Entrevista a Bernard Mommer

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Bernard Mommer.

Hugo Chávez conoció un auge aún mayor del petróleo como fuente rentística y no sólo en términos absolutos sino incluso en términos relativos por habitante. A su vez gastó toda la alta renta petrolera y también endeudó el país de manera correspondiente y, en particular, endeudó a la misma PDVSA


 

Revista Ideas (Venezuela) – 05/07/2021

1. Profesor Mommer. Usted es tal vez en Venezuela y el mundo una de las personas que más ha estudiado y escrito sobre el tema petrolero. Usted tiene un enfoque del asunto petrolero basado en la teoría de la renta de la tierra. ¿Podría explicar en qué consiste su enfoque?

Antes de responder a sus preguntas, quiero agradecerle esta oportunidad de poder presentar mi ‘enfoque del asunto petrolero’. Indudablemente, se trata del ‘asunto’ de máxima importancia en la historia contemporánea de Venezuela.

Por otra parte, tengo que destacar primero que en realidad su entrevista se refiere a Venezuela como país exportador de petróleo, ya que en la misma usted omite cualquier referencia al mercado doméstico. Sin embargo, el mercado doméstico y el mercado de exportación son las dos caras de una sola moneda y solamente como tales pueden entenderse.

En Venezuela el petróleo es de propiedad pública y no de propiedad privada como es el caso de EEUU. Entonces, para los consumidores venezolanos el petróleo constituye un don libre de la naturaleza y, por lo tanto, los ciudadanos sólo tienen que pagar los costos de producción.

Desde luego, el Estado puede gravar los derivados del petróleo en el mercado doméstico con impuestos indirectos y, de esta manera encarecerlo o, por el contrario, puede subsidiarlos y, en consecuencia, abaratarlos. Por lo tanto, los impuestos o los subsidios correspondientes alivian o agravan la carga fiscal que se impone a todas las demás transacciones económicas. No obstante, en definitiva, el país no se enriquece y tampoco se empobrece por la variación de los precios en el mercado doméstico.

Ahora, al iniciarse el país como exportador de petróleo en 1917, ya el gobierno consideraba el recurso natural un don libre de la naturaleza de la nación, pero en cuanto a las exportaciones, como una fuente de una renta internacional de la tierra a favor de la nación. Así, al hablar del ‘tema petrolero’, ya no seguíamos hablando de un negocio, sino de dos: de los inversionistas exportadores, por una parte y, por la otra, de la nación como dueña del recurso natural.

2. De acuerdo con esa explicación, ¿cuáles han sido los hitos fundamentales de la política petrolera en Venezuela?

A principios de siglo, cuando se otorgaron las primeras concesiones destinadas a compañías petroleras internacionales, el Estado venezolano sólo tenía en mente atraer inversiones extranjeras, pero nada cobraba por el recurso natural, considerado simplemente como don libre de la naturaleza. Sin embargo, con la Primera Guerra Mundial, ya el petróleo cobró una importancia extraordinaria. El Estado venezolano entonces cayó en cuenta que el petróleo, más allá de atraer inversiones extranjeras, también podría servir de fuente rentística internacional, y procedió de manera correspondiente.

Se desarrolló para este fin una legislación específica de hidrocarburos que se orientaba por la legislación estadounidense en la materia, que refleja la propiedad privada, también en tierras y aguas públicas. Sin embargo, en este primer intento, todavía el Estado venezolano aún se quedó corto. Así, mientras que en EEUU, tanto en tierras como en aguas federales la tasa usual de regalía era un sexto, en Venezuela, en 1942, apenas promediaba 9,3%.

Sin embargo, también tenemos que destacar el desarrollo histórico de los impuestos generales en Venezuela, como expresión de la soberanía impositiva nacional. En efecto, el General Juan Vicente Gómez, apenas haberse apoderado del gobierno, incorporó en la legislación minera el concepto de que una concesión es un contrato entre el gobierno, por una parte, y la concesionaria, por la otra, incluidos los impuestos generales. Venezuela renunció así a su soberanía impositiva, y esta posición se mantuvo también en toda la legislación posterior.

