Los ‘dobles’ de Derwick siguieron actuando como si nada

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Derwick Associates y sus derivados siguen medrando del Estado venezolano, aunque ya no con sus protagonistas como hace una década sino a través de rostros y nombres aún poco conocidos.

Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos eléctricos en 2009-10. Pero el inconveniente de esa exposición no significó que los llamados ‘bolichicos’ dejaran de hacer negocios con el Estado venezolano


 

Víctor Amaya / Armando.info (Venezuela) – 08/10/2021

Derwick Associates y sus derivados siguen medrando del Estado venezolano, aunque ya no con sus protagonistas como hace una década sino a través de rostros y nombres aún poco conocidos. Los llamados bolichicos, que hicieron millones con la crisis energética nacional instaurada desde 2009, siguen teniendo acceso privilegiado a negociaciones con la industria petrolera.

Más de 11,9 millones de documentos confidenciales filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), compartidos con más de 150 medios de comunicación en 117 países, incluyendo Armando.info, y que dieron origen a los Pandora Papers, muestran nuevas conexiones de una red de contactos, empresas de maletín y servicios financieros asociadas a Alejandro Betancourt, Francisco Convit, Francisco D’Agostino y Pedro Trebbau, todos fundadores y directivos de Derwick, los conocidos bolichicos.

En particular, hay tres nombres que danzan de papel en papel conectando operaciones nacionales e internacionales con los bolichicos: los venezolanos Orlando José Alvarado Moreno, hombre clave de las iniciativas petroleras de Betancourt en Petrozamora y la canadiense Pacific, y los abogados César Alfonzo-Larrain junto a la argentina Alejandra Astrid Hidalgo, residente en Caracas. Todos han sido empleados de Derwick.

Orlando Alvarado Moreno fue director de Finanzas de Derwick Associates, como consta en distintos documentos.

Los tres operan en al menos cuatro empresas amparadas por las gestiones del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que incluye a sus directores Fernando Antonio Gil y Eloy Edgardo Díaz alternándose en roles administrativos. No son las únicas compañías vinculadas con los bolichicos manejadas por el bufete panameño. Para 2015, de acuerdo con un reporte interno que forma parte de los documentos de la filtración, Alcogal manejaba 14 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y seis fundaciones en Panamá, propiedad de Betancourt y Convit a través de Derwick.

Alvarado, Alfonzo-Larrain e Hidalgo aparecen en documentos que los conectan con los fundadores de Derwick pero también los relacionan entre ellos, compartiendo en directorios de empresas y recibiendo poderes conjuntos. En muchos de los folios presentan como dirección laboral la Torre Kyra de Campo Alegre, en el municipio Chacao del noreste de Caracas, donde están las oficinas de Derwick que fueron allanadas en diciembre de 2017 luego de que el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, la señaló por corrupción en contrataciones de la petrolera estatal Pdvsa entre 2010 y 2016.

Orlando José Alvarado Morenocuyo padre es uno de los “nuevos amos de Los Roques”, fue vicepresidente de finanzas de Derwick Associates. Aparece como socio de Betancourt en firmas internacionales como O’Hara Administration Co SA, de la que Alejandro Betancourt también es socio; y formó parte de Rock Energy SA y Rolawood Investments SA, todas registradas en Panamá.

En el registro mercantil panameño, Rock Energy SA mostraba a Alvarado como Director Presidente, con César Alfonzo-Larrain como Director Secretario y Alejandra Hidalgo como Director Tesorero, además de señalar en 2017 que su beneficiario final era Francisco Convit Guruceaga. Alcogal sirvió como agente residente hasta julio 2018, cuando Matthias Krull fue detenido y Francisco Convit declarado fugitivo en Estados Unidos por haber participado de un desfalco a Pdvsa por 1.200 millones de dólares, destapado por la operación encubierta Money Flight de la oficina en Miami de Homeland Security Investigations (HSI).

Rolawood Investments le pertenece a partes iguales a Orlando Alvarado y a su esposa, Joanna Margarita Porte García, y para su documentación en Alcogal se tomaron en cuenta referencias profesionales emitidas por César Alfonzo-Larrain y por Alejandra Hidalgo (que las envió desde su correo corporativo de Derwick).

