“El tono de la sentencia del juez Leonard Stark a favor de Crystallex no es usual”

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Horacio Medina, Presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA.

El presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA, Horacio Medina, Sostiene que en los próximos días serán tomadas algunas decisiones legales, mientras se consideran todas las opciones institucionales ante el reciente fallo del tribunal de Delaware en el caso Crystallex


 

Alejandro Hernández / La Gran Aldea (Venezuela) – 19/01/2021

A inicios de diciembre Horacio Medina fue designado presidente de la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), por parte del Gobierno interino que encabeza Juan Guaidó, decisión que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Se trata de un nombramiento de peso que pone a Medina en el medio de las gestiones por preservar los principales activos externos de la nación, mientras en el país se sigue intentando que ocurra un cambio político. De allí que no solo toca lidiar con la persistencia del régimen de Nicolás Maduro y cuanto haga, sino que además debe hacer frente a las voces que, desde diversos flancos y por múltiples razones, atacan al Gobierno interino.

Justo la semana pasada el juez Leonard Stark, del tribunal de Delaware, Estados Unidos, le dio luz verde a la minera canadiense Crystallex para avanzar en la venta de acciones de Citgo, filial de PDVSA en ese país, por un juicio en contra de la República por indemnización. Una decisión que despierta inquietud y ante la cual se esperan nuevas acciones.

-Entendiendo que este es un caso de la República y no de PDVSA, ¿cómo afecta a Citgo la decisión del juez Leonard Stark a favor de Crystallex?

-Ciertamente es una sentencia que va sobre las acciones que PDV Holding tiene de Citgo, pero mucha gente olvida que este caso es producto de que Hugo Chávez ordenó expropiar Crystallex y luego no pagó. Por eso los afectados introdujeron una demanda, argumentando que, como Nicolás Maduro y el chavismo tenían el control absoluto de las empresas del Estado, había lo que en términos jurídicos se denomina “alter ego”, que en la práctica significa que los activos de PDVSA en PDV Holding deben tratarse como propiedad de la República. Es muy importante recordar que el régimen madurista nunca presentó las pruebas necesarias para demostrar que el principio del alter ego no aplicaba en este caso y, por eso, en 2018 el juez Stark lo validó sentenciando, en primera instancia, a favor de los demandantes

-¿En qué punto entra la Asamblea Nacional y el Gobierno interino en este proceso?

-A inicios de 2019, con el reconocimiento del Gobierno interino, tomamos control del caso y nuestra defensa alegó ante la corte que no hay alter ego, que eso fue algo subsanado, y existe independencia y autonomía entre PDVSA y PDV Holding. Sin embargo, el juez, al retomar el caso ha insistido en que para el momento de su decisión la realidad no era diferente y que Maduro no cumplió con la normativa legal que correspondía y por eso estamos en una situación muy complicada a pesar de que PDVSA nunca se ha negado a pagar. Sin duda el tono que usó el juez Stark en esta decisión no es usual y demuestra, de alguna manera, cierta emotividad fuera de lo común en los dictámenes de los Estados Unidos. No es frecuente que esto ocurra, por eso es tan categórica su decisión a favor de la venta de las acciones de Citgo que son propiedad de PDV Holding.

 -¿Y qué acciones tomarán ahora?

-No me gustaría adelantar ningún tipo de conclusión que pueda revelar la estrategia que estamos construyendo; pero puedo decir que en los próximos días tomaremos algunas decisiones legales y vamos a considerar todas las opciones institucionales. También acudiremos a la interrelación con el mundo político, llámese Gobierno interino, Asamblea Nacional y actores de relevancia en Estados Unidos.

-¿La decisión del juez Stark podría imponerse sobre la licencia de protección de activos que prolongó el Gobierno estadounidense semanas atrás?

-En Estados Unidos hay independencia de poderes y el juez tiene la suficiente autonomía para dictar sentencia aun cuando desde la Casa Blanca se haya otorgado una medida de protección; pero es muy claro que la materialización del dictamen no se puede llevar a cabo en tanto y cuanto exista esta protección ejecutiva. Además, Crystallex, para implementar cualquier acción, primero debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro y eso no va a ser posible por ahora. Sin embargo, estamos tratando de que todo se haga en los mejores términos, por eso insistiremos ante el juzgado y los factores políticos para rescatar el activo patrimonial de Venezuela o garantizar el mínimo impacto posible.

