oficial de Iván Duque al líder opositor Juan Guaidó como «presidente legítimo de Venezuela».
El presidente colombiano acusa a Maduro de dar refugio a la facción «Marquez-Santrich» como elemento de presión y de influencia en Colombia. La exhibición de armamento ruso en el reciente vídeo de «Iván Márquez» también ha dado pie a las sospechas que tiene Bogotá sobre la relación militar que ha mantenido el chavismo con Rusia desde 2005, y que desde entonces habría permitido rearmar a las FARC y sus facciones más vinculadas con el régimen venezolano.
Por su parte, Maduro también acusa a Duque de presuntamente hostigar a militares venezolanos en la frontera vía conexión con paramilitares colombianos e incluso con la CIA, a fin de recrear una situación de tensión militar que podría intensificarse con la crisis humanitaria venezolana y que abriera paso a una posible desestabilización del régimen madurista.
¿Hacia un Estado ‘fallido’?
El clima de guerra encubierta a distintos niveles entre facciones de las FARC y el régimen de Maduro evidencia la perspectiva de que Venezuela se esté convirtiendo, a pasos acelerados, en una especie de Estado fallido.
Esta perspectiva se intuye ante las relaciones que el régimen de Maduro debe procrear para convivir con grupos irregulares y delictivos a fin de mantener el control estatal de diversas regiones fronterizas con Colombia y Brasil.
Más de dos décadas de presencia de las FARC en Venezuela a través de conexiones políticas deja en 2021 un escenario de fuerte volatilidad e inestabilidad con repercusiones regionales, con enfrentamientos a distintos niveles trazados en un objetivo estratégico claro: utilizar a Venezuela como refugio y participar en las lucrativas actividades de extracción de recursos naturales y de redes de contrabando y narcotráfico existentes en Venezuela.
- Artículo publicado en Es Glolbal el día 12/04/2021