Hombres armados con la insignia de una estrella roja y el rostro del Che Guevara merodeaban cerca de la frontera entre Venezuela y Guyana. Aunque tienen bastantes armas y están bien entrenados, ellos afirman que no están vinculados con la guerrilla, pero lo más seguro es que sí hacen parte del ELN, la guerrilla más poderosa de la región
InSight Crime (USA) – 25/12/2021
El 14 de octubre de 2018, un grupo de mineros de oro fueron emboscados por hombres armados cerca de la mina Corre Gente, en el municipio de Sifontes, cerca de la frontera de Venezuela con Guyana. Siete fueron fusilados al estilo ejecución, con una sola bala en la cabeza. Dieciséis más desaparecieron.
La masacre estuvo rodeada de misterios. Públicamente, las autoridades del estado Bolívar culparon del hecho al conflicto entre bandas mineras locales, especialmente la liderada por el gánster local Jhosué Zurita, alias “El Coporo”. Pero los sobrevivientes y familiares de las víctimas que hablaron con periodistas locales y representantes de la oposición política de Venezuela cuentan una historia diferente: la mina Corre Gente había sido tomada por un grupo guerrillero colombiano proveniente de muy lejos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Un año después, el teniente coronel Ernesto Solís, entonces comandante de la base militar de Tarabay, cerca de donde ocurrieron los hechos, concedió una entrevista a InSight Crime. Su relato de los hechos que condujeron a la masacre, aunque es ambiguo, señala que el grupo que cometió la masacre no era una pandilla cualquiera, sino un grupo guerrillero que se hacía llamar Movimiento Che Guevara.
“El Coporo envió una invitación a esa gente del Che Guevara: ‘Hagamos una reunión para dividir territorios’ […] Fueron cinco; mataron a cuatro, y uno escapó”, dijo Solís en la entrevista con InSight Crime. “¿Qué hizo el grupo? Fueron hasta el cruce y bloquearon la carretera. [El Coporo] intentó infiltrarse entre la gente que estaba entrando [a la zona minera], pero los guerrilleros sabían quiénes eran. Mataron a esas siete [personas]: dos mujeres y cinco hombres”.
La masacre de Corre Gente atrajo la atención sobre un rumor que ya se venía difundiendo en Bolívar: el ELN avanzaba sobre el corazón minero de Venezuela y para ello había sido invitado por el gobierno. Su objetivo: poner orden en la anárquica región minera de Venezuela y canalizar sus riquezas hacia la élite chavista.
Pero tres años después, parece que el grupo guerrillero más poderoso de la región no ha logrado dominar a Bolívar.
La llegada de las guerrillas
Las guerrillas de Colombia quizá provenían de un lugar muy lejano del este de Venezuela, pero estaban en territorio económico que les era familiar.
En el vecino estado Amazonas, en límites con Colombia, las comunidades indígenas habían estado reportando las incursiones en minas de oro ilegales por parte de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante al menos cinco años. Cuando las FARC se desmovilizaron después de firmar acuerdos de paz con el gobierno colombiano en 2016, se abrió una puerta para el segundo ejército guerrillero más grande de Colombia: el ELN.
Según el diario El Tiempo, en un informe corroborado por un exfuncionario del gobierno colombiano en la región fronteriza, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, la entrada del ELN a Amazonas fue negociada con disidentes del proceso de paz de las FARC que se habían negado a desmovilizarse. InSight Crime se ha referido a estos elementos disidentes como la ex-FARC mafia.
Pero las disidencias de las FARC no eran los únicos aliados del ELN. En grabaciones publicadas por el medio de investigación venezolano ArmandoInfo en 2021, que fueron grabadas a principios de 2020, un comandante del ELN le explica a una asamblea indígena la agenda de la guerrilla en la región.
“¿Hay un compromiso con el Estado venezolano? Sí, lo hay”, declaró el comandante. “Este país enfrenta una amenaza de invasión. El país necesita amigos, aliados, colaboradores, servidores y vecinos; por eso están aquí el ELN y las FARC”.
