Régimen de Maduro condena a exdirectivos de Citgo

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Citgo es el principal activo de Venezuela en el extranjero. (Flickr).

José Ángel Pereira fue sentenciado a 13 años y siete meses de cárcel. Los otros cinco exdirectivos recibieron una condena de ocho años y 10 meses


 

Oriana Rivas / PanAm Post (Latinoamérica) – 27/11/2020

Los exdirectivos de la petrolera Citgo que tenían tres años presos en Venezuela, fueron sentenciados por el régimen de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista condenó a 13 años y siete meses de cárcel al expresidente de la filial, José Ángel Pereira Ruimwyk, mientras que el resto recibió condenas de ocho años y 10 meses.

La sentencia detalla que a Ruimwyk se le imputaron los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y delito de asociación para delinquir. Mientras que los exvicepresidentes Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y Gustavo Cárdenas recibieron la condena de ocho años y 10 meses bajo los cargos de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.

La decisión de la justicia chavista se produce días después que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, advirtiera que el proceso judicial contra los exdirectivos estaba plagado de vicios y exigiera la liberación inmediata de los exfuncionarios.

Además de las largas condenas, el TSJ también dictaminó que están inhabilitados «para el ejercicio de la función pública» y por lo tanto «no podrán optar a cargos de elección popular», reseñó EFE.

El engaño del chavismo

El chavismo se valió de un engaño para poner tras las rejas a los entonces directivos de Citgo. En el año 2017 los invitó a una presunta reunión en Caracas, que se extendió por tres años y los alojó en las peligrosas cárceles de Venezuela.

Solo Jorge Toledo y Gustavo Cárdenas tenían arresto domiciliario, medida que en julio fue recibida de manera positiva por Estados Unidos, pero que la dictadura se encargó de revertir tan solo cuatro meses después.

Según el régimen, los seis exdirectivos firmaron un acuerdo internacional —nunca ejecutado— con las empresas Frontier Group Management y Apolo Global Management. El objetivo, sería refinanciar alrededor de 4.000 millones de dólares en bonos Citgo al ofrecer una participación de 50 % en la compañía como garantía.

Al momento del arresto, surgió la hipótesis de que la detención de estas seis personas significaría una moneda de cambio por las deterioradas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

Bajo el ojo de EEUU

Estados Unidos ha tenido bajo la mira el comportamiento del régimen de Maduro respecto a este tema. Apenas ocurrió el hecho, el gobierno estadounidense solicitó acceso consular para los detenidos.

«Pedimos al Gobierno venezolano que lo haga de inmediato de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones consulares», había declarado a Reuters un funcionario del Departamento de Estado.

A inicios de año, Maduro decidió devolver a la cárcel a los seis directivos de Citgo que en ese momento cumplían arresto domiciliario. La decisión de Maduro se produjo a modo de represalia posterior a una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En julio, la tiranía permitió que Jorge Toledo y Gustavo Cárdenas regresaran al arresto domiciliario, el resto quedó tras los barrotes.

Para septiembre, Pompeo exigía la liberación de los funcionarios, que tienen nacionalidad estadounidense y venezolana. Por ello Estados Unidos ha sido insistente con su liberación.

El dilema de Maduro con Citgo

En noviembre de 2017, el régimen dijo que los directivos buscaron beneficiarse de un acuerdo financiero que era «perjudicial» para Venezuela. Mientras tanto, el fiscal general chavista, Tarek William Saab, afirmó que los contratos «comprometían el patrimonio nacional y el futuro» de la filial de PDVSA.

El único trato perjudicial para la industria petrolera respecto a Citgo lo firmó Maduro en el año 2017 con bonistas extranjeros, porque no pudo pagar la deuda que acumulaba desde 2016.

Maduro puso en manos extranjeras a la filial petrolera, entregando el 50,1 % de las acciones de Citgo como garantía de pago a los acreedores. Por lo tanto, los argumentos de los funcionarios chavistas parecen hablar más de ellos mismos.

Ante la falta de pago y una demanda interpuesta por Juan Guaidó, un tribunal en EE.UU. falló a favor de la validez de esos bonos, que por falta de pago provocarán que los bonistas se apropien del principal activo de PDVSA en el extranjero.

La persecución en PDVSA

El caso de los exdirectivos de Citgo forma parte de la lista de persecuciones que el chavismo inició en el año 2002 dentro de la estatal petrolera. Los despidos y hostigamientos contra el personal de PDVSA comenzaron tras el paro petrolero, que sacó a Chávez del poder por algunas horas.

La situación empeoró cuando Maduro designó al frente de la empresa al general de división Manuel Quevedo. En ese momento, Quevedo despidió a muchos directivo y empleados e instó a los restantes a denunciar a cualquier colega que se opusiera a Maduro.

Desde entonces, el régimen impuso su hegemonía militar y comunista dentro de la estatal petrolera, inclinándola más a intereses ideológicos que productivos.


  • Oriana Rivas / Periodista venezolana radicada en Buenos Aires. Investigación para las fuentes de política y economía. Especialista en plataformas digitales y redes sociales.

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