Lucha por controlar la zona sería la causa de combates entre ejército venezolano y disidencias
Andreína Itriago / El Tiempo (Colombia) – 28/03/2021
El terror se ha apoderado de La Victoria y de las comunidades aledañas al estado venezolano de Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca, donde desde hace una semana comenzaron enfrentamientos entre miembros de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo de las disidencias de las Farc.
Quienes hasta este sábado permanecían en estos sectores, luego del desplazamiento forzado de más de 3.900 personas, según Migración Colombia, preferían mantener sus celulares apagados ante la supuesta amenaza de efectivos de que podrían convertirse en “objetivos militares”, de reportar lo que allí sucede.
Algunas de las personas denunciaron que en los allanamientos militares les revisaban y hasta decomisaban celulares y que, con la cuestionada llegada a la zona de conflicto de cuerpos élite que responden al régimen de Nicolás Maduro, fueron instalados múltiples equipos para interceptar llamadas.
Pese a la difícil situación de orden público, EL TIEMPO pudo conversar con algunos de los habitantes que permanecían en La Victoria hasta el viernes. Desde el anonimato, denunciaron una difícil situación que los mantenía en constante zozobra y decían estar “sitiados”, pues los funcionarios mantenían cerrado el paso hacia la ciudad de Guasdualito, en el mismo municipio de Páez, donde algunos podían refugiarse en casas de familiares.
Nadie salía y nadie entraba. Y, a los que quedaban, no se les permitía circular. Esa era la realidad hasta la mañana de este sábado, cuando distintos voceros del régimen informaron que había iniciado el retorno de los desplazados.
Para ellos, sin embargo, todo sería parte de un show en el que ellos se les está obligando a participar: por un lado, tienen a los militares llamándolos a “apoyar la soberanía”, y por el otro, a los guerrilleros bombardeándolos con notas de voz a través de WhatsApp para que denuncien a los uniformados. Ambos los amenazan con convertirlos en objetivos.
Desde el pasado domingo, todos han sido días malos para los lugareños. Empezando por el ‘madrugonazo’ con el sobrevuelo de aviones y helicópteros de hace una semana, pasando por los saqueos a viviendas y comercios, que atribuyen a funcionarios venezolanos, y hasta los múltiples enfrentamientos que se mantuvieron durante la semana.
Sin embargo, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, salió al paso de estas y otras acusaciones contra los militares, y este sábado, en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, dijo: “Comenzaron diciendo que habíamos asesinado hasta niños, quemado casas, que nos habíamos metido en las casas a atropellar a la gente. Ese no es el comportamiento de la FANB, la conducta ética de la FANB”.
En cualquier caso, los habitantes confiesan que jamás imaginaron vivir un episodio como este. “Vivíamos en zozobra, sí, porque vivimos en frontera. Pero todo el mundo sabía que allí estaban las Farc, los elenos, el FBL (guerrilla venezolana)”, reconoció a este diario uno de ellos.
Desde Apure, Juan Francisco García, coordinador regional de la ONG Fundaredes señaló que, incluso, en la zona se vive una simbiosis por parte de la comunidad con la guerrilla.
“Es como este tema del síndrome de Estocolmo. (…) Se hacen parte de ellos, mantienen relaciones comerciales, hay sectores de la comunidad que les venden la comida y otros que se prestan para ir a comprarles los suministros de medicinas”, explica García. Y ahora, tras una convivencia obligada de años, se les pretende condenar por ello, algo que rechaza Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, y quien es profesor de derecho internacional humanitario.
“Es una evidencia más de cómo, en Venezuela, las crisis generadas por el propio Gobierno las pagan los más débiles y los que menos tienen que ver con los orígenes del conflicto”, lamentó Daniels, en conversación con este diario.
“Todo el mundo lo conoce, saben quién es”, dijeron a EL TIEMPO los vecinos consultados, al referirse a alias Ferley González, uno de los cabecillas del frente décimo de las Farc que se habría alejado de la línea de alias Iván Márquez y ‘Jesús Santrich’, a quienes distintas oenegés y la oposición venezolana acusaron de haber dado la orden a los militares venezolanos de propiciar este conflicto.
“Las Farc de Iván Marquez, de Santrich, Romaña, El Paisa (…), que es una línea que además responde políticamente a los intereses de la tiranía de Nicolás Maduro, tienen un conflicto con la antigua marquetalia a la que pertenecían, que representa este grupo que hoy atacan, al mando de Gentil Duarte, Ferley González, y de ese campamento, exclusivamente al mando de Arturo Ruiz”, detalló García.
Para Javier Tarazona, director general de Fundaredes, el grupo en cuestión se había venido desplazando en el lugar, desarrollando actividades vinculadas al narcotráfico y extorsión a colombianos, que presuntamente secuestraban en el departamento de Arauca y pasaban a territorio venezolano.
En la rueda de prensa de este sábado, al ser interrogado sobre si el enfrentamiento era con las disidencias de las Farc, Padrino López se limitó a decir que estaban enfrentando a un grupo “muy violento, conectado al narcotráfico”.
“Hablas de disidencia, categoría que ha hecho Colombia. Tienen grupos guerrilleros, estructurados (…) Pero eso es un problema de ellos. Nuestro problema es que es un grupo armado al margen de la ley, ligado al narcotráfico y siguiendo la estrategia del imperialismo con el gobierno de Colombia para actuar contra Venezuela”, denunció Padrino López, quien reveló que la operación se comenzó a preparar el 21 de enero de este año, cuando comenzaron a detectar movimiento irregular en la frontera de Apure con Colombia.