Las grabaciones de audio también dan indicios sobre la naturaleza de la relación entre la guerrilla y el Estado venezolano. En 2016, el gobierno del presidente Nicolás Maduro había abierto grandes franjas de Bolívar para la explotación de oro, coltán y otros minerales, con el fin de reforzar las finanzas de Venezuela. El proyecto fue conocido como el Arco Minero del Orinoco (AMO).
“Hemos tenido reuniones con 75 líderes de comunidades mineras indígenas en Caicara, Manapiare, Parguaza y El Burro”, cuenta un comandante guerrillero. “¿Quién dirige estas reuniones? El gobierno. ¿A quién se invita? Al ELN y las FARC… ¿Qué necesita el Arco Minero? Seguridad en el territorio. La seguridad no puede ser proporcionada por criminales o paramilitares. Es proporcionada por las fuerzas de seguridad, el gobierno, los pueblos indígenas y las organizaciones revolucionarias amigas”.
Las áreas que menciona el comandante son regiones indígenas remotas en la zona fronteriza entre Amazonas y Bolívar, muy alejadas del corazón minero histórico de Venezuela en el este de Bolívar. Pero a mediados de 2018 surgieron informes muy similares a unos 800 kilómetros de la frontera con Colombia, en el extremo este de uno de los municipios más ricos en oro de Bolívar, Sifontes.
“Se les puede ver en la entrada del sector Hoja de Lata, Tumeremo, en Anacoco, y San Martín de Turumbán. Usan pantalón de camuflaje, botas y camisa negra. No solo hay sujetos con acento colombiano, también indígenas, ya están reclutando personas”, son las palabras de un residente de la región en un informe de El Universal en mayo de 2018.
Los misteriosos colombianos no se identificaban públicamente con ningún grupo guerrillero conocido, pero su retórica resultaba familiar.
“Me dijeron que estaban aquí para defender a la nación de alguna invasión extranjera. Gobiernan sobre lugares específicos donde el gobierno les ha dado una parte de la minería”, dijo un líder religioso de Sifontes a InSight Crime, bajo condición de anonimato.
“Tienen buenas armas y están muy bien entrenados. Están mejor preparados para la guerra que el propio ejército”, agrega el líder religioso.
Hay confusión en cuanto a los grupos guerrilleros a los que pertenecen y en torno a sus orígenes, y solo unos pocos mineros, representantes de la oposición y periodistas que hablaron con InSight Crime mencionaron al ELN. Pero muchos mineros y residentes de la zona confirmaron que había nuevos actores criminales moviéndose por las zonas mineras de Bolívar: misteriosos guerrilleros con botas impermeables por las que se les conoce como patas de goma.
En la entrevista con el teniente coronel Solís, este también mencionó dos grupos diferentes que no se conocían antes: el Movimiento Che Guevara y el Grupo Revolucionario Hugo Chávez Frías. InSight Crime corroboró estos nombres con líderes sociales e investigadores locales.
“Para mí, no son guerrilleros, sino criminales”, dijo Solís a InSight Crime a principios de 2020, cuando era comandante de la base militar de Tarabay. “Si el ELN estuviera aquí, ningún otro grupo duraría una semana”.
Pero una representante indígena de San Martín de Turumbán, en el este de Sifontes, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, narra una historia diferente.
“Se identificaban como del ELN”, insistió en su conversación con InSight Crime. “No decían ese nombre, pero tenían marcas del ELN en la ropa. Tenían una gorra con una estrella roja y la cara del Che Guevara”.
La representante dice que la guerrilla convenció a los líderes indígenas para que les permitieran entrar, diciéndoles que había malos elementos operando dentro de la comunidad.
“Les dimos permiso para entrar, siempre y cuando estuvieran desarmados, para vigilar la seguridad”, afirma. “Pero luego, comenzaron a asumir otros roles. Empezaron a controlar el combustible que iba hacia Guyana, a cobrar extorsiones, a ir a las minas. Querían controlar las minas y lo lograron”.
Una vez obtuvieron el control, los guerrilleros comenzaron a imponer el orden en las minas de oro donde antes reinaba el caos.