Ante esto, el gobierno de Medina Angarita planteó una Reforma Petrolera integral, que se llevó a cabo en 1943 y se plasmó en una nueva Ley de Hidrocarburos, en la cual se impuso un sexto como tasa de regalía usual, también en Venezuela. Como contraparte, de lo que fue, en efecto, una negociación, las concesiones pre-existentes fueron renovadas por otros cuarenta años teniendo como base la nueva Ley de Hidrocarburos.

Además, en enero de 1943 entró en vigencia la primera Ley de Impuesto sobre la Renta (renta ingreso), y los concesionarios tuvieron que someterse a la misma y a todos los impuestos generales, como de hecho se especificaba explícitamente en la nueva Ley de Hidrocarburos; de hecho. Ésta era también la posición del Estado en EEUU, en cuanto a los arrendamientos petroleros en tierras públicas.

En plena Segunda Guerra Mundial, el petróleo venezolano desempeñó un papel de importancia absolutamente extraordinario y las concesionarias extranjeras y sus gobiernos respectivos no tenían otra opción que aceptar el planteamiento del gobierno venezolano, aunque sea rechinando los dientes.

El Estado venezolano estaba ahora en condiciones de aumentar el nivel de la renta internacional de la tierra y recaudar las ganancias extraordinarias que resultarían de la evolución de los precios y de los costos de producción, más allá de las diferencias que pudieran existir en cuanto a las rentas y regalías en el título de concesión, como resultado de las negociaciones y licitaciones específicas. De hecho, a partir de 1943 y hasta la nacionalización de 1975, todos los aumentos generales de la renta internacional de la tierra se basaron en aumentos de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta.

3. Una de las acciones claves de la política petrolera en Venezuela que luego se propagó por el mundo fue la idea del fifty-fifty aplicado en 1946 por el Gobierno de la Junta que presidió Betancourt ese año. ¿Qué opinión le merece esa medida?

En Venezuela  la ‘idea’ del fifty-fifty la introdujeron las compañías petroleras internacionales y sus asesores en 1943 y la introdujeron específicamente en contra de la soberanía impositiva al servicio del petróleo como fuente rentística internacional, al afirmar tajantemente que ninguna empresa estaría dispuesta a dar más de esta participación igual. En 1948 – y no en 1946 – convencieron al Presidente Betancourt y a su Ministro Pérez Alfonzo a aceptar un arreglo correspondiente, y el Congreso Nacional, donde Acción Democrática tuvo una mayoría absoluta, dio su visto bueno a la reforma requerida de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

En seguida Betancourt y Pérez Alfonzo, por una parte y las concesionarias extranjeras por la otra, conjuntamente empezaron a re-escribir la historia, tanto a nivel nacional como internacional. Sostendrían para esto que un gobierno democrático, gracias a su apoyo popular, habría logrado en 1948, lo que no habría logrado un gobierno despótico, carente de apoyo popular, con la Reforma Petrolera en 1943.

Luego, ese arreglo fifty-fifty se propagó en los países petroleros del Medio Oriente, todos ellos sujetos a regímenes coloniales y semi-coloniales y carentes de soberanía. Desapareció, en cambio, cualquier referencia a la Reforma Petrolera de 1943, así como a su dimensión soberana.

En la práctica, en Venezuela, el fifty-fifty estuvo formalmente vigente, desde 1946 y hasta 1957. Entre regalías e impuestos sobre la renta, el ingreso petrolero fiscal sumó en este período 4,4 mil millones de US$; el arreglo fifty-fifty generó, adicionalmente, un ingreso de apenas 112 millones, es decir, otro 2,5%. Dicho de otra manera, en términos cuantitativos, el arreglo fifty-fifty de 1948 carecía simplemente de importancia.

