El especialista en derechos humanos digitales, Andrés Azpúrua, estimó como altamente preocupante que 20% de las líneas de Movistar se vean afectadas por la operación del gobierno de Nicolás Maduro de monitorear las comunicaciones de los venezolanos
Madelen Rocío Simó Sulbarán / El Pitazo (Venezuela) – 23/06/2022
El especialista en derechos humanos digitales, Andrés Azpúrua, sostuvo que la privacidad es un derecho cívico que se debe defender. Por lo que estimó como altamente preocupante que 20% de las líneas de Movistar se vean afectadas por la operación del gobierno de Nicolás Maduro de monitorear las comunicaciones de los venezolanos.
Así lo precisó Azpúrua este jueves, 23 de junio, durante el Twitter Spaces trasmitido por El Pitazo, enfocado en analizar la presión del gobierno de Nicolás Maduro a Movistar para espiar comunicaciones.
Añadió que esta cifra solo corresponde a Movistar, sin involucrar a otras operadoras de telecomunicaciones como Digitel o la estatal Movilnet. «Ese es el tamaño de esta operación de vigilancia y monitoreo», fustigó el también gerente de VE Sin Filtro.
Este análisis surge un día después de conocerse el informe de transparencia que la empresa española Telefónica divulgó este miércoles, 22 de junio. En el mismo detalló que el gobierno de Nicolás Maduro cuadruplicó sus peticiones de espionaje sobre las comunicaciones de Movistar, su filial en el país.
El documento de Telefónica señaló que en 2017 se produjeron 234.932 solicitudes. Cuatro años después, en 2021, las peticiones ascendieron a 861.004.
Evidencias del espionaje
Para Azpúrua, otro punto que revela este informe es la evidencia en la que se convierte una operación de espionaje que se venía denunciando por los defensores de los derechos humanos.
«Ahora por primera vez tenemos un rastro en papel de lo que realmente está ocurriendo, algo que sirve de evidencia. Recordemos que el origen es un informe de transparencia de la casa matriz de Movistar, que es Telefónica en España, que realizó un documento que incluye no sólo Venezuela, sino que incluye a todos los países donde la empresa tiene operaciones».
El especialista también indicó que los números son alarmantes, sobre todo en lo que respecta a la intercepción de las comunicaciones. «Saber dónde estás, en tiempo real, por la ubicación de tu teléfono, y quizá no hay garantía de estar seguros».
Ante la pregunta sobre si Telefónica está obligada a reportar este tipo de solicitudes del Gobierno venezolano, el activista digital respondió que aunque debe consultar a un abogado europeo, está seguro que Telefónica, como cualquier empresa, tiene obligaciones en derechos humanos.
«Existen posturas internacionales de defensa de los derechos humanos para corporaciones y transnacionales. Es lo que se espera de una empresa grande. O sea, Google hace lo mismo, incluso sin estar obligados. Apple hace lo mismo. Facebook, Twitter también saca sus informes de transparencia», explicó.
¿Qué dice la legislación internacional?
Esta conversación por Twitter estuvo moderada por el gerente de información de El Pitazo, William Brito, quien preguntó si la legislación internacional permite a organismos del Estado solicitar una operadora privada la interceptación de comunicaciones de un ciudadano común.
El director de Venezuela Inteligente precisó que los estándares internacionales de derechos humanos en materia digital permiten una intercepción sólo si existe una razón legítima para investigar.
Puso, como ejemplo, la investigación de un crimen grave, una pesquisa penal, la cual debe ser ordenada por el Poder Judicial de los gobiernos.