“Tienen una choza donde lo inspeccionan a uno, le revisan los bolsillos para ver que no lleva armas ni drogas”, cuenta un hombre que trabajaba en una mina controlada por la guerrilla y quien no quiso ser identificado por razones de seguridad. “Solo se puede beber el sábado y el domingo; después de la medianoche del domingo no se puede beber. Si alguien está borracho el lunes, lo castigan”.
Aunque la guerrilla era estricta, tanto los mineros locales como los líderes sociales y los investigadores coinciden en que su dominio era más justo que el de las bandas del pasado: los castigos eran trabajos forzados y no mutilaciones; los pagos por protección eran estandarizados y no impuestos por capricho; el reclutamiento era voluntario y no por coacción.
Guerrilla, ejército y sindicatos
Desde el principio, hubo señales de que los intereses de la guerrilla en el este de Bolívar iban más allá del control de las minas locales.
“Hablan [de política] cuando hay reuniones”, le dijo el minero a InSight Crime. “Las reuniones son todas las semanas, a veces cada 15 días. Dicen que todo es para el Arco Minero, que una empresa vendrá a traer máquinas para hacer minería a cielo abierto”.
La idea de que el avance guerrillero estaba relacionado con los planes de Maduro para reavivar el sector minero atrayendo inversiones al AMO también fue mencionada por la oposición política.
“Las grandes multinacionales han exigido más seguridad en la zona para poder invertir”, dijo el representante de la oposición Américo de Grazia a El Nuevo Herald en 2018. “Y el Estado está tratando de garantizar esa seguridad utilizando al ELN, que creen que es más confiable que las bandas”.
“El ELN ha lanzado una ofensiva sin cuartel para eliminar a las bandas, y de esa manera las fuerzas armadas no se tienen que ensuciar las manos”, agregó de Grazia.
La llegada de la guerrilla coincidió con un cambio importante en la estrategia del Estado hacia a las pandillas mineras que habían controlado durante mucho tiempo el comercio regional de oro, también conocidas como sindicatos.
En junio de 2018, el gobierno anunció una gran ofensiva de seguridad contra el sector del oro, y emitió una lista de objetivos, entre los que se encontraban muchos de los traficantes ilegales de oro a los que se les había permitido prosperar durante el mandato del exgobernador presuntamente corrupto de Bolívar, el general Francisco Rangel Gómez. Esta ofensiva fue llamada Operación Manos de Metal.
Muchos de los sindicatos locales de Bolívar pasaron abruptamente de ser aliados criminales a enemigos del Estado. Proliferaron los enfrentamientos sangrientos, dado que las unidades militares buscaban expulsar a las poderosas pandillas que habían controlado durante mucho tiempo las minas de oro ilegales de Bolívar. Muchos de los incidentes mostraban un patrón similar.
“Los locales denunciaron que guerrilleros del ELN trabajaron en conjunto con las fuerzas del Estado”, informó el periodista local Germán Dam en Twitter, después de que 100 agentes de las fuerzas de seguridad allanaron la mina El Salto en el municipio de El Callao. “Los primeros atacaron en horas de la madrugada y posteriormente los comandos del ejército y la policía hicieron lo mismo”.
Este patrón de asaltos aparentemente coordinados continuó en 2019 y 2020. Varios de los otrora poderosos cabecillas de las bandas de Bolívar lograron escapar, pero fueron dados de baja por las fuerzas de seguridad en estados de Venezuela distantes de allí.
El epicentro de la actividad continuó siendo Sifontes, donde Solís, quien ya era conocido por presuntamente ordenar desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, era acusado de que estaba utilizando la base militar de Tarabay como centro para coordinarse con la guerrilla.
En diciembre de 2019, los mineros se reunieron en la capital de Sifontes, el municipio de Tumeremo, gritando y portando pancartas. Exigían la salida inmediata de Solís de la base militar de Tarabay, en las afueras de la ciudad.
“Solís es el jefe de la guerrilla”, decía una de las pancartas.