En 2015, Alfonzo-Larrain e Hidalgo recibieron un poder de Rolawood Investments para adquirir un penthouse de más de 407 metros cuadrados con una amplísima terraza en un edificio en Los Palos Grandes, barrio de clase media-alta también en el municipio Chacao de Caracas, que luego fue presentado como la dirección en Venezuela de DOCG International Holdings Limited, dirigida por Alvarado.

La abogada argentina además firmó en julio de 2017 otra referencia personal declarando conocer a Pedro Trebbau, y calificándolo como un “profesional honesto, dedicado, que disfruta de una prístina reputación en su campo de trabajo”. Ese papel se acompañaba de unas certificaciones de autenticidad de pasaportes que firmó a favor de Trebbau y de Alejandro Betancourt. Para este trabajo se contactó a Alejandra Hidalgo por correo electrónico, llamadas telefónicas a su número celular así como mensajes por Whatsapp, pero no respondió a las solicitudes enviadas.

Las cartas de recomendación confirman los vínculos.

Orlando Alvarado también es propietario de Stanton Trading Limited, registrada en las Islas Vírgenes en 2014 mediante Alcogal, como queda evidenciado en papeles en poder de este bufete y que fueron enviados a César Alfonzo-Larrain a la Torre Kyra, cuando pidió copias en 2017. Ambos hombres vuelven a encontrarse en los documentos de la empresa Arazen Investments, propiedad del primero e inscrita en el registro mercantil de Islas Vírgenes un día después de aquella.

Al igual que con Stanton Trading Limited, Arazen dejó establecido en su documentación que contaba con una dirección en Caracas que la ubicaba en una quinta de Valle Arriba ahora inexistente. En el lugar ubicado en el este de la capital venezolana solo queda la pared con el nombre y una estructura esquelética de metal.

La sede de las empresas Stanton Trading Limited y Arazen quedaba en una zona residencial que hoy es un terreno en construcción. Crédito: Armando.info

Por su parte, César Alfonzo-Larrain aparece registrado en el Sistema Nacional de Contrataciones públicas como director suplente de Centro Tecnológico de Turbinas CTT y de CTT Corp, donde también participa Alejandra Hidalgo. Esas son las caras -nacional e internacional- del centro de operaciones de Derwick en Venezuela que Alejandro Betancourt aseguraba se convertiría en “un gran proveedor de tecnología para Iberoamérica”.

Pero hasta ahora CTT ha tenido como cliente, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), a GPB Neftegaz Services, la operadora de los campos de crudo asignados a la empresa mixta Petrozamora, la primera aventura petrolera relacionada con Derwick, que nació en 2012 en el estado Zulia por convenio con Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

El abogado aparece de nuevo junto a Alejandra Hidalgo, que encabeza sociedades en Panamá y en Chipre, como apoderados de la empresa Calborn Internacional Limited desde 2014, y como directores de la empresa Astronite SA, inscrita en 2018 en el Registro Mercantil de Panamá, donde también figuran como directores de Calandra Business SA, presidida por Alejandro Betancourt.

Toda la madeja de relaciones corporativas que agrupan a los bolichicos con estos tres operadores pasaría por debajo de la mesa si no fuera porque sus negocios con el Estado venezolano han seguido ocurriendo, incluso con consecuencias políticas y humanas de gran calado y seguiría bajo secreto de no haberse dado la masiva filtración de los Pandora Papers. En esta, se despeja una vieja incógnita sobre la empresa Arazen de Islas Vírgenes Británicas, de cuya existencia se conocía pero no de sus directores y beneficial owners, a quienes cabe atribuir algo de la chispa que detonó la ola de protestas que en 2017 asoló por meses a varias ciudades venezolanas.

La filtración de los Pandora Papers permitió conocer quiénes son los dueños reales de Arazen.

Detrás del estallido

La sentencia 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de marzo de 2017 no solo fue pilar para que se desataran las protestas que marcaron con sangre ese año en Venezuela. El bullicio político y la “ruptura de hilo constitucional”, que denunció la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, eran parte de lo que finalmente sustentaba los primeros pilares de la arquitectura jurídica que permitiría a los bolichicos comenzar su segunda aventura petrolera en Venezuela.

Aquella ponencia conjunta se recuerda por sus efectos, pero no por sus motivaciones. Apenas un día antes, el 28 de marzo de 2017, cuatro abogados de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) solicitaron a los magistrados cercenar a la Asamblea Nacional -entonces dominada por la oposición al régimen chavista- la potestad de revisar contratos de interés público, incluyendo los acuerdos pactados por Pdvsa, que entonces presidía Eulogio del Pino.

