Renta petrolera de la Nación venezolana: Propiedad plena y asignación óptima

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Ni el gobierno es la Nación ni los nacionales somos engullibles por el gobierno y, de mayor importancia, el gobierno no es el Estado. ¿Cómo entonces nos ocurre a los nacionales que los gobiernos usurpen nuestra propiedad colectiva de la renta?

En la irresponsable administración de la renta petrolera radica la causa primigenia de los mayores daños causados a la Sociedad y a la Economía


 

Víctor J. Poleo Uzcátegui / Soberania.org – 12/08/11

La Nación y sus nacionales somos los naturales propietarios de la renta petrolera cuandoquiera que, en buena doctrina de Estado, somos los propietarios originarios del barril en tierra.

Sin embargo, tal principio fundacional todavía clama por su reivindicación en la institucionalidad del Estado. Justamente por ello, los gobiernos nos han históricamente usurpado la propiedad de la renta y no pocas veces han beneficiado de su co-propiedad al Capital Petrolero global (Empresas Mixtas). Los gobiernos y sus leyes petroleras, en efecto, ignoran a conveniencia que la renta petrolera rechaza ser conceptuada como propiedad del Fisco y, para mayor injuria a la Nación, han perfeccionado ad nauseam una praxis metodológica (regalía y tributos fiscales petroleros) que mal justiprecia nuestros derechos económicos a la propiedad plena de la renta.

De allí los grandes apuros revolucionarios ante ganancias súbitas del Capital (marzo 2008) y precios exorbitantes del barril de petróleo (mayo 2011). Hay más: la lección nunca bien aprendida por los gobiernos es no admitir que en su irresponsable administración de la renta petrolera radica la causa primigenia de los mayores daños causados a la Sociedad y a la Economía, no otros que los llamados demonios de la renta: inflación y devaluación; descapitalización, pobreza y desempleo; múltiples paridades monetarias y fuga de capitales; desmedidas deudas interna y externa; despilfarro y corrupción.

Si alguna capacidad predictiva anida en la historia, valga invocarla hoy. Sin renta petrolera los gobiernos son nada. En nada devino aquella Gran Venezuela que nunca alcanzamos a ser cuando, engatillada por el Embargo Árabe de 1974, nos ocurriera la primera gran oleada rentista del Siglo XX. Fue aquella Gran Venezuela, en efecto, nuestra primera revolución rentista, nuestro primer gran experimento fallido en simularnos grandes. Las lecciones por aprender, sin embargo, no fueron aprendidas por las clases políticas en funciones de gobierno cuando, en su momento, se vieron en presencia de nuevas oleadas rentistas (v.gr.: guerra Irán-Irak en los 80s, conflictos en el Medio Oriente en los 90s).

Gobiernos hubo, no obstante, que reincidieron en corregir nuestra grandeza apostando a las mismas causas que otrora le dieran lugar y así, predeciblemente sin éxito, idearon varios otros grandes ensayos revolucionarios de la clase El Gran Viraje. De aquellos vientos, estas tormentas. Luego de 35 años eludiendo aprender lecciones, el ahora mediatizado Socialismo del Siglo XXI emerge de la acumulación intolerable de nuestros atávicos males rentistas y los capitaliza en un casi 40% de la población víctima de deuda social. A diferencia del pasado, no obstante, sufrimos durante esta primera década del siglo XXI un experimento inédito en nuestra historia republicana: para erradicar los males rentistas, heredados unos y suyos los más, esta revolución cuartelaria dragonea aniquilarnos como Nación, renta mediante.

Se trata, en esencia, de la confrontación entre el cuartel vs la universidad, entre la barbarie vs la civilización. Mientras que la gran misión Energía nos descapitaliza de centenarios e irrecuperables conocimientos petroleros y descoyunta el sistema eléctrico nacional, la gran misión Vivienda despedaza nuestras capacidades de ingeniería constructiva. Lo grande de esta revolución rentista estriba en subyugarnos como Sociedad y reemplazar nuestra Economía con las economías de gobiernos amigos, solo importando que sean ellos mercenarios prestos al sicariato: he allí el guion en progreso, guion cuya autoría post-2003 es en mucho cosecha senil del Ayatola del Caribe y cuya ejecución es capitaneada por su pro-cónsul en Venezuela, el notariado Ali Rodríguez.