#13Sep Un grupo de mujeres se trasladó desde #Tumeremo hasta #CiudadGuayana para denunciar al comandante del 512 BIS, tte-cnel León Ernesto Solís Mares, por sus constantes atropellos a la población y ejecuciones cometidas por el Ejército y la guerrilla bajo sus órdenes. pic.twitter.com/BSn3ZnMPKu
— Germán Dam (@GEDV86) September 13, 2019
Los manifestantes afirmaban que, desde la masacre en Corre Gente, el ejército había tomado el control de más de 30 minas entre Tumeremo y la frontera con Guyana, bloqueándoles la entrada a los mineros locales.
“[Los militares] dijeron que el 20 de diciembre era el ultimátum para que toda la población minera saliera, y que quien estuviera en las minas después de eso sería asesinado”, dijo a InSight Crime a principios de 2020 un líder comunitario de Tumeremo, quien pidió no ser identificado por razones de seguridad. “El comandante [Solís] me dijo: ‘Tengo una orden presidencial de cerrar las minas porque actualmente el gobierno no depende del petróleo, sino del oro’”.
“Ahora, no hay acceso a la minería artesanal, y se les da prioridad a las máquinas que el gobierno ha puesto”, agregó el líder comunitario.
Un ejército en desaparición
El bloqueo de Tumeremo y la toma de las minas por el ejército parecían confirmar que el ELN había entrado a Bolívar para ayudarle al gobierno a arrebatarles el control de las riquezas del Estado a los sindicatos y preparar el terreno para el Arco Minero del Orinoco.
Pero las máquinas mineras y los inversionistas multinacionales no aparecieron. En cambio, mediante “alianzas estratégicas” con las autoridades se entregaron concesiones a cualquier persona que tuviera conexiones políticas y militares. La presencia guerrillera comenzó a disiparse, y muchos de los sindicatos permanecieron tan atrincherados como siempre.
En algunas regiones de Bolívar, la guerrilla no pudo hacer frente a la resistencia de las bandas mineras.
“En El Callao intentaron tomar [el sector] de El Perú, pero la banda de El Perú ha estado allí durante años. Conocen bien su área y están muy, muy bien armados”, explicó un periodista local, que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “Ha habido enfrentamientos y tiroteos, pero la guerrilla no ha podido ingresar a El Callao”.
En otras zonas, sin embargo, los guerrilleros al parecer renunciaron al control de las minas que habían tomado.
La mina de Cicapra, en la región de Guasipati, fue una de las primeras en ser supuestamente tomada por la alianza entre el ELN y el ejército. Pero cuando InSight Crime visitó la región a principios de 2020, mineros locales, comerciantes de oro, ingenieros y funcionarios del gobierno confirmaron que la mina no estaba en manos de la guerrilla, sino de uno de los sindicatos más poderosos de la zona, el Tren de Guayana.
A lo sumo, dieron indicios de que el ELN quizá había estado trabajando junto al grupo.
“Cuando yo estaba en Cicapra, también había algunas personas con vestimenta del ejército”, dijo un minero que no quiso ser identificado por razones de seguridad. “Eran colombianos. No sé quiénes eran. Tenían un arma que era como una miniametralladora”.
“Hay que cruzar el río para entrar a la mina; ahí lo revisan a uno y le preguntan de todo”, agrega el minero.
Otras fuentes señalan además que la guerrilla había estado prestando apoyo a los sindicatos aliados.
“Algunas [bandas] son enemigas [de la guerrilla] y otras son aliadas”, dijo un oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que prestó sus servicios en Bolívar. “Hay bandas que son entrenadas por la guerrilla. Otras son entrenadas contra la guerrilla”.
Los guerrilleros incluso comenzaron a desaparecer de las zonas más distantes cerca de la frontera con Guyana, donde habían invertido en el control de minas y el establecimiento de bases en las comunidades.
“[La guerrilla] ya no está aquí”, afirma la mujer indígena de San Martín de Turumbán. “Me dijeron que los habían expulsado”.
