Desde 2002, el chavismo ha perseguido y encarcelado a los empleados que piensan diferente. Algunos se fueron por las graves condiciones laborales
Oriana Rivas / PanAm Post (Latinoamérica) – 25/11/2020
Una de las características del chavismo, y en general de los regímenes autoritarios, es la de perseguir a quienes piensan diferente. Si eres opositor del régimen, seguramente irás preso. No hay otro camino.
Esto también ocurre en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde prevalece la ideología antes que cualquier conocimiento profesional, especialización o años de servicio. Como ejemplo, está la detención de Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), quien ha sido un importante crítico a la gestión del régimen respecto a PDVSA.
En días recientes y sin mayores explicaciones, funcionarios policiales se llevaron al líder sindical a una oficina de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Puerto La Cruz. Luego fue trasladado a Caracas. Los cargos imputados serían terrorismo, asociación, revelación de información confidencial y conspiración, señaló El Impulso.
Sin embargo, la arremetida contra Girot no es nueva. A los largo de la dictadura chavista, la persecución contra trabajadores de la petrolera ha sido constante. Todo depende de si adhieren o no al pensamiento comunista.
Las detenciones tras el paro de 2002
Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 ocurrió el paro petrolero impulsado por la entonces oposición venezolana para presionar al régimen de Hugo Chávez y para rechazar medidas que afectaron a la empresa, tales como la destitución de siete altos funcionarios.
Este cóctel propició la paralización de la industria y derivó en el despido de la mayor parte de la junta directiva de PDVSA y de unos 20.000 empleados, reseñó El País. Según la dictadura, las pérdidas a raíz del paro fueron de 19.000 millones de dólares, monto que según la justicia venezolana debían repartir entre los acusados.
«Lo pretenden dividir entre los 185 acusados, con lo cual cada uno debería pagar más de 100 millones de dólares, cifra exagerada, absurda a todas luces», declaró el abogado y presidente de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.
El entonces presidente de PDVSA y exministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez —que ahora se proclama opositor a Maduro— dijo a mediados de 2005, antes de que la Contraloría comenzara el proceso contra los acusados, que el paro petrolero fue «un crimen contra el pueblo».
Estas medidas conformaban la antesala para una persecución que al día de hoy no ha cesado dentro de la estatal petrolera.
El régimen del terror
Después de Ramírez, PDVSA tuvo otros dos presidentes, hasta que en noviembre de 2017 Nicolás Maduro designó al general de división Manuel Quevedo, un exministro de Vivienda poco conocido, quien reemplazó a dos ejecutivos encarcelados por presunto soborno, agrega la nota de Reuters.
A su llegada, Quevedo despidió a muchos empleados e instó a los restantes a denunciar a cualquier colega que se opusiera a Maduro. Seleccionó soldados para los puestos principales, lo que le brindó a la empresa petrolera la atmósfera de un «cuartel», dijeron dos fuentes de la compañía a la agencia de noticias.
“Los militares llegan llamando a los ingenieros ladrones y saboteadores”, dijo un ejecutivo petrolero venezolano de una empresa privada que trabaja frecuentemente con PDVSA.
Por su parte, el propio Wills Rangel, miembro de la junta directiva de PDVSA y representante sindical progobierno reconoció la fuga de talento. “Las renuncias masivas son preocupantes”, dijo en una entrevista. «En las operaciones de refinería, muchos se han ido», declaró.
«Si no votas por el oficialismo, te echan»
Efectivamente, cerca de 25.000 trabajadores dimitieron entre principios de enero de 2017 y finales de enero de 2018, según datos internos de la empresa revelados a Reuters por el líder sindical opositor, Iván Freites.
Esa cifra proviene de la observación del último reporte oficial de la fuerza laboral de PDVSA en 2016, donde se constataba que la empresa contaba ese año con 146.000 empleados. Es decir, para ese momento PDVSA había perdido al 17,1 % de su plantilla en forma de renuncias, abandonos y dimisiones, completa el portal Libre Mercado.
«Yo me he marchado a Ecuador con mi mujer y mis dos hijos. La situación es insostenible, mi último salario fue de 6 dólares mensuales. La fuga de trabajadores no se puede controlar. No valoran el trabajo, si no votas por el oficialismo o si no vas a votar te echan», declaró en 2018 un ingeniero de manera anónima.
Para ese año, un ingeniero con 15 años de experiencia ganaba unos 14 dólares al mes en Venezuela. Ese mismo puesto en otra empresa petrolera tenía por aquel entonces una retribución de entre 3.000 dólares y 12.000 dólares mensuales.
Según fuentes de empresas multinacionales que operan en Venezuela, esta situación alarmaba a las firmas asociadas, como Chevron con sede en California, Rosneft de Rusia y CNPC de China. Pero como socios minoritarios, tienen poca o nula influencia sobre los salarios y la gestión de PDVSA.