4. Otra política fue la de no más concesiones, también aplicada por Betancourt y su ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo. ¿Cómo evalúa usted esa política? Porque lo cierto es que cayó la inversión y luego la producción.

Primero tengo que aclarar que la producción venezolana llegó a su máximo en 1970, con 3.700.000 barriles diarios  después de haber sido Venezuela por 42 años, el país exportador de petróleo más importante del mundo. La producción empezó entonces a bajar, debido al agotamiento de las áreas tradicionales. Ese mismo año, por cierto, también se inició la caída la producción estadounidense por la misma causa.

Sin embargo, en Venezuela, las compañías petroleras internacionales sólo explicarían esta caída en función de sus intereses particulares, contrarios éstos al Estado terrateniente. Por lo tanto, alegaban que la producción caía por una parte, debido a los niveles ya intolerables de la renta por barril y, por la otra, debido a la reversión prevista, en 1983-1984, de todas las concesiones otorgadas en 1943-1944. En consecuencia, aducían que ya no podrían seguir invirtiendo, si no se les concedía, de alguna forma, una prórroga de sus derechos por otros cuarenta años, posibilidad prevista en la Ley de Hidrocarburos de 1943.

En 1960, el gobierno venezolano fundó la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) bajo la figura de un instituto autónomo, adscrito al Ministerio de Minas e Hidrocarburos. A esta Corporación se le adjudicarían algunas áreas, sobre las cuales promovería entonces convenios o la creación de empresas mixtas con la participación de intereses privados, lo que genéricamente se conoció como contratos de servicio. Éstos estarían, por una parte, basados en una concesión, aunque, por la otra, garantizarían a la CVP una participación, con voz y voto, en las actividades productivas correspondientes. De allí la consigna, originalmente de no más concesiones a particulares; luego ésta se redujo al eslogan, más corto y fácil a retener, de no más concesiones.

De hecho, como consecuencia de una reforma de la Ley de Hidrocarburos, en 1967, se estableció que las “Cámaras en sesión conjunta, debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes, aprobarán las bases de contratación dentro de las condiciones que fijen”. Esta autorización tenía que publicarse en la Gaceta Oficial, y luego tenía que publicarse íntegramente, también en la Gaceta Oficial, el ‘Contrato de Servicio’ resultante. En efecto, en 1970 el Congreso Nacional autorizó las negociaciones de cinco Contratos de Servicio, autorización publicada en la Gaceta Oficial, y en 1971 se publicaron los Contratos de Servicio en su forma definitiva. Todos tendrían un término de veinte años.

En estos años la discusión de la política petrolera nacional giraba ya en torno a la reversión de las concesiones otorgadas en 1943/4. Los Contratos de Servicio eran un primer andar a tientas en esta dirección. Las fuerzas políticas del país estaban convencidas que, de una u otra manera, con la reversión de las concesiones otorgadas en 1943/4, éstas se iban a renovar a favor de empresas mixtas por crearse, donde el Estado participaría por medio de la CVP y, posiblemente, también el sector privado venezolano.

5. Después de un largo debate en Venezuela, en 1976 Carlos Andrés Pérez acordó nacionalizar el petróleo. Es decir, indemnizar a las empresas concesionarias y que el Estado asumiera en control de la industria petrolera. Ya con el paso del tiempo ¿considera que fue lo apropiado?

El hecho es que en 1973 los acontecimientos espectaculares en el Medio Oriente cambiaron radicalmente la situación. En Venezuela en diciembre de 1973, las compañías petroleras internacionales emprendieron la huida hacia adelante. Cortaron en seco el proceso de reversión en marcha –el cual, se suponía, iba a culminar, en 1996/7 con la reversión de las concesiones otorgadas en 1956/7– y, en cambio, promovieron su nacionalización inmediata. Carlos Andrés Pérez, quien había sido elegido como Presidente de la República a principio del mismo mes, asumió en seguida la nacionalización y la presentó como su decisión, un proceder del todo comparable con la posición asumida en su momento por Betancourt y Pérez Alfonzo con el arreglo fifty-fifty.

