Al mineral, avaluado en más de 35.000 millones de pesos, le impusieron medidas con fines de extinción. El ente investigador señaló que estos grupos criminales usan comunidades indígenas para extraer el denominado oro negro en territorio venezolano
El Espectador (Colombia) – 22/12/2021
La Fiscalía General impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 30 toneladas de coltán, las cuales han sido incautadas en procedimientos realizados durante los últimos seis meses en los departamentos del Vichada, Guaviare y Guainía. La investigación judicial determinó que estos cargamentos eran de las disidencias de las FARC y el Eln quienes, al parecer, instrumentalizan a las comunidades indígenas para extraer el mineral en la parte media y alta del río Inírida, en la zona de reserva forestal Puinawai y en Parques Nacionales Naturales de la Amazonía colombiana.
El ente investigador también señala que luego coordinan su transporte por vía fluvial a distintos puntos de almacenamiento. En una de las operaciones, en San José del Guaviare, fue interceptada una embarcación que transportaba 247 lonas blancas con seis toneladas de coltán. En estos seis meses también fueron incautadas 18 toneladas del mineral, que fueron encontradas en vehículos y embarcaciones en Inírida, Guainía. La Fiscalía también reportó que 28 bolsas plásticas con coltán fueron incautadas al frente Acacio Medina, en la misma capital del departamento.
Con la supuesta muerte de alias El Paisa, reportada hace algunos días, se conoció que este líder disidencia de las Farc de la Segunda Marquetalia estaba a cargo de un asunto que ha venido prendiendo las alarmas de las autoridades colombianas: las extorsiones en las minas de oro y coltán. Según fuentes del ente investigador que han seguido de cerca cómo las disidencias de las Farc se han venido rearmando, indican que además coordinaba las rutas del narcotráfico.
En abril pasado, cuando el Ejército decomisó un cargamento de seis toneladas de coltán en la frontera, este diario contó cómo funciona el tráfico de este mineral en la extensa frontera colombo venezolana. El coltán es utilizado para la fabricación de equipos tecnológicos y que termina en los mercados de Alemania, Bélgica, Kazajistán y Estados Unidos y en Colombia no existe hoy un solo título minero que permita su extracción. Entre los grupos criminales que hacen parte de este negocio están el frente Acacio Medina de las disidencias de las Farc, el Eln y las disidencias de Iván Márquez.
La organización Kapé Kapé, que vela por los derechos de las comunidades indígenas venezolanas contó el año pasado en un informe lo que los grupos armados colombianos estaban haciendo en este millonario negocio ilícito. “En el caso del coltán, cuyas minas se encuentran en Parguaza al sur del municipio Cedeño en el estado Bolívar, la Organización SOS del Orinoco ha denunciado recientemente el avance que está teniendo su explotación y su consecuente contrabando, el cual finaliza en países como Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Brasil y Mercados del Medio Oriente”.
En su informe agregan que estos hechos “Solo ha sido posible a partir de la complicidad que el Estado ha tenido con distintos grupos, dentro de los cuales se encuentran: sindicatos, disidentes de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas del país y altos funcionarios del gobierno”. La organización dice que el Arco Minero —nombre que el gobierno de Nicolás Maduro le dio a esta zona en el estado de Bolívar y donde hay gran actividad de explotación irregular de metales y minerales— Los mineros pagan para su procesamiento a los grupos armados que controlan el territorio entre un 30 y un 50 % de lo que extraen.
“Pero no solo los mineros deben pagar a estos grupos, también los residentes que trabajan en otros negocios como expendio de alimentos, restaurantes, alquileres de locales, entre otros deben pagar una cuota fija de oro semanal para poder trabajar. Es natural que, en este tipo de contexto delictivo, donde se desarrolla la actividad minera emerjan todo tipo de abusos y violaciones, como la trata de personas y la violencia de género, violencia sexual, explotación infantil, persecuciones, desapariciones y masacres”. El informe también agrega que en esta zona las niñas y adolescentes son “utilizadas como mercancía de compra y venta con oro, tanto para el trabajo como para intercambios sexuales. Su valor oscila entre los 5 y 10 gramos de oro, siendo el costo mayor a menor edad de la mujer”.