Venezuela: La corrupción en los Servicios Públicos y su impacto sobre la violación de DDHH

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En el caso venezolano las consecuencias del colapso del suministro de agua potable son tan perniciosas y graves para la población que pueden ser consideradas como violaciones masiva de sus derechos humanos.

En 2010 la Defensoría del Pueblo a través de su máxima autoridad, calificó de delito las denuncias realizadas por la contaminación del agua “por causar zozobra en la población” y amenazó con penas de hasta 3 años de privación de libertad


 

María Elena Corrales / Venergia.org (Venezuela) – 04/09/2020

El colapso en el suministro de agua en Venezuela es el resultado de una estrategia de intervención del Gobierno Nacional instrumentada en todos los servicios públicos, dirigida a la intervención política del sector y a la apropiación indebida de los recursos financieros aprobados para su financiamiento.

Si bien no es posible demostrar que dicha destrucción haya sido consecuencia de una política gubernamental deliberada, lo cierto es que todas las medidas tomadas por el Gobierno, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, conducían de manera inexorable al colapso de los servicios de suministro de agua potable a la población.

A lo largo de estos últimos 20 años, las supuestas inversiones realizadas en el sector de agua y saneamiento llegaron a una cifra similar a la requerida en inversiones para la construcción de los sistemas realizada durante los 60 años anteriores. A pesar de ello, el sector fue llevado al colapso mediante estrategias de exclusión y de control de las operadoras que permitieron niveles de corrupción e ineficiencias nunca antes presentes en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en Venezuela.

En el presente informe se presenta, en primer lugar, una caracterización del colapso del suministro de agua en Venezuela durante los últimos 20 años, a través de indicadores clave como son la cobertura del servicio, su calidad y las alternativas seguidas para su aprovisionamiento.

En segundo lugar se caracteriza la estrategia seguida desde el gobierno nacional que condujo a la destrucción de la institucionalidad sectorial y al intervencionismo político de las operadoras, lo cual facilitó la corrupción y apropiación privada de los fondos públicos dirigidos al financiamiento del sector.

Mención especial merece la exclusión de los servicios de amplísimos sectores de la población y la inequidad creciente en el acceso a los servicios de agua con la calidad requerida para el consumo humano.

Finalmente, en la tercera parte se analizan las repercusiones que el colapso del suministro de agua ha tenido sobre la salud y calidad de vida de la población y se subraya su contribución en la grave crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. En el caso venezolano las consecuencias del colapso del suministro de agua potable son tan perniciosas y graves para la población que pueden ser consideradas como violaciones masiva de sus derechos humanos.

Lea el Informe completo inserto a continuación:

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  • María Elena Corrales ha ocupado, a través de su larga vida profesional, altos cargos en la administración pública de Venezuela como Viceministro de Planificación y del Fondo de Inversiones de Venezuela y miembro del Directorio de las empresas básicas de Guayana (1989-1998). En dichos cargos coordinó y gestionó procesos de negociación y reestructuración empresas públicas de nivel nacional, así como la negociación y ejecución de proyectos y programas de inversión en el sector de agua potable, electricidad y ambiente. Igualmente, desde el Fondo de Inversiones de Venezuela, coordinó, durante el periodo 1997-2001, los procesos no concluidos de incorporación de la iniciativa privada a las empresas del sector eléctrico, y participó activamente en la preparación de la Ley Orgánica del Sector Eléctrico (LOSE) y la Ley Orgánica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, ambas aprobadas en el año 2001. Entre los años 2006-2016 se desempeñó como Oficial Senior de Evaluación del sector infraestructura en la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente, es consultora internacional en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos y programas de desarrollo en los sectores de agua potable y saneamiento, y en el sector eléctrico en Latinoamérica. María Elena Corrales vive en Washington, D.C. y puede ser contactada a través del correo electrónico mariaelena.corrales@gmail.com

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