Ciertamente, en 1975 tuvo lugar un ‘largo debate’ en el Congreso Nacional, aunque, en definitiva, la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos fue elaborada en Miraflores, e impuesta por el Congreso Nacional, en agosto de 1975 – no en 1976 – con la mayoría absoluta de Acción Democrática.

La ‘Ley de Nacionalización’, como se conoce popularmente, el 31 de diciembre de 1975 puso formalmente fin al régimen concesionario y, con ello, al Ministerio como sede institucional de la propiedad nacional de los hidrocarburos y de su valorización internacional. En cambio, a partir del 1° de enero de 1976, se pondría a la recién creada PDVSA a cargo de la administración del recurso natural en función de la actividad productiva, como representante de su accionista único, el Estado venezolano.

El Congreso Nacional, sede de la soberanía popular, quedó marginado de la política petrolera. Sólo le correspondería autorizar las bases de negociaciones entre PDVSA y el capital extranjero, después que las partes las hubiesen acordado entre sí, lo que incluía el Ejecutivo Nacional accionista. Pero manteniéndose de alguna manera las apariencias, la Ley de Nacionalización también exigía que las Cámaras en sesión conjunta, después fueran “debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes”. Además, no tendrían que publicarse los contratos definitivos en cuestión, ni en la Gaceta Oficial, ni en ninguna otra parte.

De los dos negocios del petróleo referidos arriba, pasamos a uno solo. El país tendría que contentarse ahora con las ganancias extraordinarias que podría generar la compañía petrolera nacional. Venezuela pasó así, de un régimen concesionario, a un régimen cesionario, al concederse a PDVSA todos los derechos sobre el recurso natural. Es decir, con la nacionalización del petróleo, la participación en las actividades productivas ya no constituiría un segundo piso constituido sobre el primero –definido éste por el régimen concesionario–, sino que constituiría una alternativa excluyente. El petróleo como fuente rentística internacional ya no tenía sede institucional, ahora sólo lo tenía el petróleo como actividad productiva.

Por eso, cuando Ud. me pregunta, si ‘con el paso del tiempo’, yo habría llegado a ‘considerar’ que habría sido apropiado ‘que el Estado asumiera el control de la Industria petrolera’, mi respuesta es que, con la Ley de Nacionalización, de agosto de 1975, se decapitó la política petrolera del país, extraordinariamente exitosa de someter el recurso natural de propiedad nacional a nuestro control soberano, precisamente sobre la base de un régimen concesionario moderno, altamente desarrollado. En cambio, con la Ley de Nacionalización se le sustrajo tal propiedad natural, un hecho que con el ‘paso del tiempo’ se ha confirmado una y otra vez.

6. Dos acciones fundamentales fueron la internacionalización de la industria que comenzó a llevar a cabo Luis Herrera y la política de apertura al capital internacional, con los segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Fue evidente que la producción aumentó. ¿Considera que fueron políticas positivas para ganar mercados e incrementar la producción?

Es importante aclarar que las políticas en cuestión se implementaron, explícitamente, en contra de la membresía de Venezuela en la OPEP. Desde la primera página de las tantas presentaciones que PDVSA y sus filiales hicieron en torno a estas políticas, siempre se dejó constancia que estas políticas supondrían que la producción venezolana ya no estaría sujeta a las cuotas OPEP. Se trataría entonces de una política de ‘volúmenes contra precios’; por lo tanto, sólo importaban grandes volúmenes, ya que los precios bajos tendrían como efecto principalísimo rentas petroleras menores. Así, a lo largo de los años 1990, PDVSA seguiría promoviendo una política de aumentos sistemáticos en los niveles impositivos de las actividades económicas no-petroleras, porque la industria petrolera no tenía la intención de seguir pagando impuestos más allá del nivel usual de las primeras. Además, esta política se celebraba y se exaltaba en la prensa nacional como la conquista de la independencia del petróleo, la entrada a la Venezuela post-rentista que traería el desarrollo de una verdadera democracia: verdadera, porque sus mismos ciudadanos mantendrían el gobierno y, en consecuencia, insistirían en el control democrático de sus gastos.