Así las cosas, el Brasil del hermano Lula (muito obrigado) y la Argentina de la parejita Kirchner (que grande sos vos, che) se brindan como graciosos proveedores de carne, pollos y huevos, amén de montadores de gasoductos al Sur, puentes, metros e hidroeléctricas (Macagua I y Tocoma). El patético Lukanshenko de Bielorrusia y el moribundo Gadafi fingen gerenciar viviendas (Guasimal) y plantaciones al Sur del Lago. Los silovikis, hijos de Putin, trasiegan su juguetería armamentista a las FARC, Libia, Siria e Irán. Los cubanos nos re-venden chucherías eléctricas y médicos de incierto profesionalismo. Los socialistas españoles de Zapatero-Moratinos pujan por construir centrales termoeléctricas (Cumaná y El Sitio, 1.000MW cada una) a 2.5 veces su costo. China, en fin, se erige sin requerirlo en nuestra nueva metrópolis (la que antes fuera Washington en el imaginario socialistoide) y, a cambio de los grandes yacimientos de crudos extra-pesados en el Orinoco, nos facilita un grande y pesado fondo monetario (Washington redivivo). En adición a los daños históricos y los magnificados durante esta primera década del siglo XXI, nos ocurre presenciar hoy la destrucción del Estado convencional, una grande destrucción solo viabilizable por gracia de una inusual renta en manos de un gobierno transgresor: el BCV es reemplazado por FONDEN, una oficina bancaria para transvasar la renta petrolera a Miraflores.

Ahora bien, si acaso anhelamos un futuro ajeno a grandes, revolucionarias y delirantes venezuelas, urge entonces desgobiernizar la renta petrolera. En justicia para la Nación, proponemos confiar a un Consejo de Estado la más sabia y ética administración de la renta petrolera. De lo contrario -en ausencia de un debate nacional y rectificaciones necesarias-, las clases políticas que hoy pugnan por gobernarnos en el siglo XXI mal podrán brindarnos un futuro deseable, un futuro distinto al pasado y al presente. Y no es todo: en un futuro tal vez no lejano subyace una Venezuela privada de nuevas oleadas rentistas. El Sistema Energía mundial, en efecto, privilegia cambios estructurales que presagian una disminuida dominancia del petróleo y para ello focalizando en el reemplazo de las gasolinas de motor, el segmento más preciado del barril y quid de la renta petrolera. A la par, y en igual dirección, actúan las fuerzas que privilegian el Ambiente. En el contexto de  este desafío es entonces obligante justipreciar el cambio político en Venezuela.

La Renta petrolera

Es una riqueza devenida (no trabajada por nuestra Economía) y en cuya formación contribuyen economías foráneas que demandan petróleo y no lo tienen. En tanto que la Energía es bien de bienes y el petróleo es su forma dominante, los precios internacionales del petróleo (que Venezuela no dicta) condicionan que la renta petrolera nos sea transferida en ocurrencias y magnitudes aleatorias. Definimos renta como la diferencia entre el precio del barril en los mercados internacionales y sus costos todos en Venezuela, i.e.: costos por levantamiento del barril, procesamiento-refinación, almacenamiento y transporte al puerto de exportación, y a ellos añadiendo los costos de capital y las convencionales ganancias del operador que presta sus servicios a la Nación-propietaria.

Tal definición es solo viable bajo el modelo relacional Estado: Capital de la clase contratos de servicio. Dicho de otra forma: el Estado-Nación contrata y honra los costos asociados a los servicios corporativos prestados ad hoc por el Capital petrolero, ya lo sea propio como PDVSA o de nacionales privados (como los fueran Mito Juan y otros pre-nacionalización en 1976) o ya lo sean capitales internacionales como Shell, BP y Petrobras.

La renta petrolera es propiedad de la Nación, no de sus gobiernos

Es doctrina constitucional que los recursos naturales pertenecen a la Nación y a sus nacionales. En consecuencia, si el barril en tierra es propiedad de la Nación, así también lo es, en buena lógica, su valor comercial excedentario, i.e.: la renta asociada. La Nación, en principio, somos sus nacionales, una entidad inasible y difusa. Los nacionales, sin embargo, no somos esa inferior entidad política que es el gobierno, una de las varias entidades que conforman el Estado instituido.

