El barranquillero compraba oro de la zona a precios oficiales, en vez de pagar los más altos precios de libre mercado. Tras concretar la operación, vendía el metal al Banco Central de Venezuela. Posteriormente, hacía arreglos de manera simultánea para que el producto fuese vendido en destinos internacionales, incluyendo Turquía
Gabriela Moreno / PanAm Post (Latinoamérica) – 07/09/2021
Entre extensas lagunas turbias contaminadas con mercurio ocurre la extracción de oro en Venezuela. Una actividad con cada vez mayor auge y que, además de la remoción del suelo para obtener el metal precioso, incluye “serias violaciones de los derechos humanos” y “las peores manifestaciones de trabajo infantil, trabajo forzado, torturas y violencia sexual generalizada”.
Y es que allí, en este territorio que es cercano a tierras brasileñas, se aprecia como “militares venezolanos forman una nefasta alianza con bandas criminales y guerrilleros colombianos, quienes en sociedad con líderes del régimen de Caracas controlan las minas”.
Este balance lo ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que declara de “alto riesgo el oro que fluye a los mercados internacionales desde Venezuela”, debido a las “operaciones de fraude y de lavado de dinero con el metal” que ocurren en una cadena “arbitraria y sistemática” que se ha robustecido a una velocidad importante en el país suramericano.
El texto de la OCDE que citó El Nuevo Herald lo confirma. A su vez, en el informe se explicó que “elementos de la Guardia Nacional obligan a los mineros a vender el metal a un precio muy por debajo de los cifras del mercado” en su alcabalas colocadas para alcanzar este fin. Una red de corrupción que inicia desde los rincones más recónditos del estado Bolívar y que ha beneficiado hasta a los socios más controvertidos, entre ellos al colombiano Alex Saab.
De hecho, el documento de la OCDE resalta en este entramado la supuesta participación de Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y quien fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 a petición de Estados Unidos, por estar involucrado en el lavado de al menos 350 millones de dólares en conjunto con el régimen venezolano.
Saab, quien ya estaría listo para ser extraditado a Estados Unidos, tras darse a conocer el último dictamen del Tribunal Constitucional de Cabo Verde que valida su proceso de detención y deportación a la nación norteamericana, estuvo involucrado en las operaciones mineras para comercializar con Turquía, explicó la OCDE.
El informe que a su vez, citó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, cuando le sancionó en julio del 2019, indica que Saab participó en una serie de operaciones ilícitas que incluía este metal precioso.
En concreto, se explica que el barranquillero compraba oro de la zona a precios oficiales, en vez de pagar los más altos precios de libre mercado. Tras concretar la operación, vendía el metal al Banco Central de Venezuela. Posteriormente, hacía arreglos de manera simultánea para que el producto fuese vendido en destinos internacionales, incluyendo Turquía.
Los fondos obtenidos a través de esas ventas se colocaban en cuentas del Banco Central de Venezuela en Turquía. Una vez que se encontraban allí, Saab utilizaba parte de ese dinero para comprar bienes de primera necesidad que luego eran vendidos al Estado venezolano a precios inflados, resaltó El Nuevo Herald.
Producción desconocida
El panorama favorece a la producción ilegal de oro en Venezuela que oscila entre las 38 y 75 toneladas al año. Para extraerlas, se estima que hay entre 70.000 y 500.000 venezolanos involucrados de forma directa o indirecta.
A diario, cada uno se sumerge a 50, 70 y hasta 120 metros bajo tierra para sacar las piedras que luego son llevadas a molinos para extraer el oro que posteriormente pasa de mano en mano hasta ser contrabandeado o hasta llegar al Banco Central de Venezuela (BCV).
Ellos representan el primer eslabón del “oscuro negocio” de la explotación y comercialización del oro que el chavismo exacerbó en febrero de 2016 con el decreto No. 2.248, que estableció la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
El proyecto que asomó Hugo Chávez en 2011 y que terminó aprobando Nicolás Maduro, avaló “arbitrariamente” la minería de 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar con presencia de minerales como oro, hierro, bauxita, coltán, diamante, manganeso y granito.
Aunque el régimen lo vaticinó como “una gran oportunidad para reordenar la pequeña minería del sur del país, atraer millonarias inversiones de empresas nacionales y extranjeras e incrementar los aportes a los programas sociales” se convirtió en una «sentencia de muerte para las selvas y su gran biodiversidad y para las 198 comunidades indígenas que allí habitan» afirma Transparencia Venezuela porque “gran parte de la producción termina en una larga cadena de sobornos y de extorsión para poder operar en la zona”.
Abusos en cadena
Los mineros están “obligados a vender su producción directamente a representantes de altos funcionarios del régimen, quienes terminan siendo los grandes beneficiarios de la operación”, informó el texto compartido por la OCDE.
De hecho, los pagos de sobornos a los generales que operan en la zona por parte de las operaciones mineras promediaron cerca de 20 kilogramos de oro por mes en el 2019, o unos 1.200.000 de dólares a los precios actuales.
“Esto, aparentemente, ha convertido los nombramientos a puestos en las zonas mineras en algo muy popular y la frecuente rotación presuntamente ha enriquecido a oficiales de alto mando, asegurando sus lealtades a la administración de Nicolás Maduro”.
Fuga por distintas rutas
El metal venezolano sale a través de diversas rutas al exterior para beneficio de los funcionarios, en algunos casos canalizando los beneficios a través de compañías registradas en la Florida. Las rutas más cortas son Guyana y Brasil, países fronterizos con Venezuela a través de vías de penetración por la zona de reclamación, El Candado, San Martín, Aroa y Barima.
“Otros se arriesgan más y salen por Colombia por tierra, pero la mayoría es oro propiedad de militares y funcionarios del gobierno. Los sindicatos, incluso, les recogen a ellos” apunta la OCDE.
“Todo pasa a través de los militares” mediante una “cadena” compuesta por las etnias indígenas Hoti o Sanema o Yekuana -en la parte más baja- las mafias y las agrupaciones armadas en la escala media y en la cumbre está “el general que controla toda la zona y el alto gobierno en Caracas”. Los altos oficiales de la Fuerza Armada operan como mayoristas del metal en el estado Bolívar, comprando en la zona hasta 100 kilogramos de oro a descuento.
Promesas sin sentido
Así la promesa de Maduro de contar con 150 empresas de 35 países en el Arco Minero del Orinoco quedó en palabras. De hecho, hasta noviembre de 2019 solo se constituyeron cuatro empresas mixtas y sobre ellas reina la misma opacidad que impera en Miraflores: No hay información pública oficial sobre los criterios de selección de los socios, el avance de los trabajos, ni el rendimiento de las operaciones.
Solo se sabe que “bandas criminales y las guerrillas operan en las minas de Bolívar incluso en los espacios que por ley le corresponde explotar a la empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela, C.A, (Minerven), adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)”.
La empresa creada en la década de los 70 y ubicada al sur de la entidad amplió su capacidad de procesamiento de 4 a 11 toneladas al año, luego del Decreto de Nacionalización del Oro que impulsó Chávez en 2011, sin embargo, en 2019 sus plantas están prácticamente apagadas.
- Gabriela Moreno / Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.