Esto también implicaba un ataque de fondo a la trayectoria de los partidos Acción Democrática y Copei, y por ende al régimen democrático que había surgido del Pacto de Punto Fijo. Estos partidos y el régimen político correspondiente giraban alrededor del petróleo como fuente rentística internacional, así como de su distribución nacional. Pero con la nacionalización, estos partidos habían perdido el control sobre el recurso natural como propiedad nacional. Más aún, PDVSA, con miras a las elecciones de 1998, ya estaba promoviendo un nuevo régimen político liberal, encabezado por una candidatura propia. En cambio, desde el Caracazo de 1989, AD y Copei estaban en un proceso de implosión.

PDVSA se mantuvo firme en su política de ‘volúmenes contra precios’ a lo largo del año electoral de 1998. Producía entonces cerca de un millón de barriles por encima de su cuota OPEP, es decir, de la cuota que el ministro venezolano del petróleo aprobaba reiteradamente en las Conferencias de la OPEP, y provocó así finalmente el peor colapso de los precios y, por ende, de la renta por barril, de toda la historia de Venezuela como país exportador. Definitivamente, el régimen político nacido del Pacto de Punto Fijo había colapsado, pero el candidato ganador de las elecciones presidenciales, en diciembre de 1998, fue el Teniente Coronel Hugo Chávez con su Movimiento V República.

7. Con Chávez hay un cambio fundamental en la manera de ver y utilizar el petróleo. Usted fue una figura importante por lo menos hasta 2014 en la política petrolera que aplicó Chávez. El resultado visible es una caída dramática de la producción y una PDVSA en decadencia. ¿Cómo valora la política petrolera de Chávez antes y ahora de Maduro? ¿Alguna autocrítica?

El único cambio que anunció Hugo Chávez como candidato a la presidencia de la República en cuanto a la política petrolera, estuvo reflejado en su posición a favor de las cuotas OPEP. Sin embargo, su persona sí representaba una amenaza mayor para PDVSA, porque él no estaba integrado en la estructura política cuidadosamente montada, con el objetivo de implementar el régimen cesionario en toda su extensión posible y crear el régimen político liberal correspondiente. El alto tren ejecutivo de PDVSA se opuso, pública y militantemente, al candidato Chávez; aunque el candidato Chávez, sólo tenía una comprensión circunstancial de la hostilidad en su contra.

Los promotores del régimen cesionario fueron originariamente los transnacionales, sus ejecutivos y sus bufetes jurídicos, nacionales e internacionales. PDVSA estaba en manos de los ejecutivos formados por las transnacionales a lo largo de las décadas del régimen concesionario, y sus asesores legales seguían siendo los mismos bufetes internacionales, y sus sucursales en Venezuela. Por lo tanto, la política de PDVSA no era otra que implementar, paso por paso, el régimen cesionario, por lo que seguían este proyecto aprovechando cualquier crisis política que pudiera presentarse.

Un claro ejemplo de esto es que, en 1999, aprovecharon la nueva Constitución Bolivariana, para darle rango constitucional al régimen cesionario. En efecto, en su Artículo 303 se establece, primero, que: «Por razones de soberanía […], el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., […]»

Cuando en Venezuela nos referimos simplemente a ‘PDVSA’, se entiende que estamos hablando de toda la industria petrolera; en cambio, cuando se habla más precisamente de Petróleos de Venezuela, S.A., la Constitución se refería a ‘PDVSA’ propiamente dicho, una sociedad de cartera, y accionista de sus filiales productoras. Pero Petróleos de Venezuela, S.A., la holding, una sociedad de cartera, no produce ni un solo barril de hidrocarburos, ni un pie cúbico de gas natural. Sigamos con el Artículo 303: «…exceptuando las de las filiales, asociaciones […], empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.».

