La herida mortal a las disidencias de las Farc en territorio venezolano

0
19
Dairo Antonio Úsuga David es el máximo jefe del 'Clan del Golfo'. Fue detenido este sábado. Foto: Presidencia de la República.

Corrupción, imputaciones y capturas, dentro de las noticias judiciales del año


 

El Tiempo (Colombia) – 11/12/2021

Cinco años después de firmado el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc, las dos poderosas disidencias que surgieron casi de inmediato aparecían en la lista de obstáculos para consolidarlo, junto al asesinato de desmovilizados y el ataque de algunas orillas.

Videos amenazantes en contra del presidente Iván Duque, alianzas (incluso con Hezbolá) para ejecutar atentados en grandes ciudades y el tráfico de mucha cocaína empezaron a marcar la agenda de la llamada ‘Segunda Marquetalia’, bajo el mando de ‘Iván Márquez’, y de la banda de ‘Gentil Duarte’.

Memento mori, Duque. A todo Procusto le llega su deseo, es decir que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos”, dijo alias Jesús Santrich, segundo cabecilla de la banda de ‘Iván Márquez’, el 22 de febrero de 2021.

Y sus excompañeros de las ahora ex-Farc también ingresaron a su lista de objetivos. Luego de intentar una fallida alianza con ‘Gentil Duarte’, y la ofensiva que desplegaron las Fuerzas Militares colombianas contra las disidencias, los renegados se instalaron en Venezuela. Allí se les unió Henry Castellanos, alias Romaña, el guerrillero de los secuestros de industriales y ‘pescas milagrosas’ que sembró el terror en los 90.

Allí ya estaba Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, el sanguinario jefe de la columna ‘Teófilo Forero’ que ejecutó atentados como el del club el Nogal (2003); el secuestro del Edificio Miraflores, en Neiva (2001), y el plagio masivo de diputados del Valle (2002).

Pero en mayo pasado, la historia criminal de la banda de ‘Márquez’ empezó a cambiar. Después de permanecer un tiempo en Caracas, protegido por el colectivo chavista armado la Piedrita’, ‘Jesús Santrich’ empezó a levantar un nuevo campamento en los límites con Colombia, en la zona del Perijá. Y hasta allí llegó, el 17 de mayo, un comando armado que lo aniquiló y le cortó una falange de su meñique derecho para intentar cobrar las jugosas recompensas que Washington y Bogotá ofrecían por él.

La corrupción que reina en las filas del Ejército venezolano y las labores de inteligencia de agencias de varios países llevaron a que rápidamente se ubicaran las otras áreas campamentarias en donde ‘Romaña’ y el ‘Paisa’ venían negociando cocaína y disputándose las narcorrutas con el Eln y con su archienemigo, ‘Gentil Duarte’.

El sábado 4 de diciembre cayó asesinado el ‘Paisa’ y 60 horas después se confirmó la noticia de que ‘Romaña’ también fue aniquilado. Dos fotos inéditas, publicadas en exclusiva por EL TIEMPO, confirmaron que Venezuela ya no es un territorio seguro para las disidencias.

Se calcula que ‘Márquez’ tiene bajo su mando unas 800 personas, 200 ya armadas, incluido el Zarco Aldinever, tan letal como el ‘Paisa’. Pero su banda está herida de muerte y ya sabe que, a ese lado de la frontera, puede ser el próximo.

Cayó el gran capo de la cocaína

En la maleza, solo y totalmente acorralado por la Fuerza Pública, fue capturado el mayor narcotraficante de cocaína y jefe del clan del Golfo’, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. La noticia le dio la vuelta al mundo el 23 de octubre, cuando el presidente Iván Duque confirmó que había sido detenido en zona rural de Turbo, Antioquia.

‘Otoniel’ encabezaba el cartel de los más buscados y será extraditado a EE. UU. A este golpe se suman varias operaciones y bombardeos contra las disidencias y el Eln, que este año sufrió bajas trascendentales: 8 jefes de estructura, entre ellos ‘Fabián’, quien fungía como jefe del frente de guerra Occidental, con 430 hombres en armas y con presencia en tres departamentos, dedicados al narcotráfico.

Reformas judiciales y la extradición de Carlos Mattos

En junio se aprobaron en el Congreso dos reformas judiciales importantes. Primero, el Gobierno promovió y logró la aprobación de una reforma de la justicia, algo que se había intentado hacer sin éxito durante los últimos 18 años; y, segundo, se hizo una reforma del Código Disciplinario que aplica la Procuraduría, producto del fallo de la Corte IDH que, en 2020, condenó al Estado colombiano por haber vulnerado los derechos políticos de Gustavo Petro cuando fue destituido siendo alcalde de Bogotá.