En otras palabras: ni el gobierno es la Nación ni los nacionales somos engullibles por el gobierno y, de mayor importancia, el gobierno no es el Estado. ¿Cómo entonces nos ocurre a los nacionales que los gobiernos usurpen nuestra propiedad colectiva de la renta? Salvo pruebas en contrario, no existe mandato fundacional alguno que inequívocamente establezca la propiedad de la renta por los gobiernos. Así por ello, por defecto, las leyes petroleras sirven de coartada para engranar con esa otra doctrina constitucional que, acríticamente, entrega sin restricciones la administración de la Hacienda al Jefe de Estado (vide: art. 226 CRBV y numeral 11° del art. 236 CRBV).

Es de conjeturar, a manera explicativa, que las clases políticas solo ambiciona(ro)n auto-heredar la propiedad de la renta petrolera desde el gobierno, no importando(les) que por su atípica naturaleza -y letales riesgos en desequilibrar la Economía-, los llamados tributos fiscales petroleros rechacen ser tratados cual si fueran uno cualquiera de los muchos otros tributos fiscales que le son dados arbitrar a los gobiernos, v.gr.: el IVA, impuesto al valor agregado, un impuesto coyuntural sobre el precio final de un bien transable en el mercado interno.

La renta petrolera no es conceptuable como un tributo al fisco nacional, toda vez que su existencia nos es ajena (a Venezuela) y, justamente por ello, no es del dominio de la Nación ni, por extensión, es del dominio de sus gobiernos decretar su naturaleza fiscalista. No es Venezuela, en efecto, una suerte de metrópolis imperial cuyas colonias de ultramar se obligan a tributarle regalías sobre sus riquezas. La renta petrolera, en consecuencia, mal puede ser conceptuada como un tributo fiscal que, en nombre de la Nación, los gobiernos nacionales unilateralmente imponen a otras naciones y/o corporaciones globales. 

Regalía y tributos fiscales

Por barril referimos a crudos o a sus productos de refinería (gasolinas, destilados medios y residuales). Sea, por ejemplo, un cierto barril de crudo o producto cuyo precio internacional es $100 y sean $20 sus costos todos.  Se tiene entonces que la renta asociada es $80. Nos ocupa denunciar aquí que la renta por barril cuantificada según los usos y costumbres vigentes -i.e.: los así llamados tributos fiscales petroleros- es siempre menor que la renta por barril acreditable a la Nación si justipreciada en correspondencia con la definición establecida al inicio.

La formación de los llamados tributos fiscales petroleros descansa en la regalía, un recurso tributario de raigambre feudalista -cfr. royalty: impuesto de la realeza a súbditos que usufructu(aro)n sus tierras- y que, en un mientras tanto, nos fuera tempranamente sembrado por los capitales petroleros anglosajones en la dialéctica de sus relaciones contractuales con los gobiernos de inicios del Siglo XX. La regalía es una fracción del precio internacional del barril que, ab initio, marca la propiedad nacional de un segmento de la renta en tanto que si fuese riqueza feudal extraída de la tierra. La regalía es, en esencia, una coartada de inútil (pero perversa) importancia para arbitrar la formación y la propiedad de la renta. Considere entonces el siguiente ejemplo numérico y con referencia a Empresas Mixtas (relación Estado: Capital impugnada en 2008 ante la Sala Constitucional del TSJ por ceder soberanía sobre la propiedad del barril y su renta):

No es difícil demostrar la imposibilidad combinatoria de la dupla regalía-ISLR para capturar 100% de la renta (re.: modelo matemático del autor, 2001). Es por ello lógico colegir que la regalía conlleva intrínseca una muy vergonzosa inutilidad, tanto por su empirismo numérico (¿y por qué no 29%?  o ¿por qué no 31%?) como por su confesa infuncionalidad para capturar ganancias petroleras súbitas. No solo inútil es la regalía como recurso tributario -si acaso todavía conceptualmente calificara como tal-, sino que su inútil importancia devino en una suerte de quid pro quo para totemizar como importantes a unos varios intelectuales inútiles del pensamiento económico-rentista contemporáneo.

En oposición, la renta petrolera si es de naturaleza fiscalista para con las corporaciones globales y usuarios finales cuando es ejecutada por los gobiernos en sus específicos ámbitos nacionales, ámbitos que dan origen a la riqueza rentista capturada por sus gobiernos (ver.: Who gets what from OPEC Oil, publicación anual del Secretariado OPEP).


Víctor J. Poleo Uzcátegui / Profesor de postgrado en Economía Petrolera, Facultad de Economía y Ciencias Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas. / E-mail: vpoleo@googlemail.com

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