Involucran en España a fiscal de EEUU con corrupción chavista

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La lista de exfuncionarios chavistas procesados en España por casos de corrupción es larga. (Archivo)

La fiscal de Estados Unidos, Sarah Edwards, es señalada por el exviceministro de Hugo Chávez, Javier Alvarado, de formar parte de una red de extorsionadores, por ello pide a un tribunal español citarla en calidad de testigo o de investigada


 

Gabriela Moreno / PanAm Post (Latinoamérica) – 24/10/2022

El exviceministro de Desarrollo Eléctrico del régimen chavista, Javier Alvarado, quien está detenido en España desde 2019 a petición de Estados Unidos por presuntamente pertenecer a una red criminal que obtuvo contratos fraudulentos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mediante el pago de sobornos, intenta impedir su extradición a suelo norteamericano solicitando la citación en calidad de testigo o de investigada de la fiscal de Washington, Sarah Edwards, por supuestamente ocultar información clave sobre la corrupción chavista ante el Gran Jurado de Houston.

Alvarado involucra a la fiscal de EE. UU. en una red de extorsionadores en la petición que consignó ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid, Cristina Díaz, a cargo del caso Caranjuez, que investiga una presunta red de policías y abogados que habría extorsionado a exfuncionarios del gabinete del fallecido Hugo Chávez a cambio de «protección» judicial. Según Alvarado, la fiscal de EE. UU. es responsable de «formar parte del equipo de la red de extorsionadores».

Más involucrados

En el documento donde Alvarado involucra a la fiscal estadounidense con una red de extorsionadores, divulgado por Ok Diario, se señala que el miembro del servicio de inteligencia del chavismo, Carlos Aguilera, también avala la acusación contra Sarah Edwards por figurar como parte del «equipo en Norteamérica» de Martin Rodil, el aparente cabecilla de una organización que ofrecía asesoramiento jurídico, sociedades para blanquear fortunas y documentos falsos a ex altos cargos del chavismo en España.

Entre quienes contrataron los servicios de esta red destacan Nervis Villalobos, exviceministro de Energía entre 2004 y 2006; la exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, ex guardaespaldas de Chávez; así como el también escolta Carlos Aguilera y el exviceministro de Finanzas, Alejandro Andrade.

El viceministro Javier Alvarado explicó a la juez que los extorsionadores lo chantajearon con involucrarlo en un problema judicial si no pagaba «cantidades desorbitadas».

Un presunto cómplice en la policía española

Según el testimonio de Javier Alvarado, su relación con la fiscal de EE. UU. data de julio de 2018, cuando a través de un correo electrónico le entregó 24 documentos que confirmarían la corrupción en Venezuela.

Sin embargo, la información fue ocultada presuntamente por la fiscal de Washington y el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional de España, Eugenio Pino, quien de acuerdo con los abogados de Alvarado no la envió a la Fiscalía Anticorrupción, al contrario, los expedientes «desaparecieron».

«Pino fue identificado por Alvarado como la persona de máximo rango con la que éste se reunió y a quien entregó cientos de documentos relativos a las actividades ilegales de las que Alvarado había tenido conocimiento que se habían llevado a cabo en Venezuela», indica la petición.

El rumbo de esa información levanta sospechas sobre Pino por parte de Alvarado tras aparecer en la querella que presentó el despacho Ilocad, del exjuez Baltasar Garzón, en nombre de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ante la Audiencia Nacional contra Alvarado y otra veintena de personas.

Un caso complejo

En España, Alvarado es investigado en la causa sobre PDVSA a cargo de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, quien indaga sobre los presuntos negocios que efectuó a través de Bariven, una filial de la estatal petrolera venezolana, donde habría cometido actos de corrupción por los que obtuvo beneficios que habrían sido, «al menos parcialmente, blanqueados en España a través de inmuebles y creación de sociedades», para así justificar la no extradición.

De hecho, sus negocios junto al exviceministro de energía, Nervis Villalobosaparecen en los Pandora Papers, pero la sección segunda de lo Penal acordó en diciembre de 2020 no entregar a Alvarado, y desde entonces, dilata el procedimiento que lo conduciría a los tribunales de Texas.


  • Gabriela Moreno / Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.

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