Tal diligencia era necesaria para poder ejecutar lo que el 22 de marzo de 2017 había acordado la Junta Directiva de Pdvsa: constituir una empresa mixta para la explotación del campo Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal reservorio de crudos pesados y extrapesados del mundo, en el centro-oriente de Venezuela.

El campo Junín está ubicado al sureste del estado Guárico y suroste de Anzoátegui. Imagen tomada del portal web de Pdvsa.

Contando con el visto bueno judicial, Nicolás Maduro aprobó el 26 de mayo de 2017 el punto de cuenta presentado por su entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, hoy ministro de Petróleo y miembro de la Junta Directiva de Pdvsa, y su ministro de Petróleo, Nelson Martínez, quien poco después fue arrestado bajo acusaciones de irregularidades administrativas y moriría en cautiverio en diciembre de 2018. El TSJ avaló finalmente el negocio el 10 de julio de 2017.

Así Pdvsa se alió con una desconocida Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi), domiciliada en Países Bajos y sin experiencia en el área, por un lapso de 25 años. Con ese aroma supuestamente holandés nació finalmente Petrosur.

El Registro Mercantil holandés muestra que Saipi era conducida por Arazen Investments, la compañía fundada por Orlando Alvarado, socio de Alejandro Betancourt, y registrada en Islas Vírgenes para servir como holding y ubicada, según ese documento, en el Edificio Yamraj, Market Square, PO Box 3175, Road Town, Tortola, en Islas Vírgenes Británicas. Esa dirección postal ha sido utilizada por Alcogal en al menos una veintena de empresas.

Desde la fundación el 25 de noviembre de 2014 y hasta el 10 de abril de 2017, quien fungió como director fue el panameño Andrés M. Sánchez, también director y presidente de Alcogal (Europe). Entonces fue sucedido por el propio Alvarado nueve días antes de que apareciera Saipi en el registro holandés y a poco más de un mes del visto bueno presidencial para la creación de Petrosur.

Empresa SAIPI by ArmandoInfo

Ya Alvarado había participado de esquemas financieros en el negocio del crudo. Como parte de O’Hara Administration Co SA estuvo en la puja por hacerse del control en 2015 de la petrolera canadiense Pacific, cuyas operaciones sobre el terreno en Colombia, a manos de cinco ejecutivos venezolanos, fueron el próspero ejemplo de éxito de la reforma minera del gobierno de Álvaro Uribe antes de que se hundiera en un pantano de mala administración y pleitos judiciales. En un Informe de Alerta Temprana suscrito por Alejandro Betancourt en 2015, el venezolano detalla la estructura financiera con la que controlaba casi 20% del paquete accionario de esa empresa, incluyendo a Orlando Alvarado, O’ Hara Administration Co SA y Calborn International Limited, entre otras.

En aquel momento se supo que O’Hara había fichado a ocho exejecutivos de Repsol, incluyendo a Alfonso Cortina y Ramón Blanco Balín, a la postre retratados en Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El hermano de Alfonso, Alberto Cortina, es socio de Betancourt y de Francisco D’Agostino en el BDK Financial Group, con el cual han adquirido varios bancos en África.

Alvarado fue consultado para este trabajo sobre su relación con Betancourt, Saipi y Petrosur, pero declinó hacer comentarios.

Documentos “en regla”

En la documentación que recibió el TSJ se incluyó un “Acuerdo de Estudio Conjunto” suscrito por Orlando Chacín, vicepresidente de Pdvsa, y por José Ramón Blanco en nombre de Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El español figuraba en el Registro Mercantil ibérico como “apoderado” de Inversiones Petroleras Iberoamericanas SA (Ipisa), creada en 2013, presidida por Alfonso Cortina, con el hijo de su hermano Alberto, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, como vicepresidente.

Pero esa no es la misma Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) incorporada al registro mercantil de Países Bajos el 19 de abril de 2017 bajo el número 68585209, casi un mes después desde que la junta directiva de Pdvsa acordara hacer negocios con ella. Comparten nombre, y no será la única vez que ocurra.