La nacionalización, de acuerdo a la Constitución Bolivariana, se resume en que se liquidó al Ministerio de Minas e Hidrocarburos como sede institucional y reguladora de la propiedad nacional del recurso natural y de su valorización internacional, y se sustituyó por Petróleos de Venezuela, S.A., como sede institucional y reguladora del petróleo en cuanto actividad productiva, en base al recurso natural existente sin atribuirle otro valor que servir precisamente a este solo propósito. Además, la actividad productiva sería privatizable.

Como Presidente de Venezuela, Chávez también representaba al Estado como accionista único de PDVSA. Primero intentó superar la hostilidad de PDVSA en su contra, nombrando en cargos directivos a personas que estaban, dentro de PDVSA, en oposición a la alta jerarquía ejecutiva, hostil a su persona durante el proceso electoral; luego nombró a militares de altos rangos con el mismo fin. Sin embargo, todos ellos terminaron cooptados por y para defender a PDVSA, en contra de la intervención del Estado. Nadie supo distinguir, ni en el entorno de Chávez, ni dentro de PDVSA, entre el petróleo como fuente rentística internacional y actividad productiva nacional.

Chávez recurrió finalmente, en febrero de 2002, a círculos políticos de izquierda que históricamente se habían opuesto a PDVSA desde su fundación para nombrar, una vez más, otro presidente y una nueva directiva de PDVSA, provenientes de círculos políticos de izquierda que históricamente se habían opuesto a PDVSA desde su fundación. Se produjo entonces el golpe de Estado militar de abril de 2002, con el cual se intentó crear, por medio de la fuerza, el régimen liberal que había sido derrotado en las elecciones de 1998, y así restituir la vieja directiva de PDVSA. Fracasado el golpe militar, la alta gerencia dentro de PDVSA de inmediato preparó otro golpe, esta vez propiamente petrolero que consistió en paralizar, en diciembre de 2002, las exportaciones petroleras con el propósito declarado de forzar la renuncia del Presidente Chávez.

Este nuevo golpe también fracasó y al ponerse fin al mismo, en febrero de 2003 el Presidente Chávez ordenó el despido de 19 mil personas, de un total de 42 mil de la nómina de PDVSA, que de una u otra manera se habían ausentado del trabajo durante el período del paro. Nació así la ‘nueva’ PDVSA, a partir de una destrucción masiva de capital humano, de la cual la industria, en el mejor de los casos, tardaría años para recuperarse. En realidad, los responsables del paro no pasaban, cuando mucho, de unos pocos centenares; los demás eran en general simples participantes, interesados en regresar a sus puestos, aun aceptando una u otra penalidad. Pero así, en definitiva, las exportaciones conocieron desde entonces una tendencia decreciente.

Empero, tenemos que referirnos aquí a otro aspecto de mayor importancia, el cual hasta ahora obviamos: la relación entre nacionalización y deuda pública. A principios de los años 1970, Venezuela era un país sin deuda pública internacional significativa. De hecho, Betancourt y Pérez Alfonzo habían llegado a la conclusión, ya en los años 1945 a 1948, que el petróleo como fuente rentística internacional generaba una abundancia financiera tal que sobrepasaba la capacidad del país para su absorción productiva, definida en última instancia por su nivel de desarrollo. Es decir, si bien el gasto en exceso de la misma generaba un crecimiento económico momentáneo, no se transformaba en un aumento del capital humano o físico, por lo que la producción simplemente iba a recaer, al no poder mantenerse el gasto correspondiente. Para Betancourt y Pérez Alfonzo este hecho se manifestaba en el desarrollo de un consumo ostentoso e injustificable, por tratarse de un recurso natural no-renovable. Al crecer, en los años 1970, la renta petrolera internacional a saltos, no tenían dudas de que el aumento correspondiente no debería convertirse en un gasto público mayor. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez se decidió a favor de grandes planes de inversión, para lo cual no sólo contaba, en el presente, con una alta renta petrolera, sino también en el futuro, al endeudarse el país a la par que su crecimiento. Carlos Andrés Pérez estaba convencido que, con una nueva política económica bien concebida, la capacidad de absorción productiva no tendría limitación alguna y el resultado sería un crecimiento sostenido mayor.

