Una de las suspicacias que genera la Ley Antibloqueo es que muchos ciudadanos creen que la misma sea usada por Miraflores para rematar en secreto muchos activos de la nación a favor de ese pequeño grupo de nuevos “oligarcas rojos”
Rogelio Guevara Cantillo / El Pitazo (Venezuela) – 18/10/2020
La Ley Antibloqueo ha sido aprobada en Venezuela. Esta ley tiene la finalidad, según Miraflores, de paliar los efectos negativos de las sanciones por parte de la administración de Donald Trump y la Unión Europea a personajes y empresas claves del establishment socialista del país, tanto madurista como cabellista. Fue aprobada en tiempo expres por la Asamblea Nacional Constituyente el 8 de octubre, a pocos meses de que esta y la Asamblea Nacional culminen para dar paso a una nueva Asamblea Nacional en enero 2021, en unas elecciones de dudosa credibilidad.
Nicolás Maduro defiende la Ley Antibloqueo concebida por él y su equipo y al respecto opina que: “Hay un pueblo que tiene esperanzas, que cree en mí, porque esa ley la redacté yo, la presenté yo como presidente, y la hemos consultado con la experiencia que he adquirido en ocho años que tengo como presidente y que he demostrado la lealtad absoluta al pueblo, a la Constitución, a los valores, que he enfrentado todos los riesgos, peligros, amenazas. Con ese aval ético y moral escribí esa ley”.
Si es la panacea para resolver el “bloqueo” que lidera Estados Unidos, ¿por qué no se planteó y aprobó mucho antes? Ha sido duramente criticada por los venezolanos, de hecho, muchos aspectos del instrumento jurídico, si es que se le podría llamar así desde el punto de vista del derecho, aplauden la opacidad y lo oculto en el manejo de la administración pública. La ley debería llamarse en realidad “Ley Secreto de Estado”, porque eso es lo que exalta, la discrecionalidad de Maduro y unos pocos para el manejo de activos de Venezuela. Uno de los puntos curiosos en su aprobación es que los constituyentes no la discutieron, de hecho, muchos de ellos desconocían el texto a aprobar.
La citada ley contará con un Centro Internacional para la Inversión. Esto llama mucho la atención, ya que, por años, la inversión nacional y exterior privada ha sido golpeada por el socialismo del siglo XXI. Las pocas inversiones proceden en materia foránea, de países como Rusia, China, Irán o Turquía y en condiciones siempre dudosas y oscuras para que la auditoría ciudadanía las inspeccione. Hoy con esa presunta ley desde Miraflores se pretende vender como una solución efectiva y expedita para solucionar la vida de los venezolanos, en especial los que se encuentran en condiciones socioeconómicas deplorables. Ese Centro Internacional para la Inversión estaría enfocado en áreas como petróleo, gas, minería, alimentos o turismo, esto en un ambiente donde llevamos años escuchando de los famosos “motores productivos” para reactivar Venezuela.
Una de las suspicacias que genera la Ley Antibloqueo es que muchos ciudadanos creen que la misma sea usada por Miraflores para rematar en secreto muchos activos de la nación a favor de ese pequeño grupo de nuevos “oligarcas rojos”. La ley le da este poder de hacerlo en las sombras sin explicar nada a nadie por ser una ley estratégica de seguridad de Estado que busca frenar las sanciones internacionales. Detrás de esto hay muchos intereses de personas encantadas por abrazar bienes del Estado para su beneficio privado. Es un mal recurrente en países de Latinoamérica en estos temas de privatizaciones. Un relato interesante es lo ocurrido en la Rusia después de la caída de la Unión Soviética con la llegada de la Perestroika y como muchos bienes del Estado pasaron a manos de una nueva oligarquía rusa.
Corrían los tiempos del líder Mijail Gorbachov, quien gobernó a la extinta URSS entre 1988 y 1991 y promovió la Perestroika. Este sistema se comprometió a transformar la economía socialista de la antigua potencia socialista por una economía de libre mercado, liberalización de precios, inversiones privadas y un programa estratégico de privatización. Por medio de la privatización, buena parte de la riqueza de la antigua Unión Soviética pasó a manos de un “selecto y exclusivo” grupo de nuevos oligarcas. Tras la caída de Gorbachov, quien da los primeros pasos a la Perestroika, llega Boris Yeltsin, quien fue el primer presidente de Rusia tras la caída del comunismo y aplica las políticas económicas de la famosa «terapia de choque», transformándose de un Estado comunista a un sistema de capitalismo algo tímido en sus inicios, pero con cambios que ya se suscitaban a toda marcha y sin dilaciones.
Para 1995, Yeltsin tenía las riendas de la transformación promoviendo la privatización y garantizando al nuevo gobierno ruso una inyección muy necesaria de dinero, tras décadas de comunismo e inversión en armas que llevaron a la ruina a la sociedad rusa. La privatización fue dirigida efectivamente a preciosos bienes del Estado y enfocada a un pequeño grupo de élite en sectores como la banca, finanzas, industria, energía, telecomunicaciones, medios de comunicación entre otras que llegaron a ser conocidos como oligarcas en los años noventa y en el transcurrir del nuevo milenio.
Entre ese grupo de “afortunados” hombres que pasaron a dominar la escena económica y de poder de la naciente Rusia estaban personajes como Boris Berezovski, del segmento banca y medios de comunicación. Otros afortunados fueron Mijail Jodorkovsky, Vladimir Gusinsky, Vladimir Potanin, Vladimir Bogdanov, Rem Viajirev, Vagit Alekperov, Vladimir Vinogradov, Aleksandr Smolenski, Víctor Vekselberg, Mijail Fridman, Alexander Vasilyevich, Bortnikov Alexei, Borisovich Miller, en el sector energético de Rusia; Igor Sechin, Alisher Usmanov o Roman Abramovich, algunos de ellos son inclusive dueños de destacados equipos de fútbol europeo que participan en la Uefa. Muchos de ellos, figuras eminentes del aparato de poder de Rusia de Vladímir Putín. Prácticamente todos tienen un punto en común: fueron miembros o tuvieron alguna relación directa o indirecta con el extinto servicio de inteligencia de la fallecida Unión Soviética, el Comité para la Seguridad del Estado, mejor conocida como la KGB o también llamada en la comunidad mundial de inteligencia con “El Centro” (por su parte la CIA es conocida como “La Compañía”).
Al parecer con esta nueva ley podría haber una repartición de activos del Estado venezolano en pocas manos. ¿Cómo quedará la repartición entre las facciones del chavismo? ¿Cuánto le corresponderá a Maduro, Cabello, Rodríguez, El Aissami o militares? ¿Qué mercados o industrias le tocará a cada grupo? ¿Estamos viendo un capítulo repetido como ocurrió en la antigua Unión Soviética? ¿Caerán los activos del Estado de Venezuela en manos de un grupo de predilectos hijos de una revolución chavista que solo trajo pobreza y ruina a los venezolanos? Pareciera que todo apunta a esa dirección estimados lectores.
- ROGELIO GUEVARA CANTILLO / Rogeliogcmundo / Analista del poder y economía en Latinoamérica.
- Artículo publicado en El Pitazo el día 17/10/2020