La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene en sus manos dirimir el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana, por una zona en la que existen millonarias reservas petroleras
Daniel Castropé / Diario Las Américas (USA) – 30/01/2022
A pesar de la protesta venezolana, el 31 de enero de 2018, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, decidió que las partes trasladaran a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el conocimiento del diferendo entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo, un área rica en petróleo que podría devolver a los venezolanos su protagonismo de antaño en el mercado internacional de los combustibles.
Ese mismo día, Venezuela, en comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró que lo decidido por Guterres “sobrepasa el carácter sucesivo de los medios de solución pacífica que establece el Acuerdo de Ginebra, como metodología establecida para alcanzar una solución aceptable, práctica y satisfactoria de la controversia”.
Por su parte, Guyana, omitiendo lo señalado previamente en una demanda ante la Corte hizo ver de un “modo fraudulento”, según conocedores del proceso, que la mención venezolana sobre la “validez” del Acuerdo de Ginebra de 1966, implicaría una supuesta ratificación de lo decidido por el secretario de la ONU, en lo concerniente a la competencia de ese tribunal.
Así, dejando a un lado un alegato venezolano en el que se le informa a la corte que “carecía manifiestamente de competencia para conocer del asunto y que [Venezuela] había decidido no participar en el procedimiento”, la CIJ se declara competente para conocer los términos del caso.
En el texto de su sentencia, la CIJ lamenta la decisión de Caracas de no tomar parte en el procedimiento jurídico y, acto seguido, afirma que la no comparecencia de una de las partes puede traer consecuencias negativas para la administración de justicia, tras lo que hizo constar que esa postura no afectaría en modo alguno la validez de su sentencia.
En todo este entramado de un diferendo limítrofe que completa casi dos siglos, con el Laudo Arbitral de París en 1899, protestado por Venezuela debido a “manejos amañados y turbios” de parte de Gran Bretaña, que tenía potestad sobre Guyana, y el Acuerdo de Ginebra, un pacto transitorio para llegar a un arreglo final, las palabras del exministro y académico venezolano Asdrúbal Aguiar, como también de otros expertos, son necesarias para ilustrar el curso de este largo proceso.
¿Qué está en juego?
Venezuela y Guyana han sostenido por 180 años un pleito territorial por el Esequibo o Guayana Esequiba, una zona situada en los límites de ambos países, con una extensión de 159.542 kilómetros cuadrados, casi del tamaño del estado de la Florida, correspondiente al 75 % de Guyana y que Caracas reclama como suyo.
Los venezolanos han expresado como argumento el principio en derecho denominado “Uti possidetis iure” o “Como poseías, seguirás poseyendo”, por la herencia territorial de España. Sin embargo, el veredicto del tribunal parisino favoreció a los ingleses y les adjudicó el territorio del Esequibo.
Venezuela logró demostrar una “injerencia británica” en el Laudo de París, que fue declarado nulo y denunciado ante la ONU en 1962, con el agravante de que Gran Bretaña, tres meses antes de perder su control sobre Guyana, reconoció el reclamo territorial venezolano en el Acuerdo de Ginebra.
Según el profesor Aguiar, los “títulos históricos” de Venezuela señalan que el límite este del país incluyen la margen oeste del río Esequibo, mientras “los británicos se fueron extendiendo mediante mapas que hacía la misma Cancillería británica”.
En la zona que Venezuela considera como parte de su jurisdicción, la compañía petrolera estadounidense Exxon Mobil reveló en 2015 que bajo sus aguas continentales se encuentran unas reservas petroleras estimadas entre 5.500 a 8.000 millones de barriles.
“Guyana ya ha hecho un acto de disposición unilateral sobre el territorio en reclamación al conceder derechos de explotación petrolera en las áreas marinas y submarinas de la Guayana Esequiba, en el llamado Bloque Stabroek, extendiendo este sobre las aguas territoriales indiscutidas de Venezuela en el Delta Amacuro, que le permiten su salida al océano Atlántico”, comentó el catedrático.
Añadió que Guyana “lo ha entregado a manos de las empresas transnacionales petroleras Exxon Mobile, Hess y la petrolera china CNPC, habiendo anunciado la primera, en 2015, haber encontrado importantes yacimientos de hidrocarburos”.
Aguiar cita a la revista Guyana Times, que recoge el 21 de diciembre de 2018 una declaración del gobierno guyanés, “a cuyo tenor pagarán los honorarios de abogados que cause la controversia, con el bono de 18 millones de dólares que le fuera entregado por Exxon”.
¿Qué puede venir?
El jurista Héctor Faúndez Ledesma estima que, en los términos del Acuerdo de Ginebra, la solución definitiva de la controversia fronteriza, “con soluciones satisfactorias” para las partes, “no es una función de la CIJ”.
En consecuencia, según el letrado, “la Corte podría decidir que el secretario general de la ONU debe escoger otro medio de solución” y una de las opciones podría ser un “nuevo tribunal arbitral” designado por las partes, en caso de que el Laudo Arbitral de París sea declarado nulo y el proceso vuelva al punto cero.
Otra posibilidad sería dejar que el conflicto sea resuelto por las partes, tomando en cuenta el Acuerdo de Ginebra. “Esta opción, aunque está dentro de lo posible, parece poco probable puesto que sería el equivalente a imponer la obligación de negociar, cosa que las partes ya han hecho sin éxito durante más de medio siglo”, opinó.
Llamado al régimen
Durante el régimen del fallecido Hugo Chávez, la controversia por el Esequibo pareció pasar a un segundo plano supuestamente para apoyar las relaciones de Fidel Castro con países de habla inglesa en el Caribe, entre esos Guyana, cuyos votos le interesaban en organizaciones como la OEA. Sin embargo, con Nicolás Maduro el tono del diferendo arreció cuando se publica la existencia de petróleo en la zona en litigio.
Julio Rodríguez Berrizbeitia, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, cree que este es un tema que “debe ser factor de unión entre todos los venezolanos para garantizar un patrimonio” y llama a quienes “ejercen el poder político” a desarrollar “efectiva y responsablemente la tutela de los derechos sobre el Esequibo”.
La CIJ fijó la fecha del 8 de marzo de 2023 para que Venezuela presente un contramemorial en el proceso. “En virtud de ello, la Academia considera que Venezuela debe participar activamente en el proceso, así sea bajo protesta receptiva, a fin de desplegar en plenitud todos los derechos procesales que le asisten” en su alegada potestad sobre la Guayana Esequiba.
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