Con el fracaso previsible de sus planes y la baja posterior de los precios, el país se iba a encontrar, en 1989, aceptando un préstamo de emergencia del Fondo Monetario Internacional, por cinco mil millones de dólares. Una de las condiciones impuestas fue la Apertura Petrolera, es decir, la entrega de actividades productivas el sector privado extranjero. El régimen cesionario sólo conoció entonces su primer gran avance. De alguna manera, nacionalización y deuda pública formaron un solo binomio. Venezuela, en realidad, hubiera debido salir del auge rentístico de los años 1970, no como país deudor, sino acreedor.

Hugo Chávez, 35 años más tarde, conoció un auge aun mayor del petróleo como fuente rentística, y no sólo en términos absolutos sino incluso en términos relativos, por habitante. A su vez, gastó toda la alta renta petrolera y también endeudó el país de manera correspondiente y, en particular, endeudó a la misma PDVSA. La capacidad de absorción productiva del país era ahora aún menor, debido a la pérdida de capital humano, y no solo en el sector petrolero. De manera que, al iniciarse la baja de los precios en 2013, después de su fallecimiento, se volvería entonces a la privatización progresiva de las actividades productivas, al igual que en los años 1990.

8. Finalmente. Dada la crisis del país y de la industria petrolera, ¿qué debería hacerse para salir de las crisis? ¿es recuperable Pdvsa?

Tenemos un país donde los más importantes dirigentes políticos del gobierno y de la oposición están dispuestos a plegarse, definitivamente, al régimen cesionario encabezado por PDVSA, y privatizar la mayor parte de las actividades productivas. En cambio, la recuperación del país supone que éste recupere la propiedad estatal nacional del recurso natural, a la cual tendría que subordinarse PDVSA, al convertirse en lo que siempre hubiera debido ser: una simple operadora.

En retrospectiva sobre nuestra historia como país petrolero, ya centenaria, quiero insistir en esta estimación de Asdrúbal Baptista. El Producto Interno Bruto no-petrolero por habitante durante el régimen concesionario –más precisamente, de 1922 a 1975–, creció a una tasa anual de 4,1%; en cambio, entre 1976 y 2017, durante el régimen cesionario, esta tasa se redujo a -0,9%. Creo que son datos que hablan por sí solos.


  • Bernard Mommer nació en Francia, de madre belga y padre alemán, refugiados del fascismo alemán. Es Licenciado en Matemáticas (1967) y Doctor en Ciencias Sociales (1977) de Universidad de Tubinga (Alemania). Llegó a Venezuela en 1970 y adquirió la nacionalidad venezolana en 1987. Entre sus publicaciones sobre la economía política del petróleo se destacan La Cuestión Petrolera (1988); El Petróleo en el Pensamiento Económico Venezolano, con coautoría de Asdrúbal Baptista y un prólogo de Arturo Uslar Pietri (1987); Petróleo Global y Estado Nacional, con un prólogo de Alí Rodríguez Araque (2003); y Recursos Naturales y Globalización: El Ejemplo del Petróleo, con un prólogo de Arturo Sosa, SJ (próximo a publicarse).
  • Artículo publicado en la Revista Ideas el día 23/06/2021

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