Si bien, el régimen de Nicolás Maduro ha argumentado estar protegiendo a la población civil de los “efectos adversos de las actividades ilegales y la violencia sistemática de grupos irregulares colombianos”, es precisamente la población civil la que ha sido la gran perdedora en todo este enfrentamiento armado.
A la denuncia del asesinato, el jueves, de cinco miembros de una familia por parte de las temidas FAES, a quienes luego habrían hecho pasar por guerrilleros, se suma la de dos niños que supuestamente fueron alcanzados por balas perdidas y de otros más que habrían sido enterrados, “para que no quedara evidencia”.
Padrino López habló este sábado de más de una veintena de heridos y dijo que se mantenía la cifra de 2 militares muertos, mientras que la de presuntos guerrilleros “neutralizados” había ascendido a seis.
Al ser interrogado por las supuestas muertes de civiles, insistió en que incorporaron al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo al operativo, y que, de determinarse que hubo alguna actuación que no estuviera apegada a la Constitución y a los Derechos Humanos, no habría “solidaridades automáticas” y lo denunciarían.
La cuenta de los detenidos, como la de los muertos, también era incierta hasta la mañana de este sábado, cuando Padrino López habló de 27 sospechosos puestos a la orden de un tribunal y 12 nuevos detenidos, el viernes. La comunidad ha tildado estas detenciones de arbitrarias, pues se trataría de habitantes del sector que nada tendrían que ver con el conflicto.
Por ahora, los habitantes de La Victoria y zonas aledañas viven un día a la vez. Ni se les ocurre pensar en hacia dónde podría ir este conflicto. “Estamos en lo incierto ahorita, pidiéndole a Dios que nos dé calma, tranquilidad”, manifestó uno de ellos, tras haber visto, la noche anterior, circular decenas de vehículos oficiales pertenecientes a cuerpos como las FAES.
Desde Acceso a la Justicia, Daniels condenó el uso de este grupo en el conflicto. “Esto dice mucho de la operacionalidad y del apresto militar supuesto que tiene la FANB, que para este tipo de acciones tiene que recurrir a un cuerpo que supuestamente es policial. Y, si en tiempos de no conflicto, la FAES hace lo que hace, imagínate qué puede hacer la FAES en caso de guerra (…) las pruebas ya lamentablemente las tenemos al alcance”, lamentó, al referirse al falso positivo denunciado de los cinco miembros de una familia.
“Mientras no haya una conversación, un diálogo, vamos a seguir con muertos de parte y parte”, dijeron los vecinos del sector, en su conversación con este diario.
Pese a que el jueves se llegó a hablar de que la FANB había alcanzado un acuerdo con el grupo de las disidencias de las Farc al que se enfrentan, el combate continuó, al menos hasta la noche del viernes, como reconoció Padrino López en su declaración del sábado. En el comunicado oficial del régimen de días previos, sin embargo, ya se referían a los guerrilleros como “vencidos”.
Paso de oro
Nada más alejado de la realidad y los apureños lo explican en su versión de los hechos. “Hay un ‘generalato’ de Maduro que está peleando esa zona con este disidente de las Farc (alias Ferley). Eso es lo que está pasando. Esto es lucha de poderes, porque este disidente de las Farc no quiere salirse de aquí y ellos quieren tomar ese paso, un paso que para ellos les da mucha ganancia”, le dijo uno de los habitantes de esta zona fronteriza a este diario.
Al denunciar una supuesta estrategia orquestada entre Estados Unidos y Colombia, Padrino López se refirió a que pretendían cubrir el corredor “no solo para el narcotráfico sino para propósitos”. Pero la denuncia de la presencia de estos grupos armados irregulares en esta zona, así como en otros estados del país, y de las actividades que llevan a cabo, se ha hecho por años.
De por qué sucede este fuego cruzado ahora, sin embargo, la abogada venezolana especialista en temas militares, Rocío San Miguel, tiene una explicación: “Todas las economías ilegales florecientes de cualquier paso fronterizo terminan siendo resueltas por conflictos armados o choques entre bandas armadas, porque son tantos los recursos que se mueven en esos espacios, que los actores terminan enfrentándose entre ellos”.
San Miguel, sin embargo, insiste a EL TIEMPO en que no puede asegurar que la FANB esté actuando por ese incentivo, pero que desde Control Ciudadano, la ONG que preside, han podido recoger que cada día participan más efectivos militares en espacios de economía ilegal, especialmente en zonas de frontera.
Por su parte Tarazona, director de la ONG Fundaredes, asegura que la FANB estaría «lavándose las manos» combatiendo a un grupo, mientras el resto de las disidencias de las Farc, y las demás guerrillas, como el Eln, siguen operando.
“Rechazamos que el Estado venezolano sea permisivo con el conjunto de estas guerrillas que operan en 20 entidades del país y pretenda entonces lavarse las manos en este momento con esta actuación militar”, dijo Tarazona.
Considerando el control del territorio que asegura tienen estos grupos, la existencia de “mando responsable” en ellos y la escalada del conflicto en la última semana, el especialista Alí Daniels concluye que en Venezuela ya hay un conflicto armado interno. “Y estamos obligados a calificarlo así no por un tema conceptual, sino porque ya hay víctimas de ese conflicto”, lamenta.
Por tanto, a su juicio deberían aplicarse los Convenios de Ginebra de 1949 y, en particular, su Protocolo II, que establece las obligaciones de los Estados y demás partes, en este tipo de situaciones.
- ANDREÍNA ITRIAGO / Corresponsal de EL TIEMPO / CARACAS