-¿Cuál es la diferencia entre la protección que corresponde para el caso Crystallex y la que aplica para el litigio por el bono PDVSA 2020?

-La diferencia es que los acreedores del bono PDVSA 2020 ya tienen la licencia de ejecución del Departamento del Tesoro y por eso las acciones de Citgo tienen la medida de protección hasta junio. En el caso Crystallex los demandantes no tienen licencia del Departamento del Tesoro y es muy poco probable que la consigan, porque esta entidad pertenece al Poder Ejecutivo estadounidense. No quiero agregar nada más, porque todo esto forma parte de una estrategia global. Estamos muy conscientes de que contamos con respaldo político, pero eso no es suficiente; necesitamos lograr una solución completa que incluya lo legal e institucional.

-El economista Francisco Rodríguez dijo que, si bien los principales responsables eran Hugo Chávez y Nicolás Maduro, también hubo “errores legales” por parte del interinato, ¿a qué errores se refiere?

-No lo sé, habría que preguntarle directamente a él. Sin embargo, lo que el señor Rodríguez señala como errores, no necesariamente lo son. Esa es su interpretación. Es muy fácil, visto lo ocurrido, llegar a conclusiones como esas. Nosotros estamos convencidos de que actuamos de la mejor manera posible y acorde a los escasos recursos que hemos tenido disponibles. Un profesor mío decía que “es imposible ejecutar proyectos imposibles con recursos inexistentes”, entonces habría que preguntarle al señor Rodríguez qué hubiese hecho él teniendo las limitaciones que mencioné y el tiempo en contra. Esto es un gobierno en plenitud, razón por la cual ha sido casi heroico poder mantener todo esto.

-¿Por qué no cuentan con los recursos necesarios para los juicios y litigios?

-Yo entiendo que nuestra responsabilidad máxima y la esencia de la existencia de la Junta ad hoc, es la preservación de los activos de Petróleos de Venezuela, no solamente en los Estados Unidos sino también en otros muchos países alrededor del mundo; pero para lograr eso hacen falta recursos, porque son procesos legales muy complejos. Este es un problema que sigue presente, estamos muy limitados. Tenemos que trabajar mucho más de cerca con la Asamblea Nacional, para encontrar una solución a este asunto.

-¿Cuál es el estatus del proceso de apelación que iniciaron en el litigio del bono PDVSA 2020?

-Me debo cuidar de declarar sobre este tema, pero ya se notificó el inicio de la apelación, ahora viene un procedimiento con los acreedores. Es una dinámica compleja, porque los bonistas también están jugando, tienen sus abogados y algunas estrategias.

-¿Ha tenido contacto con los acreedores del PDVSA 2020?

-Siempre hay contactos con los abogados, eso forma parte de los puntos que no me gustaría tocar, porque podría incumplir algunas normas legales, pero, obviamente, estamos atentos. El hecho de estar en un juicio no impide que se pueda conseguir una solución o alternativa paralela que, incluso, pueda ser presentada ante la corte. Es decir, no hay nada descartable. Nosotros llevaremos argumentos muy sólidos a la apelación para demostrar que Citgo no puede ser asumido como colateral, y eso no quiere decir que no reconozcamos la deuda o que no hagamos todo lo posible por encontrar una solución.

-Como presidente de la PDVSA ad hoc, ¿qué responde a aquellos que insisten en que la estrategia correcta era negociar con los acreedores y no entrar en litigio?

-Que no había ninguna oportunidad de negociar. Como dije antes, en aquel momento los bonistas tenían la licencia para ejecutar el 50,1% de las acciones de Citgo; y había que impedir eso con una medida de protección de activos, pero la única forma de obtenerla era demandando. Mi pregunta para aquellos que insisten con este tema es ¿quién negocia cuando se está en una posición absolutamente ganadora? La respuesta es nadie, porque no hay ninguna razón para negociar. Creo que se hizo lo correcto y yo habría hecho exactamente lo mismo, porque esa decisión nos permitió seguir adelante y aun conservar a Citgo.