No obstante, muchos sindicatos permanecen. Algunos están liderados por jefes cuyos nombres aparecieron en la lista de objetivos de la Operación Manos de Metal, pero que nunca fueron perseguidos. Otros tienen cabecillas que ya habían sido sacados de la lista. Algunos de los que permanecen continúan resistiendo la presión de las fuerzas de seguridad.
Por eso muchas personas de la región creen que Manos de Metal y el asalto guerrillero no fueron medidas orientadas a eliminar a los sindicatos de Bolívar, sino una estrategia para obligarlos a colaborar con el gobierno.
“El objetivo era desplazar a los grupos que no encajaban en el sistema. Los eliminaban si no estaban produciendo o invirtiendo”, afirma el economista de minería venezolano. “Se trataba de consolidar el poder, y no de un sistema para mejorar la minería de oro”.
Los guerrilleros quizá actuaron como tropas de choque o ejecutores como parte de esta estrategia. Pero dado que se encontraban dispersos y a cientos de kilómetros de sus unidades centrales en la frontera con Colombia, se les dificultaba controlar un territorio tan disputado.
Sin embargo, el ELN no ha desaparecido por completo de Bolívar. Además de los informes esporádicos acerca de puestos de control u hombres misteriosos con ropa de camuflaje y botas de goma que apoyan a los sindicatos, hay señales de que la guerrilla ha estado intentando beneficiarse del oro de Bolívar en terrenos menos hostiles.
A mediados de 2020, el gobierno anunció una nueva iniciativa legal que permite la extracción de oro en seis ríos del centro y oeste de Bolívar. En las semanas posteriores a su aprobación, las comunidades indígenas de la cuenca del río Caura denunciaron la aparición de nuevas dragas de minería (balsas que succionan el lecho del río para extraer el oro).
Las protestas fueron recibidas con violencia, y algunos representantes indígenas informaron que un grupo armado vinculado a las nuevas operaciones mineras había atacado una de las comunidades, y que mataron a tres personas. Aunque en la declaración no se nombra al grupo responsable, el representante de la oposición local Américo de Grazia afirmó una vez más que el ELN estaba detrás de los actos violentos.
Algunas fuentes que conocen la dinámica en la cuenca del Caura confirmaron la presencia del ELN, diciendo que se estaban dividiendo el territorio con disidentes de las FARC.
“Los guerrilleros son los que tienen el control en las minas de Caura”, dijo a InSight Crime un investigador ambiental, que prefirió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. Su relato fue corroborado por un minero de la región, quien también pidió permanecer en anonimato.
La cuenca del Caura se encuentra en una región remota y relativamente nadie se la disputa. Allí habitan grupos indígenas marginados, con quienes el ELN ha buscado durante mucho tiempo fomentar relaciones de colaboración y sumisión. Además, se encuentra cientos de kilómetros más cerca de las unidades centrales de la guerrilla. Por ahora, parece que la guerrilla regresó a su zona de confort.
En cuanto al corazón minero de Bolívar, en el municipio de Sifontes, el presunto colaborador militar del ELN, Ernesto Solís, ha sido asesinado, y apenas queda rastro de la guerrilla colombiana.
“Para mí, eso es un mito”, fue la respuesta típica de un residente de Tumeremo, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, cuando se le preguntó una vez más por la guerrilla. “Tal vez en algún momento hubo algunos disidentes, o guerrilleros o colombianos. Un pequeño grupo, en la zona de Bochinche [Corre Gente]. Pero ahora, no. Definitivamente no”.
En cambio, ha surgido un nuevo sindicato que busca el control de Tumeremo. Conocido como la Organización R (OR), la retórica del grupo incluye una promesa que ya resulta familiar: poner orden en el caos. Pero esta vez, afirma el grupo, no será para el beneficio de las élites corruptas y las pandillas depredadoras, sino para los propios mineros.
- Esta investigación muestra que los intentos del régimen de Maduro por controlar el corazón minero de Venezuela en el estado Bolívar han llevado al caos criminal, dado que grupos guerrilleros, bandas armadas y elementos estatales corruptos se están enfrentando por el oro del país. Lea la investigación completa aquí.
- Artículo publicado en InSight Crime el día 17/11/2021