Además de reformas, el 18 de noviembre arribó al país, extraditado, Carlos Mattos, señalado de maniobras ilegales para manipular decisiones judiciales en el ‘caso Hyundai’. Su extradición desde España estaba en trámite desde hacía cuatro años.

Condena por caso de J. Bedoya

Jineth Bedoya, periodista. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

El 18 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por el secuestro, tortura y violación de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, luego de haber sido interceptada en las puertas de la cárcel La Modelo de Bogotá por paramilitares y “sometida a un trato vejatorio y extremadamente violento”.

La Corte IDH encontró al Estado “responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista” y advirtió de la existencia de “indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los referidos hechos”.

Tapia, Mintic y corrupción

El 25 de junio estalló el escándalo de corrupción más grande por el que ha atravesado el gobierno Duque. El ambicioso contrato de conectividad del Mintic para favorecer a 7.000 colegios en zona rural fue respaldado con dos garantías falsas. Se descubrió que detrás del contrato, por 1,07 billones de pesos, estaba Emilio Tapia, un exconvicto que ya había sido protagonista de otro saqueo de las arcas públicas: el ‘carrusel’ de la contratación.

La trama, que le costó el cargo a la ministra Karen Abudinen, ha dejado en evidencia fisuras en la contratación pública y una red de firmas que se han quedado con jugosos contratos usando papeles falsos. Pero faltan los cómplices: van 3 capturas

Eutanasia y condenas

La Corte Constitucional amplió el derecho a morir dignamente a pacientes que no estén en fase terminal, siempre y cuando padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico por lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

Además, revivió las curules de paz, elemento clave incluido en el acuerdo Gobierno-Farc, y tumbó la pena perpetua para los asesinos y violadores de niños. De otro lado, la Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y 11 meses de prisión al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por ‘parapolítica’, así como al exmagistrado de ese mismo alto tribunal Gustavo Malo por el ‘cartel de la toga’ y ordenó la captura del exgobernador de Santander Richard Aguilar.

JEP dictó sus primeras imputaciones

Luego de tres años de funcionamiento, este 2021 fue el año de las primeras decisiones de fondo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se dieron en dos de sus casos: el 01, sobre secuestro, y el 03, sobre ‘falsos positivos’.

En enero, el tribunal imputó a los ocho máximos jefes del desaparecido secretariado de las Farc (incluido Rodrigo Londoño), quienes ya aceptaron su responsabilidad en la mayoría de crímenes de guerra y de lesa humanidad endilgados, a excepción del de esclavitud, que abrió una discusión en la JEP.

En cuanto al caso de ‘falsos positivos’, la jurisdicción determinó que el número de víctimas sería 6.402 (el triple de lo que se pensaba), e imputó a 25 miembros del Ejército y un civil que habrían participado en las ejecuciones en Catatumbo y la costa Caribe. De ellos, 22 aceptaron su responsabilidad, pero ante la ausencia de reconocimiento de los coroneles (r) Publio Mejía y Juan Figueroa, sus expedientes fueron enviados a la fiscalía de la JEP, que podría empezar un juicio en su contra que los expone a penas de 20 años de cárcel.

La extradición de Saab y sus efectos

Aunque ocurrió a cientos de kilómetros de Colombia, la extradición del barranquillero Álex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos –el 17 de octubre pasado– tendrá repercusiones judiciales en el país.

La defensa del hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro está concentrada en debilitar el caso por lavado de activos, que se le sigue en una corte de Miami. Pero la Fiscalía de ese país empezará a destapar las cartas que tiene en su contra para ligarlo a maniobras corruptas del régimen.

Y es un hecho que empresarios, banqueros y hasta políticos colombianos saldrán a relucir cuando arranque el juicio contra Saab, en el 2022.

Y si bien Washington le apunta al rol de Saab en los acuerdos ocultos de Venezuela con Irán, Turquía y Rusia, no se descarta que aproveche y le envíe a Colombia datos sensibles que pondrían a dar explicaciones a personajes que son dueños de jugosas fortunas. Este proceso, que tendrá su desarrollo en los próximos meses, pasa por operaciones de blanqueo y compra de armamento, pero también por negocios ocultos con varios colombianos.


  • JUSTICIA Y UNIDAD INVESTIGATIVA / EL TIEMPO

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.