-¿La renovación de la licencia para proteger Citgo hasta junio 2021 puede ser revertida por la administración Biden?

-No es eso lo que estamos avizorando. La crisis venezolana forma parte de una agenda bipartidista en Estados Unidos y en función de eso han trabajado el Gobierno interino y la Asamblea Nacional. Hemos recibido el apoyo tanto del Partido Demócrata, como del Republicano, por eso no anticipamos que eso pueda ocurrir; así como tampoco podemos asegurar que vaya a ser extendida en el mes de junio, es algo que tenemos que ir viendo.

-¿Qué condiciones le puso el Gobierno americano al llamado G4 para la extensión de la licencia hasta junio?

-Yo desconozco las condiciones políticas, nosotros estamos concentrados en lo que tiene que ver con la gestión de PDVSA, Citgo y la defensa de los activos. No sé exactamente cuáles pueden ser las condiciones de carácter político. Yo creo que la mejor respuesta la podría dar el embajador Carlos Vecchio o el propio G4.

-Hay voces que han hablado de un presunto lobby de políticos opositores a favor de los intereses de los bonistas, ¿cuál es su opinión al respecto?

-No tengo ninguna evidencia en la mano, pero hay muchas cosas que generan dudas razonables, sobre todo los ataques que hemos recibido y los medios de donde han salido. Sin embargo, de ahora en adelante, cada vez que esto ocurra, saldremos a dar una respuesta firme y transparente. Yo veo que se sigue hablando de casos de corrupción a la ligera y sin entender que precisamente por la protección del Departamento del Tesoro y las regulaciones estadounidenses, Citgo está obligado a tener una gestión limpia y sin ningún tipo de mancha. No dudo de que puedan ocurrir manejos incorrectos, pero considero que las denuncias deben hacerse de una forma más responsable y abordarse desde el punto de vista legal.

-Hablando de denuncias responsables, semanas atrás The Washington Post publicó un reportaje sobre irregularidades entre el representante del Gobierno interino Javier Troconis y miembros del Gobierno de Paraguay. ¿PDVSA tiene algún tipo de vinculación con este caso?

-Te digo categóricamente que PDVSA no está involucrada en nada relacionado a ese tema. Todas las conversaciones que se han dado entre PDVSA ad hoc y Paraguay, han sido absolutamente institucionales; hemos intercambiado información y puntos de vista, pero sin llegar a acuerdos, tampoco se ha conversado con nadie de ellos por fuera, ni se ha propuesto nada.

-Desde que asumió el cargo de presidente de la junta ad hoc de PDVSA, ¿ha hablado con Juan Guaidó?

-Hemos tenido algún intercambio de notas, pero de manera personal no he hablado con el presidente Guaidó. Esa es la realidad. Pero sí he conversado con algunos de los liderazgos de la Asamblea Nacional, también con el coordinador del Centro de Gobierno. Me he puesto a la orden para suministrar información, requerimientos, escuchar sus observaciones e, inclusive, si hay alguna crítica, conocerla. Entendemos que hay una situación tremendamente compleja y por eso no hemos insistido mucho con el presidente Guaidó, de todas maneras, nos hemos mantenido en contacto a través de distintas formas.

-¿Qué opinión tiene sobre las sanciones?, ¿cree que la administración de Joe Biden va a afianzarlas o a flexibilizarlas?

-Las sanciones son efectivas en tanto y cuanto no se conviertan en una estrategia en sí mismas. Deben ser parte del plan, pero no el plan completo. Yo creo que en este caso el Partido Demócrata, que va a tener control del Senado, va a definir cuál será la dimensión que tendrán las sanciones en la presidencia de Joe Biden. Considero que todas las de carácter personal contra los miembros del régimen de Maduro van a continuar; pero habrá otras que evaluarán y ajustarán a la estrategia que tengan previsto desarrollar.

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