Al momento de la firma, Orlando Chacín ya había sido señalado por el Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz por corrupción, y Blanco Balín, que fue vicepresidente de la petrolera española Repsol cuando la presidió Alfonso Cortina, era considerado el “cerebro financiero” de la trama Gürtel, una red de corrupción investigada desde una década atrás por la Fiscalía Anticorrupción ibérica y denunciada formalmente en 2009 ante la Fiscalía de ese país, en la que el bufete panameño Alcogal aparecía involucrado. Blanco Balín fue imputado por presuntamente haber blanqueado unos 275.000 euros.

Por si fuera poco, como se supo entonces, la dirección física de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) en el Registro Mercantil de Países Bajosel número 2 de la vía Nassaulaan, corresponde al mismo edificio que albergó hasta 2015 a la Embajada de Venezuela en esa nación. Saipi nació en 2017 cuando el inmueble seguía mostrando una placa en la pared exterior que lo identificaba como sede diplomática, como ocurrió al menos hasta su venta en 2020. La aprobación en Miraflores de la creación de Petrosur, ocurrió mientras Haifa El Aissami, hermana del entonces vicepresidente, era la embajadora en Países Bajos.

Se envió una solicitud de comentario sobre tal coincidencia al actual embajador, Wilhen Nehomar Diaz Lara, pero no se obtuvo respuesta. Una fuente consultada para este trabajo con conocimiento de las actividades de Saipi respondió que “es bastante común pagar por usar una dirección de correspondencia para el registro. No tienes que ser el dueño de la casa, solo tienes que tener un contrato que te permita usar la dirección. No sé por qué se usó esa, pero Venezuela no tenía nada que ver”.

El escándalo de corrupción de los bolichicos de Derwick no apartó a sus protagonistas de los negocios del Estado. Siguieron buscando contratos con Pdvsa. Crédito: Federico Parra / AFP.

Ninguna de estas cuestiones impidió el convenio entre Pdvsa y Saipi. El abogado José Ignacio Hernández, quien fungió como “procurador especial” nombrado por la Asamblea Nacional entre febrero de 2019 y junio de 2020, califica la operación como un disparate. “Pdvsa está obligada por ley venezolana a hacer el compliance. Allí están las leyes de hidrocarburos, contra la corrupción, de la Contraloría General, de contrataciones públicas. Todo ese bloque normativo obliga a Pdvsa a hacer un due diligence para contratar a terceros”, dijo a Armando.info. Pero al final se contrató con una empresa sin experiencia en el negocio petrolero, algo que el parlamento denunció también en voz del diputado Elías Matta desde 2017, aunque en 2021 admite que no se adelantaron más investigaciones por parte de los diputados.

En noviembre de 2017, Eulogio del Pino y Nelson Martínez fueron arrestados en Caracas. Se les acusó de participar en una trama que involucraba a al menos 65 gerentes de la industria, según informó entonces el recién estrenado fiscal general designado por la írrita Asamblea Conmstituyente de 2017-20, Tarek William Saab.

Aquellos señalamientos referían a presuntas prácticas irregulares en Petrozamora, una empresa mixta que controla en Zulia seis pozos petroleros, por un acuerdo conjunto entre Pdvsa y la rusa Gazprom Latin América Ventures BV, y en cuya estructura corporativa participó Orlando Alvarado, quien, sin embargo, no fue afectado por las medidas judiciales.

Entonces Francisco Convit figuraba como director de la firma rusa, que había recibido un préstamo inicial para su operación por parte de Derwick Gas & Oil, la cara internacional de la empresa venezolana. El cargo lo dejó en 2016 y lo heredó Alvarado.

Igual pasó en 2018 cuando, luego de ser acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, Convit dejó a Alvarado el cargo de director de Stichting Administratiekantoor DOG, creada en Países Bajos y propietaria de Latin American Ventures. Esta última empresa tiene el mismo nombre que Latin American Ventures SARLregistrada en Luxemburgo con Betancourt como beneficial owner o propietario último, que recibió transferencias bancarias desde Petrozamora; y similar a LAV Latin America Ventures Cyprus LTD, activa en Chipre y también dirigida por Alvarado.

No solo “disparate”, también improductivo

En 2018, ya sofocados a sangre y fuego los disturbios en la calle, el camino jurídico también quedó libre para la constitución de la empresa mixta Petrosur, que se concretó el 24 de agosto de 2018, como dejó asentado la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.398 que la adscribe al Ministerio de Petróleo, entonces encabezado por Manuel Quevedo, general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En ese documento ya no se menciona a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericana, sino que el socio de Pdvsa pasó a ser Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD (IPI).