Reestructuración de PDVSA
En febrero de este año, Maduro ordenó crear una comisión encabezada por el vicepresidente de Economía y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, para «reestructurar» la estatal petrolera PDVSA.
La persecución quedó oficializada cuando el dictador ordenó a El Aissami —funcionario sancionado por Estados Unidos— que la comisión tenía que ir tras los «infiltrados» en la industria. Con una orden similar a la que había dado en el proceso de reestructuración de 2017, declaró: «Hay que liberar a PDVSA del burocratismo, la corrupción y los infiltrados», según lo reportado por Reuters.
En agosto, extendió por seis meses más las funciones de la comisión, la cual mantendrá «poderes absolutos», dijo en televisión nacional.
Acusaciones de espionaje para EE.UU.
Ya con luz verde, Maduro arrestó en marzo a dos gerentes de PDVSA por presuntamente espiar para Estados Unidos. Según el dictador, ambos empleados entregaban información «estratégica» con la intención de «agredir» a la estatal PDVSA.
Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba fueron acusados de suministrar «datos sobre las operaciones de la industria en sus distintas áreas, sobre la actividad de venta y comercio de petróleo venezolano y la capacidad logística». El gobierno chavista pidió entonces a la Fiscalía iniciar la investigación penal sobre quienes acusó por «traición a la patria», indicó Ámbito.
Dos meses después, Bartolo Guerra, un capitán de remolcador con 24 años de experiencia en PDV Marina, fue arrestado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tras criticar al régimen en una reunión con los líderes de la compañía.
Durante el encuentro, Guerra comentó que había estado trabajando durante 40 días consecutivos sin un solo día libre, y que la compañía no había proporcionado alimentos ni agua para los empleados.
Según informó Eudis Girot, Guerra terminó culpando a Maduro y al régimen de la situación de la empresa. «Lo único que hizo fue decir la verdad sobre las condiciones infrahumanas en que laboran y la corrupción que carcome, no sólo a PDV Marina, sino a toda Petróleos de Venezuela», aseveró.
Directivos de Citgo
Pero los empleados no son los únicos propensos a caer presos por capricho del gobierno. Seis ejecutivos de Citgo fueron detenidos en 2017 bajo una acusación de malversación y lavado de dinero.
Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira llegaron engañados a Caracas, con el propósito de hacer unas negociaciones con la tiranía, pero fueron apresados al ser atraídos a la capital bajo el señuelo de tratar temas relacionados con la petrolera Citgo. Ya han pasado tres años y siguen presos, cuatro de ellos en cárceles del país y dos, con arresto domiciliario.
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo ha reiterado en numerosas ocasiones que el proceso ha estado plagado de vicios y exigió que sean liberados. Por su lado, el chavismo sostiene que los directivos firmaron un acuerdo para refinanciar la deuda de Citgo en condiciones contrarias a sus intereses al comprometer a la refinería como garantía de la operación, apunta la BBC.
Tal parece que a Maduro le faltaría un espejo para que vea cómo él mismo, en sus propias manos, puso a Citgo como garantía y permitió que pasara a mano de los acreedores por no pagar los Bonos 2020.
Las últimas detenciones
Además del arresto de Girot, la semana pasada funcionarios policiales se llevaron a Guillermo Zárraga, un líder sindical en el estado occidental de Falcón, por cargos de terrorismo que su esposa negó en una publicación en las redes sociales.
“Funcionarios DGCIM entraron forzosamente y se llevaron a mi esposo” Ana Medida denuncia que su esposo, Guillermo Zárraga, fue víctima de una desaparición forzosa a manos del DGCIM. Asegura que es hipertenso y responsabiliza a Maduro de lo que le pase al sindicalista petrolero pic.twitter.com/y5UI2D2CG4
— PROVEA (@_Provea) November 19, 2020
La nota de Reuters detalla que la detención de Zárraga se produjo después de que Maduro sostuviera que un “ataque terrorista” causó una explosión en un torre en la refinería Amuay, en Falcón, con capacidad de producir 645.000 barriles por día.
Por su parte, el líder sindical Iván Freites asegura que se trata de una detención arbitraria y llamó al pronunciamiento de la comunidad sindical.
A esta hora 12 m de este 20 de noviembre desconocemos donde está Guillermo Zarraga, sabemos como actúan, sabemos que están armando la película de ficción, no se los va a creer nadie, saquearon y destruyeron nuestra industria petrolera #LiberenaGuillermoZarraga
— @IvanRFreites (@IvanRFreites) November 20, 2020
Es así como las persecuciones parecen no tener fin para un régimen que solo busca excusas ante su paupérrima gestión, por manejar sin profesionalismo una empresa con décadas de trayectoria de producción petrolera.
- Oriana Rivas / Periodista venezolana radicada en Buenos Aires. Investigación para las fuentes de política y economía. Especialista en plataformas digitales y redes sociales.
- Artículo publicado en PanAm Post el día 24/11/2020