El gobierno de Venezuela nunca explicó tal cambio. Una fuente conocedora de las actividades de Saipi afirma que “varios inversionistas extranjeros internacionales exploraron invertir en campos petroleros. Entre ellos estaban tanto Alejandro Betancourt, como Alberto Cortina. Pero la primera estructura no llegó a nada. Todos se retiraron en grupo y ninguno se quedó en ninguna capacidad”. El informante especifica que el primer “carapacho corporativo que murió”, donde estaban Betancourt y Alvarado, no fue el que finalmente se hizo con el negocio.

Sin embargo, cuando se publicó la Gaceta Oficial, Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, registrada en Chipre el 12 de julio de 2017, tenía como única accionista a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, que a su vez dependía de Arazen Investments, la empresa en Islas Vírgenes Británicas de Alvarado y Alfonzo-Larrain.

El proyecto Petrosur terminó en manos de los bolichicos, que ocultaron sus nombres tras empresas offshore usadas para aliarse con Pdvsa. Crédito: Ministerio de Comercio de Chipre.

Esa relación terminó el 16 de octubre de 2018. Cuando Saipi fue disuelta dejó sus libros contables en manos de IPI, cuyas acciones transfirió a Rasgos Holding LTD, registrada en Barbados desde 2013 y dedicada a servir como holding de empresas de telecomunicaciones y bienes raíces, según documentos de la filtración de los Panama Papers. Arazen Investments desde entonces no tiene actividad.

En IPI figuraron como directores Evdokia Georgiou y Marinos Mperos, quienes también aparecen junto a Orlando Alvarado en la dirección de LAV Latin America Ventures Cyprus LTD en el registro de ese país. Todo seguía entre allegados.

Pero más allá de madejas administrativas, otra novedad figuró en el acuerdo: el pago inicial de 400 millones de dólares que IPI debía hacer a Pdvsa no se haría en efectivo sino con papeles de deuda -bonos soberanos y de la misma estatal. Ha sido la primera y única vez que tal modelo fue dispuesto.

Manuel Quevedo acudió en 2019 al TSJ, asumiendo el “desacato” declarado para la fecha de la Asamblea Nacional, para solicitar autorización al endeudamiento por esos 400 millones de dólares durante los siguientes cuatro años y del cambio de accionistas de Petrosur. En seis días recibió respuesta afirmativa.

Inversiones Petroleras Iber… by ArmandoInfo

Con la sentencia 384 del 25 de noviembre de la Sala Constitucional, el máximo juzgado asumió nuevamente competencias parlamentarias, dando el visto bueno al negocio con Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, a pesar de su falta de experiencia en el campo petrolero. El escrito del TSJ enumera los objetos para los cuales fue constituida la empresa registrada en Chipre: todos relacionados con servicios financieros y ninguno con hidrocarburos.

Cuando Quevedo hizo la solicitud al máximo tribunal, y cuando se emitió la decisión judicial, ya la abogada chipriota Evdokia Georgiou había renunciado a la directiva de IPI. Aún así fueron sus credenciales las evaluadas por las autoridades venezolanas y no las de Askin Gungor, quien asumió tal rol.

Casi dos años más tarde, Petrosur no produce crudo. Un reporte interno de Pdvsa fechado el reciente 25 de septiembre de 2021, al que el reportero tuvo acceso para este trabajo, lista la producción del bloque Junín de la Faja del Orinoco con todos sus números marcando descensos y quedando 40% por debajo de la meta de producción. Pero Petrosur no aparece. Solo son incluidas Petrocedeño (ahora en propiedad absoluta de Pdvsa), y las empresas mixtas Petro San Félix, Petromiranda, Petrojunín, Petroindovenezolana.

El juego de caretas detrás de la constitución de Petrosur incluyó nombres repetidos, confusos cambios administrativos y un baile de empresas de cascarón. Y aunque el campo Junín 10 pareciera seguir inactivo, está en manos de quienes lograron evadir controles legales para hacerse con “una de las mejores áreas de Pdvsa en la Faja”, como la calificó el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, el hombre que estaba al frente de la industria cuando los bolichicos entraron por primera vez al negocio del crudo con Petrozamora.


  • Artículo publicado en Armando.indo el día 06/10/2021

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